CASO FAFFE
El PP andaluz ha registrado en el Parlamento una solicitud para reabrir la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyo dictamen final no llegó a aprobarse en la pasada legislatura porque el presidente Juan Manuel Moreno disolvió la Cámara y convocó elecciones una semana antes del Pleno que debía hacerlo. El objeto de la solicitud es “incorporar, actualizar o completar” aquel trabajo inconcluso.
Aquel dictamen, aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, señaló a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como “responsables políticos” de las “irregularidades” denunciadas en torno a dicha fundación, adscrita a la Consejería de Empleo, que funcionó entre 2003 y 2011 y fue disuelta años después.
El documento hablaba de una “corrupción institucionalizada y vomitiva” que estuvo “diseñada para evitar controles y amañar contratos”, y se detenía especialmente en el episodio más turbio: el uso de una tarjeta de crédito de un directivo de la Faffe en varios prostíbulos de Andalucía.
Las conclusiones de aquella comisión fueron un mazazo político contra el PSOE en plena precampaña de las andaluzas, y el desarrollo de las comparecencias en el Parlamento se solaparon con la campaña de las segundas generales que tuvieron lugar en 2019. PP, Cs y Vox citaron a declarar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ex presidentes Chaves, Griñán y Díaz 48 horas antes de la jornada de reflexión de aquellas elecciones legislativas.
Ahora, los populares andaluces desempolvan aquella comisión de investigación para que el Parlamento valide el dictamen definitivo, algo que también sucederá a las puertas de la campaña de las municipales del 28 de mayo. La iniciativa del PP-A va a rebufo de Vox, que ya registró el pasado noviembre una proposición para crear una segunda comisión de investigación sobre los mismos hechos, instando a los de Moreno a apoyarles.
Si ningún grupo presenta alegaciones a la propuesta antes del viernes 17 de febrero, la nueva comisión de investigación echará a andar a principios de marzo. Pero es previsible que el PSOE se oponga y que esto postergue la tramitación parlamentaria, acercando el foco mediático de la comisión a la campaña de las municipales.
Es la tercera vez que se registra esta comisión en el Parlamento andaluz: la primera por iniciativa de Ciudadanos, con acuerdo del PSOE, decayó en 2018 tras el adelanto electoral del último Gobierno de Susana Díaz; la segunda en la pasada legislatura decayó a falta de que el Pleno de la Cámara aprobase el dictamen final; y ahora ésta, que previsiblemente culminará antes de las municipales.
A pesar de la similitud con la iniciativa de Vox, los populares han optado por presentar su propia iniciativa, previa “consulta oral” a los letrados de la Cámara para saber si “reglamentariamente” se podía reactivar una comisión de investigación sin necesidad de tener que volver a empezar desde el principio. Es decir, sin tener que citar de nuevo a la treintena de comparecientes que pasaron por la comisión en la pasada legislatura.
El portavoz del PP-A, Toni Martín, ha explicado este miércoles que los servicios jurídicos del Parlamento han refrendado “verbalmente” su intención de retomar la comisión donde se quedó. Existe un antecedente en el Congreso de los Diputados, donde se reactivó la comisión de investigación por el accidente mortal de Spanair, que decayó también por una convocatoria electoral, sin necesidad de iniciar los trabajos desde el principio
Martín ha dejado la puerta abierta a que haya nuevas citaciones si desde que se cerró el dictamen hasta la fecha ha habido “novedades” sobre el caso Faffe, no necesariamente circunscritas al juzgado que tramita este asunto. El popular ha advertido varias veces a Vox -sin mencionarlo- de que no está dispuesto a que esta nueva comisión se convierta “en un circo”, es decir, que quienes ya declararon en su día tengan que volver a hacerlo, si no hay una novedad que lo justifique. No obstante, el PP no ha querido aclarar si ya ha constatado alguna “novedad” que plantee este escenario desde que se presentó el dictamen en la primera comisión de investigación.
El grupo ultraderechista, que está personado en la causa judicial como acusación particular, sí está convencido de que hay que volver a citar a Carmen Ibanco, la esposa del secretario general del PSOE-A y líder de la oposición, Juan Espadas. Ibanco está investigada en el proceso judicial en torno a la Faffe, supuestamente por haber sido “enchufada” en un cargo público. En junio de 2022, poco antes de las elecciones andaluzas, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, rechazó la petición de Vox para que volviese a declarar como investigada la esposa de líder socialista.
El portavoz popular no ha hecho referencia a Ibanco al anunciar su solicitud para recrear la comisión de investigación en el Parlamento, pero el pasado diciembre, cuando los de Moreno empezaron a especular en público con esta posibilidad, sí apuntaron en esta dirección. “Si hay que exigir explicaciones a un dirigente político porque un familiar suyo está imputado, podemos hacerlo con Espadas”, advirtió entonces Martín en sede parlamentaria.
El presidente Moreno fue quien dio por cerrado el capítulo de la comisión de investigación de la Faffe tras su victoria en las andaluzas por mayoría absoluta, con el argumento de que no quería que el nombre de Andalucía siguiera asociado a casos de corrupción del pasado. Sin embargo, los populares desempolvaron el asunto el pasado diciembre en plena ofensiva del PSOE con la trama criminal de Marbella, en la que están procesados el marido y el hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Todos los grupos del Parlamento en la pasada legislatura, excepto el PSOE, coincidieron en denunciar los “gravísimos desmanes” de los responsables de la Faffe, con un dinero público que debía servir para “proteger a los trabajadores”, en lugar de “perpetuar una red clientelar”. El objetivo de la comisión de investigación en el Parlamento era dirimir las posibles responsabilidades políticas sobre la mala gestión en el uso de fondos públicos destinados a la formación de los parados andaluces, un asunto que también se está investigando en los tribunales.
PP, Cs y Vox denunciaron que la Faffe era una “agencia de colocación y enchufismo” para familiares y amigos del PSOE, que durante años otorgó subvenciones a personas y entidades afines a los socialistas. Probablemente, el asunto más llamativo es que su director, Fernando Villén, está imputado por haber gastado 32.000 euros de fondos públicos usando una tarjeta de crédito de dicha fundación en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
Los socialistas acusaron a las derechas de hacer un uso electoralista de la Cámara andaluza y muchos de los ex dirigentes citados a declarar se negaron a hacerlo. La entonces presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (entonces en Ciudadanos, hoy ligada al PP), llegó a presentar una propuesta de reforma del reglamento del Parlamento que incluía multas económicas a quienes se negasen a declarar ante una comisión de investigación, aun sin tener ninguna responsabilidad pública. La propuesta quedó en un cajón y fue incluso vilipendiada por los populares.
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