El PP ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, hasta la actualidad. La propuesta partía del PSOE, que ha hecho batalla desde la oposición contra las contrataciones a dedo, sin publicidad ni fiscalización previa que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha prorrogado y ampliado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy.
El PP ha registrado este viernes en el Parlamento su escrito de “oposición a dicha comisión”, como ya lo hizo meses atrás cuando la propuso Adelante Andalucía. Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, bloquean la investigación sobre la contratación de emergencia de la Junta en el Parlamento andaluz la misma semana en la que el Congreso aprueba por mayoría -y con la abstención del PP- una investigación sobre la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones públicas durante la pandemia.
También en la Cámara baja la iniciativa fue del PSOE, a raíz de las informaciones sobre el 'caso Koldo', un asunto de corrupción que salpica al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos (expulsado y ya en el grupo mixto), y por extensión al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en Andalucía ha frenado, por segunda vez, el intento de que el Parlamento haga comparecer a los responsables de la Consejería de Salud y del Ejecutivo autonómico que han autorizado los contratos a dedo con clínicas privadas durante dos años y medio amparándose en un Real Decreto covid ya caducado, y con una advertencia en contra de la Consejería de Hacienda.
La Junta suspendió aquel sistema de contratación de emergencia en junio de 2023, un día después de que eldiario.es publicase la información. Hasta entonces, las continuas prórrogas de los contratos a dedo y las ampliaciones de presupuesto alcanzaron los 243 millones de euros, y empujaron a los socialistas a reclamar los expedientes detallados al SAS en varias visitas que hicieron a las dependencias del ente público.
El pasado 21 de febrero, el Consejo de Gobierno recuperó los contratos a dedo con clínicas privadas usando una variante de la contratación de emergencia, una directiva de la Comisión Europea para casos de “catástrofes naturales”, y unas orientaciones que Bruselas dictó en 2020 para que las administraciones agilizasen las adjudicaciones de servicios sanitarios en plena pandemia. Los nuevos contratos a dedo del SAS con clínicas privadas afectan a cinco provincias y suman un montante de 119,9 millones de euros, ampliable hasta los 275 millones.
El gabinete jurídico de la Junta pidió un informe jurídico “complementario” a Salud en el que “se desarrolle la idoneidad del procedimiento negociado sin publicidad” para los contratos con clínicas privadas. Los nuevos contratos a dedo con la sanidad privada buscan reducir las abultadas listas de espera para operarse, que a final de año rebasaban los 142.000 pacientes, de los cuales, 53.000 habían excedido el plazo máximo legal que establece la Junta.
El PSOE de Juan Espadas pretendía explorar la investigación parlamentaria como paso previo a acudir a los tribunales, porque sospecha que este tipo de contratación no se ajusta a la ley. Los socialistas denuncian “menoscabo de fondos públicos” y hablan, en privado, de un posible delito de prevaricación. Tampoco descartan usar la comisión de investigación que sí se ha aprobado en el Congreso para llamar a declarar a Moreno y otros representantes del Gobierno andaluz, como ya se ha planteado citar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito de rechazo, al que ha tenido acceso este periódico, el PP andaluz recuerda que el PSOE puede hacer uso del artículo 7.1 del reglamento de la Cámara para “recabar de las administraciones públicas los datos, informes y documentos” que crea necesarios. También remite a los socialistas al Portal de Transparencia de la Junta, e insiste en que el objeto de la comisión de investigación que se propone ya lo lleva a cabo la fiscalización del Gobierno andaluz, y que los datos están a disposición de los grupos en las sucesivas “Cuentas Generales de la Junta”.
PSOE y PP libran en Andalucía una contienda paralela a la que se ha adueñado de la política nacional, orbitando en torno a supuestos casos de corrupción. El caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por contratos de venta de mascarillas adjudicados por el Gobierno durante la pandemia, ha motivado una comisión de investigación en el Congreso, pero también en el Senado, a propuesta del PP, que la ha sacado adelante gracias a su mayoría absoluta.