El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles y ha remitido al Parlamento para su tramitación el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2022, los cuartos de esta legislatura, dotados con una cifra récord de 43.816,3 millones de euros, un 9% más que en el presente ejercicio (3.628,3 millones más). El gasto no financiero asciende a 38.922,4 millones. En estas cuentas, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno deposita tres objetivos clave: la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia; la plataforma para concretar en proyectos estratégicos para Andalucía los fondos europeos Next Generation; y la campaña para las elecciones de 2022. Los tres ítem están íntimamente relacionados.
El abultamiento de estas cuentas tiene mucho que ver con los 5.438,9 millones de fondos europeos consignados -“tres veces más de lo que hemos hecho en el mejor escenario económico”-, que tienen el cometido político de “transformar” el modelo productivo andaluz. La Junta ha presentado los Presupuestos de 2022 bajo el subtítulo “de la recuperación”. La previsión macroeconómica apunta a la creación de 125.000 empleos más -el año pasado se estimaron 60.000-, una expectativa lastrada por una tasa de paro crónica que no baja del 20% desde hace años.
Con el dato de los fondos europeos, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha interpelado directamente a las fuerzas de la oposición para que apoyen el Presupuesto. “Si no tuviéramos Presupuestos, tendremos muchísimas dificultades para ejecutar estos recursos”, ha reiterado Bravo, subrayando que la prórroga de las cuentas en vigor obligaría a rehacer los números “mes a mes” y ofrecería una imagen de “inestabilidad” que ahuyentaría a los inversores. “Lo primero que preguntan muchas empresas antes de decidirse a invertir es si habrá o no elecciones, porque si hay elecciones se esperan”, explican fuentes de Hacienda.
El consejero portavoz, Elías Bendodo, ha remarcado que “la aprobación o no del Presupuesto no está vinculada al calendario electoral”. “La vocación del presidente es agotar el mandato, hasta el 27 de noviembre de 2022 [fecha tope legal para los comicios], es el mensaje que queremos lanzar, sobre todo para los inversores”, subraya. El Gobierno de Moreno no tiene mayoría parlamentaria y necesita el respaldo de otros grupos, bien de su socio de legislatura hasta hoy (Vox), bien del PSOE, que por primera vez se ha ofrecido a negociar las cuentas autonómicas. “Cualquier partido en el Gobierno andaluz aprobaría este Presupuesto o uno muy parecido. Sin ideologías”, dice el titular de Hacienda.
Bravo ha presentado su Presupuesto con la misma coletilla que tenían las cuentas de los anteriores gobiernos socialistas: “El más social de la historia de Andalucía”. El 60,6% del gasto total no financiero -23.585,8 millones de euros- lo absorben los servicios esenciales. El gasto sanitario, el más abultado del Presupuesto con 12.900 millones de euros (1.128 millones más), crecerá un 9,6% más, hasta alcanzar el 7,4% del PIB; la educación subirá un 8,4% hasta los 8.016 millones (618,9 millones más); la partida de Dependencia aumentará un 15,6% hasta los 1.635,2 millones (221 más), el gasto en Igualdad y Política Social repunta un 19,2% hasta los 2.669 millones, y el área de Empleo sube un 3,4% hasta los 1.289 millones. La inversión pública da un salto de gigante, un 42% más que en el presente ejercicio, hasta los 5.666,3 millones (1.677 millones más), el 56,8% corresponde a inversiones directas de la Junta. Más del 20% del gasto total lo absorberá la amortización de la deuda pública, que asciende a 4.893,9 millones (un 8,9% más).
Las cuentas de 2022 contienen una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 7% del PIB, una cifra avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La Consejería de Economía traduce esta previsión macroeconómica en la creación de 125.000 empleos, en una comunidad con un 22,4% de paro (más de 800.000 desempleados), según los datos del tercer trimestre del año en la Encuesta de Población Activa.
La Airef cree que las estimaciones de crecimiento de la Junta para el año que viene son “prudentes”, pero también sostiene que su previsión de cerrar el presente ejercicio con un aumento del 6,5% del PIB es “muy poco probable”. Los analistas del Banco de España han corregido esa previsión a la baja, apuntando números más pesimistas que los del Ejecutivo andaluz. Este mes de octubre, Andalucía ha liderado la subida del desempleo a escala nacional -809.410 parados-, a contracorriente del conjunto del país, donde se ha registrado una evolución positiva por primera vez en 46 años. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha preferido destacar el dato interanual, que apunta a 155.000 puestos de trabajo más respecto a octubre del año pasado, y ha recordado que otras previsiones, como las de Funcas o la OCDE, son más optimistas que las que ha publicado el Banco de España.
Velasco no ha ocultado que existen “nubarrones en el horizonte”, y ha mencionado los problemas de “desabastecimiento” que están afectando a todas las economías del mundo, incapaces de satisfacer la demanda con la oferta. Hay ahora un “cuello de botella mundial” -un atasco en los principales puertos de mercancías del planeta- que pone en riesgo las previsiones de crecimiento económico de Andalucía (las exportaciones son el pulmón principal de los ingresos a las arcas de la Junta). “Mientras se mantenga esta situación, la tasa de crecimiento va a ralentizarse”, admite Velasco.
El consejero ha reconocido que si las grandes fábricas paran la producción “de forma regular y no puntual” por falta de mercancías necesarias -por ejemplo, la planta de Seat en Martorell, que sin los microchip importados no puede terminar los coches- el problema se agravará. Muchas factorías no pueden asumir el coste energético de permanecer abiertas sin capacidad de producir.
El borrador que traduce en cifras todas las políticas de la Junta inicia hoy una tramitación parlamentaria con más piedras en el camino que en los tres ejercicios anteriores, aprobados con el apoyo de Vox. El socio de legislatura se ha desmarcado de entrada, anunciando una enmienda a la totalidad, y exigiendo un adelanto electoral. La formación de extrema derecha ha amagado con tumbar las cuentas tres veces y nunca ha llegado a hacerlo.
El elemento diferencial este año, el último del mandato, es la oferta del PSOE de Juan Espadas a pactar con Moreno los próximos Presupuestos. Pero la negociación se torció al poco de iniciarse y la llegada, hoy, del proyecto de ley del Gobierno andaluz al Parlamento echa por tierra el planteamiento que hizo el líder socialista hace un mes. Si Vox y el PSOE presentan una enmienda al Presupuesto con propuesta de devolución, esto se sabrá el próximo 18 de noviembre, fecha tope para registrar la iniciativa en la Cámara. El debate de totalidad será el día 24. Moreno ya ha dejó dicho en el diario de sesiones que si la oposición le tumba las cuentas “de la recuperación”, se sentirá empujado a un “callejón sin salida”, un concepto que en el PP traducen como “adelanto electoral en primavera”.
El consejero de Hacienda asegura que muchas de las propuestas que Espadas entregó a Moreno en un documento el pasado 1 de octubre, en una reunión en San Telmo, “ya estaban incorporadas o en camino hacia el proyecto de ley de Presupuestos”. Bravo ha puesto como ejemplo la elevación del gasto sanitario por habitante hasta los 1.500 euros, acercándolo a la media nacional; medidas de acceso a la vivienda para jóvenes, o potenciar la inversión pública.
El consejero ha retado a los periodistas a elegir un número de las 128 páginas del documento que Hacienda entregó al PSOE la semana pasada: los socialistas afirman que en él no aparecen sus propuestas, pero Bravo replica que tiene anotaciones en cada página, de su puño y letra, explicando que lo que piden ya está ejecutándose, planificado o en vías de hacerse. No obstante, tras una comparecencia de tres horas, a la prensa le ha sido imposible saber qué medidas concretas y presupuestadas por el PSOE han entrado en el proyecto de ley, obligando a la Junta a “mover partidas” o “renunciar a algún planteamiento”, como anunció el propio presidente andaluz, en aras del mayor entendimiento.
En los últimos días, el debate de la negociación ha girado en torno al cese de 8.000 sanitarios contratados por la Junta con fondos del Estado para reforzar la sanidad durante la pandemia. En total se ficharon a casi 20.000 profesionales de apoyo. El Gobierno andaluz mantiene con fondos propios a 12.000, el resto se fue a la calle el pasado 31 de octubre. La Junta dice que se han quedado los de categorías prioriarias: el 100% de médicos, que son 897 profesionales, y el 66% de los enfermeros (sin precisar cuántos). Entre los 8.000 despidos hay limpiadoras, celadores, auxiliares administrativos o analistas clínicos que la Consejería de Salud no considera indispensables, una vez pasado lo peor de la pandemia. Mantenerlos tendría un coste de 400 millones de euros, según Bravo, que habría que quitar de otra partida esencial. “¿Se lo quitamos a educación?”. El consejero es reacio a incurrir en un déficit mayor para ensanchar el gasto público, a pesar de que las reglas fiscales impuestas por Bruselas están en suspenso -los topes son orientativos- porque teme que luego le cueste volver a la senda de consolidación fiscal.
Ese agujero de 8.000 sanitarios no lo tapa el Presupuesto de 2022, aunque el proyecto de ley consigna una partida del fondo Covid del Gobierno central, que ya no existe, por si “reconsiderase” volver a transferirlo a las comunidades, dado que la Airef ha concluido que el 40% del gasto sanitario extraordinario por la pandemia en las regiones “se ha consolidado”. Es una partida 'fantasma' de 943 millones de euros, el 40% del total que recibió Andalucía, con el que la Junta no puede contar ahora para gasto público, pero que le será muy útil políticamente para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien le reclama una suma considerable de dinero por distintos conceptos, principalmente los déficit en el modelo de financiación autonómico.