La anulación total o parcial de las condenas a la excúpula socialista del Gobierno andaluz en el macrofraude de los ERE ha convulsionado la política andaluza, que hoy proyecta un durísimo choque de acusaciones y amenazas entre PSOE y PP.
La primera consecuencia práctica de este pulso a cara de perro ha saltado por sorpresa este miércoles, en el Pleno del Parlamento andaluz, donde los populares han retirado in extremis el pacto que tenían con los socialistas para reformar la ley del Consejo Consultivo de Andalucía, permitiendo que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se beneficiaran optando a un puesto de miembro permanente pagado con más de 83.000 euros al año.
La Cámara autonómica abordaba esta tarde el debate final de la proposición de ley para reformar este órgano, que hace las veces del Consejo de Estado en Andalucía. Era una propuesta del PP de Juan Manuel Moreno limitada a los expresidentes andaluces hasta que cumplieran 75 años, pero previamente habían acordado con el PSOE una cláusula para extender el ámbito de aplicación a los mayores de 75, entre ellos Chaves (79 años) y Griñán (78).
Estos podrían optar, si quisieran, a un mandato de cinco años como miembros permanentes del Consultivo, con un sueldo de 83.758,22 euros al año, lo mismo que cobra hoy un consejero de la Junta de Andalucía.
Los beneficiarios potenciales del texto legal que redactó el PP tienen nombres y apellidos -el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y su antecesora, la socialista Susana Díaz. Pero los populares y el PSOE acordaron un añadido, una disposición adicional tercera que abría la puerta a que esa acotación de edad no impidiese beneficiarse de esta suerte de pensión a los expresidentes más veteranos: Rafael Escuredo (79), José Rodríguez de la Borbolla (76), Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Así estaban las cosas encarriladas, cuando se inició el debate de la proposición de ley, y el portavoz del PP, Pablo Venzal, anunció por sorpresa que no apoyarían esa disposición adicional tercera, dejando fuera los expresidentes socialistas más veteranos. Los populares pidieron una votación separada de esa cláusula para votar en contra. “No queremos que quede ninguna sombra de duda”, dijo, de su rechazo visceral a que se beneficiasen “personas condenadas por órganos jurisdiccionales”.
Al PSOE no le pilló por sorpresa, porque minutos antes de que comenzase el Pleno les avisaron desde el Gobierno de Moreno. “Es un ejemplo más de la cacería política del PP contra dirigentes socialistas, son incapaces de aceptar la decisión del Constitucional”, explican fuentes socialistas.
El giro copernicano tiene una explicación clara que el PP no ha ocultado: las sentencias del Constitucional que están anulando total o parcialmente las condenas a la ex cúpula socialista del Gobierno andaluz por el fraude de los ERE, que ha empujado a la política andaluza a un choque de trenes entre populares y socialistas.
La próxima semana, el tribunal de garantías hará pública la sentencia que, previsiblemente, anula las condenas de Chaves y Griñán, el primero inhabilitado nueve años para cargo público por prevaricación, y el segundo, además, condenado a prisión por malversación. La inhabilitación para cargo público impedía a entrar en el Consejo Consultivo y beneficiarse de la cláusula pactada por PP y PSOE, pero al anularse sus condenas, se abría la puerta a esta posibilidad. Los de Moreno la han cerrado de un portazo.
La disposición tercera de la ley que beneficiaba a Chaves y Griñán decae, sin que PP y PSOE se pongan de acuerdo sobre su autoría. Los populares aseguran que fue el líder socialista, Juan Espadas, quien introdujo esa acotación; los socialistas señalan, en cambio, al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
El punto que ha decaído prevé prevé que “no resultará de aplicación a aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de presidenta o presidente de la Junta de Andalucía que, a la entrada en vigor de esta ley, tengan cumplida la edad de setenta y cinco años”, un supuesto en el que se encuentran todos los antecesores de Susana Díaz y Juan Manuel Moreno, a quienes se ofrece que “si así lo solicitaran expresamente, podrán acogerse a esta posibilidad durante un periodo de cinco años como máximo”.
La actual ley del Consejo Consultivo databa de 2005 y sólo permitía a los expresidentes ser miembros permanentes hasta que cumplieran los 65 años. A partir de ahora podrán hacerlo hasta los 75 años, es decir, hoy por hoy sólo Susana Díaz (50 años) está en esa situación. Si lo solicitase, sería el Consejo de Gobierno de Moreno quien deberá aprobarlo por decreto, igual que sucede con los miembros electos.
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