Miguel Delibes comparecerá el próximo 13 de junio en el Parlamento andaluz para expresar, ante los grupos, sus conocidas reservas contra la proposición de ley de PP y Vox para regularizar cultivos de regadío en el entorno de Doñana.
La mesa de la comisión de Fomento, que evaluará y aprobará esta iniciativa, se ha reunido de urgencia este martes a propuesta de los populares para ampliar la lista de agentes sociales que desfilarán por el Parlamento para valorar la ley.
La ola de críticas recibidas por el veto inicialmente impuesto a Delibes ha obligado al PP a rectificar, pero el resto de científicos críticos con la norma, propuestos por los grupos de izquierdas en la oposición, se mantienen fuera, incluido el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, y el representante de la Unesco. La comparecencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana se ha vuelto a votar y, esta vez, ha sido aprobada con el apoyo del PP, las tres izquierdas y el rechazo de Vox, que ha mantenido su veto.
Tanto Delibes como Revilla aparecían en la lista propuesta por tres grupos parlamentarios: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Este criterio sirvió en la pasada legislatura para validar los nombres propuestos dentro de la lista de comparecientes citados por el Parlamento para analizar la primera proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos en el entorno de Doñana. En esta ocasión, sin embargo, las dos formaciones conservadoras impusieron su mayoría para aprobar un listado de 23 nombres, del que quedaron excluidas algunas voces críticas de peso sugeridas por la izquierda.
El PP solicitó la semana pasada la convocatoria urgente de la comisión de Fomento argumentando que querían plantear una “sustitución”: el hueco que iba a dejar la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ocuparía Delibes.
Ribera había anunciado a través de su cuenta en la red social Twitter que no acudiría al Parlamento andaluz, recordando que un informe del Consejo de Estado exime a los ministros a rendir cuentas ante cámaras legislativas autonómicas. La ministra usó un tono irónico para “ceder sus diez minutos” de comparecencia a Delibes y Revilla, algo que el reglamento de la Cámara no permite.
Sin embargo, los populares usaron ese argumento para rectificar su veto al presidente del Consejo de Participación de Doñana, algo que en la práctica no han podido hacer, porque la ministra no ha comunicado oficialmente al Parlamento que no comparecerá. Finalmente, la propuesta aprobada hoy por la comisión es una ampliación del listado de agentes sociales, con la única incorporación nueva de Delibes.
La diputada socialista Isabel Ambrosio ha reprochado al PP que haya “rectificado a medias”, tras advertir de que “el foco internacional está sobre el Parlamento andaluz” y la tramitación de urgencia de la ley para regularizar regadíos. La semana pasada, tras confirmarse el veto a Delibes y otros científicos críticos de la lista de comparecientes, el PSOE amagó con usar un atajo en el reglamento de la Cámara para citarles en otras comisiones parlamentarias donde pudieran expresar su opinión sobre la polémica ley.
Los socialistas planearon solicitar la comparecencia de Delibes ante la comisión de Medio Ambiente, a sabiendas de que el PP volvería a vetarla, porque también controla este órgano con su mayoría absoluta. El objetivo era “retratar el rodillo” del Gobierno de Juan Manuel Moreno, aprovechando la caja de resonancia que había tenido el veto a Delibes en el Parlamento andaluz. El llamado 'guardián' de Doñana, medalla de Andalucía por su compromiso ambiental, mostró su malestar al conocer que se le dejaba fuera de la comisión.
Delibes ya fue implacable con la norma cuando se tramitó en la pasada legislatura. Entonces sí fue llamado a declarar y su intervención fue un duro mazado contra el Ejecutivo de Moreno, que sólo un mes antes le había concedido la mayor distinción que otorga Andalucía en la celebración del 28 de febrero. “Esta proposición me parece irresponsable, desleal, frívola, irritante, inconsistente, un sinsentido”, dijo entonces, tras acusar a los proponentes de haber “agitado el avispero” en la comarca onubense, desatando el enfrentamiento de unos con otros -agricultores legales con ilegales, alcaldes, ecologistas, autoridades locales y europeas-, para concluir que “se está dañando a Doñana”. “Conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario, es alimentar la tensión, es confrontar y querer enfrentar a papá y mamá para cabrear a los niños”, concluyó.
La proposición de ley para regularizar regadíos junto a Doñana se está tramitando por la vía de urgencia en el Parlamento, y el PP calcula que podría entrar en vigor al final de este periodo de sesiones, cuatro días después de las elecciones generales del 23 de julio. La Comisión Europea amenazó a España con multas millonarias si salía adelante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que tumbará la norma con un recurso de inconstitucionalidad, la Unesco ha alertado de que Doñana podría perder el sello de Patrimonio de la Humanidad, los agricultores con permisos de riego temen el “daño reputacional” que esta polémica esta haciendo al fruto rojo de Huelva en los mercados internacionales -con una campaña de boicot en Alemania incluida- y los ecologistas avisan de que la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional y la falta de lluvias ni siquiera garantiza aguas para las explotaciones de fresas con permisos.
La Junta, por su parte, pone el foco en la falta de infraestructuras hidráulicas pendientes de realizar por parte del Gobierno, que permitirían trasvasar los tres hectómetros cúbicos de agua para regar las parcelas que se beneficiarán de esta norma.