La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos del grupo del PP-A, la comparecencia extraordinaria en Pleno de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, para explicar la situación del director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, a quien la Oficina Andaluza Antifraude ha abierto un procedimiento sancionador. Los tres grupos de la izquierda, el Socialista, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía habían solicitado su comparecencia. Vox se ha abstenido en la votación de la petición de dichos grupos.
La semana pasada se conoció que la Oficina Andaluza Antifraude ha propuesto incoar un “procedimiento sancionador” contra el alto cargo de la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, después de constatar “indicios de causas de incompatibilidad” entre su cargo, que ejerce desde 2019, y unas ayudas que concedió la Junta de Andalucía a dos empresas con las que tenía “vinculación”.
En un turno de posicionamiento de los grupos en la Diputación Permanente --órgano que vela por la actividad de la Cámara en periodos inhábiles, como es el mes de enero--, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha calificado de “absolutamente desproporcionadas” y de “malintencionadas” las peticiones de los grupos de la izquierda, apuntando que obedecen al hecho de que estamos en unas semanas con “pocos temas políticos” y quieren utilizar el Parlamento para intentar “meter un poquito de fuego en la actualidad política andaluza”.
Ha relatado que, en la última década, sólo ha habido tres plenos extraordinarios en un periodo inhábil (dos sobre la pandemia del Covid y uno relativo a un debate general sobre la situación de Andalucía), asuntos de gran importancia y no el que plantean los tres grupos de la izquierda, que afecta además a un cargo de “quinto nivel” en el organigrama del Gobierno. Ha apuntado que la Oficina Antifraude sólo ha emitido hasta ahora una propuesta de resolución apuntando que se ha podido cometer una “infracción administrativa”.
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista José Aurelio Aguilar ha defendido que es “urgente” la comparecencia de la consejera para conocer sus “conceptos de incompatibilidades y de conflicto de intereses” y si ha adoptado medidas de manera provisional respecto del director general de Pesca, tras la propuesta de resolución de la Oficina Andaluza Antifraude, que ha “corroborado los indicios” denunciados por el PSOE-A de que dicho cargo podía estar “infringiendo” las norma sobre incompatibilidad, sobre conflictos de intereses y de abstención de inhibición.
Aguilar ha criticado que la posición de la Junta haya sido “connivente y justificadora” de la actitud del director general, con una consejera dándole un “apoyo contundente”. “No nos corresponde examinar la posible responsabilidad administrativa ni una posible responsabilidad penal, si la hubiera, pero sí las implicaciones políticas de este caso”, ha dicho.
El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha considerado que el Gobierno andaluz sí tiene que dar explicaciones de este asunto, si bien ha apuntado que su grupo sólo tiene conocimiento del mismo a través de lo publicado en los medios de comunicación, porque no ha tenido acceso a la propuesta de resolución de la Oficina Andaluza Antifraude sobre el expediente al director general.
Gavira ha señalado que si se confirman esas “noticias y denuncias y tenemos a un director general que ha cometido esas supuestas irregularidades, este señor tiene que coger la puerta” y si la consejera “conocía que eso ha sido así y no ha tomado medidas, pues también debería coger la puerta”, porque en Andalucía ya estamos “cansados de los chanchullos”.
La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha indicado que se ha puesto de manifiesto que el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta se ha “valido de su cargo para favorecer con dinero público a empresas en las que tenía intereses y a familiares directos”. Ha criticado que el Gobierno andaluz no haya salido a dar explicaciones en profundidad 'motu proprio' sobre este asunto, sino que se ha limitado a hacer declaraciones “atropelladas”. “Aquí ha habido fraude, corrupción y conflicto de intereses y el Gobierno tendría que haber dado explicaciones”, ha apuntado.
El portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que los hechos por los que se pide la comparecencia de la consejera han sido puestos de manifiesto por la Oficina Andaluza Antifraude y eso se debería tener en cuenta por este Parlamento. “No somos jueces, pero el Gobierno debería dar explicaciones sobre esto en el Parlamento”, ha indicado García, apuntando que si no lo hace, algo tendrá que “esconder”.
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