El PP andaluz y Vox registrarán juntos este viernes en el Parlamento una proposición de ley para legalizar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana, con modificaciones respecto a la iniciativa que ya impulsaron al final de la pasada legislatura -y que motivó amenazas de sanciones por parte del Gobierno central y de la Comisión Europea-. Con todo, el resultado final de la nueva norma apenas ha cambiado: la amnistía de regadíos (ahora ilegales) en terrenos próximos al Parque Nacional, en un contexto de sequía y saqueo al acuífero de Doñana.
La nueva propuesta, como la anterior, aborda la reordenación de la corona norte del Parque Nacional para regularizar suelos que fueron de cultivo y dejaron de serlo como consecuencia del diseño territorial que hizo el entonces Gobierno andaluz socialista -1.600 hectáreas susceptibles de recalificar según la Junta; 700 según el PSOE-.
La iniciativa busca devolver a esos agricultores afectados dentro de la foto de legalidad de la que, dicen tanto los populares como los socialistas, “nunca debieron salir”. En la práctica, esa recalificación de terrenos como zonas de cultivo no les da acceso directo al agua, pero les permitirá reclamar agua a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La posición del Gobierno central, sin embargo, sigue siendo reacia a regularizar esas zonas de cultivo próximas al parque, donde hay una escasez manifiesta de agua.
Es la segunda vez que PP y Vox firman una propuesta conjunta que afecta a cultivos de regadíos junto a Doñana a pocas semanas de unas elecciones. La primera fue al poco de concluir la pasada legislatura, antes de las autonómicas del 19 de junio, y en aquella ocasión la iniciativa sacudió los cimientos de todas las administraciones. La Comisión Europea emitió un comunicado advirtiendo a España de que se exponían a perder fondos de financiación si la iniciativa respaldada por el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno salía adelante en el Parlamento. La Unesco avisó de que se ponía en riesgo la consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad.
El PSOE-A entonces jugó un papel intermedio y visiblemente incómodo: se abstuvo en la tramitación de la proposición de ley, tratando de equilibrar los intereses en defensa del Parque Nacional -prioridad del Gobierno y de la dirección federal de su partido- con los intereses de los alcaldes socialistas onubenses, muy ligados a la sensibilidad de los agricultores de la fresa. Ahora el PP ha tratado de negociar con el PSOE-A, ha mantenido diálogos con el Gobierno central y con responsables europeos sobre la nueva propuesta, incorporando sugerencias bien acogidas por la oposición en materia de protección medioambiental.
Desde la Junta aseguran que desde Moncloa y desde Bruselas les han trasladado su agrado sobre algunas modificaciones al texto original -la adaptación a la ley estatal forestal-, pero fuentes socialistas subrayan que persiste “una gran preocupación” por el contenido, por el modo de tramitarlo -a través del Parlamento, no del Gobierno- y porque se reabre un debate con muchas incertidumbres y riesgos en pleno arranque de la campaña de la fresa, piedra angular de la economía onubense.
La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha marcado distancias de la nueva propuesta de PP, aunque no ha aclarado si su posición sobre el nuevo texto está más próximo a la abstención que al no a la tramitación (como sucedió con la iniciativa anterior). La posición del líder socialista Juan Espadas es, de momento, un rechazo frontal a la iniciativa. Espadas pasó de la abstención al no a la fórmula para amnistiar regadíos después de las elecciones autonómicas de junio.
Los socialistas reclaman ahora que este asunto lo aborde directamente el Gobierno de Moreno a través de un proyecto de ley, un camino que le obligaría a recabar los informes preceptivos del Consejo de Participación de Doñana, donde están todos los actores afectados.Tramitarlo a través de los grupos parlamentarios, como ha decidido el PP, es una forma de eludir esos controles y según el PSOE-A busca un “rédito electoral” a pocas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo. PP y Vox se disputan el voto conservador en los cinco municipios onubenses más afectados por los terrenos susceptibles de regularizar para el cultivo (dos gobernados ahora por partidos independientes y tres por los socialistas).
El grupo ultraconservador se adelantó al PP hace unas semanas al registrar su propia proposición de ley, con un texto idéntico a la que ya firmaron junto a los populares y Ciudadanos en la pasada legislatura. Era una forma de presionar a los de Moreno, que enseguida se desmarcaron. El PP ha enfatizado el discurso de protección medioambiental y del Parque Nacional en su segunda propuesta, a la que Vox se ha vinculado sin retirar la iniciativa que ya tiene registrada en la Cámara.
Los de Santiago Abascal tienen tramitada su propia propuesta desde hace semanas, pero no han presionado aún para elevarla al Pleno para su votación, en tanto que negociaban con el PP esta segunda vía. El Consejo de Gobierno de Moreno tampoco ha emitido un informe al respecto de la iniciativa de sus otrora socios de legislatura.
El PSOE andaluz está mediando también con el Gobierno central para buscar una solución a los agricultores afectados. Su posición sigue siendo incómoda, porque reconocen “el error injusto” en la reordenación del territorio que hizo la Junta hace años, dejando fuera suelos de cultivo que durante años lo habían sido legalmente; pero a la vez lidian con la susceptibilidad de la dirección federal del partido cuya mayor preocupación es Doñana.
La dirección de Juan Espadas acusa al Ejecutivo de Moreno de “seguir en una línea electoralista” y asegura que la nueva proposición del PP, aunque incorpora avances en materia medioambiental, no evita los riesgos de sanción por parte de la Comisión Europea.
En paralelo, la Consejería andaluza de Medio Ambiente ha mantenido reuniones para buscar una solución conjunta sobre el problema de los agricultores próximos a Doñana con el Gobierno y la Comisión Europea. El pasado 28 de diciembre, el consejero del ramo y portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, se reunión con su número dos y con el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. De ese encuentro salió el compromiso mutuo de crear una mesa de negociación para todo lo que tuviera afección sobre el Parque Natural, sobre todo en materia hídrica.
El pasado 27 de febrero, hubo una segunda reunión con los mismos protagonistas, aunque fuentes próximas aseguran que no se abordó el texto de la proposición de ley que el PP iba a registrar en el Parlamento, sino “la cuestión de fondo”. Semanas atrás, el 8 de febrero, el viceconsejero y el director general de la consejería de Medio Ambiente se reunieron en Bruselas con el director de biodiversidad, Humberto Delgado, a quien trasladaron el compromiso del Ejecutivo de Moreno por preservar el espacio natural de Doñana. La Junta también habla de reuniones con organizaciones ecologistas y promete mantener el diálogo con todos.
Desde el PSOE, sin embargo, advierten de que los organismos europeos han reiterado al Gobierno andaluz las mismas preocupaciones que motivaron su mensaje de alarma ante la primera proposición de ley que abría la puerta a regularizar más regadíos junto a Doñana.
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