El Gobierno andaluz ha enviado este martes al Parlamento para su tramitación el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2025, los terceros de esta legislatura, dotados con 48.836,2 millones de euros, un 4,4% más que en el presente ejercicio (caso 2.000 millones más). El gasto no financiero, esto es, el dinero que la Junta usa para hacer políticas (excluyendo los préstamos) asciende a 45.245 millones, un 5,2% más.
Casi la mitad de este aumento presupuestario -986,4 millones- se destinará a reforzar la sanidad pública andaluza, que crecerá casi un 7%, tres puntos por encima del aumento medio de las cuentas, y un tercio del total de gasto público para el año que viene (15.247 millones). Los otros mil millones de más se lo reparten educación (con 9.167 millones; incluido 249 millones para sufragar la gratuidad del segundo ciclo de Infantil de 2 a 3 años), dependencia y, en menor medida, vivienda.
Hasta su ejecución, un dibujo presupuestario no es otra cosa que la expresión en números de las prioridades políticas del gobierno para el próximo año. La primera lectura, por tanto, es que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha volcado todo el sobresfuerzo de gasto precisamente en los servicios públicos más desgastados, con más contestación social en la calle y en el Parlamento. Las cuentas que hoy se presentan, una vez sean refrendadas por el Parlamento a final de año, culminarán su recorrido el 31 de diciembre de 2025, es decir, prácticamente en la antesala de las próximas elecciones autonómicas.
El reajuste de las prioridades de gasto ha obligado a sacrificar otras partidas: prácticamente se congela la inversión pública, que se mantiene en 5.804 millones, de los que sólo 1.084 millones previenen de recursos propios de la Junta (18,6%), el resto son fondos europeos. El presupuesto para turismo cae casi un 13% hasta los 161,2 millones, al no poder contar aquí con fondos europeos porque sus políticas no encajan en la programación de Bruselas.
La Junta de Andalucía estima para 2025 un crecimiento del PIB del 2,4%, en consonancia con las previsiones de la Airef -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (2,5%)-, y pronostica la creación de 72.000 nuevos empleos.
Que la mitad del crecimiento presupuestario programado para 2025 vaya destinado a la sanidad es la primera declaración política de estas cuentas: “Esta inversión récord va dirigida a reformar aquello que no funciona” en la sanidad pública, dijo el lunes el presidente de la Junta, ante la cúpula de la patronal andaluza. “Este Presupuesto va a depender mucho de la gestión”, ha subrayado este martes la consejera de Hacienda, Carolina España, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.
Es la primera vez que Moreno hace un reconocimiento público tan claro sobre el deterioro de la sanidad andaluza, admitiendo que el incremento continuo de presupuesto y de plantilla durante sus seis años de mandato no se han traducido en un mejor servicio a la ciudadanía. “Hay que cambiar ciertos modelos organizativos y hay que hacer reformas”, asegura el presidente, dentro de un discurso pensado para sacar pecho por la inversión “récord” en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), “equivalente al presupuesto total de la Xunta de Galicia”.
Está por ver cuáles son esas reformas organizativas. La nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, ha heredado el colapso sanitario, las abultadas listas de espera de pacientes para operarse y un sistema excesivamente dependiente de la sanidad privada y de los contratos a dedo, ahora en el ojo del huracán de la Intervención, la Cámara de Cuentas y los tribunales de Justicia.
De momento, Moreno ha inyectado casi mil millones más y anuncia una ampliación de la plantilla estructural de 6.992 profesionales sanitarios (otros 2.275 pasan de temporales a fijos; se integran a los 3.175 del refuerzo Covid y se incorporan 157 plazas MIR nuevas).
No obstante, uno de los mayores incrementos del presupuesto sanitario lo absorbe el gasto farmacéutico, que asciende a 2.658 millones. La compra de medicamentos por parte del SAS está en entredicho, después de que los interventores denunciasen el abuso del contrato menor para encubrir adjudicaciones millonarias a dedo a las mimas farmacéuticas y por el mismo fármaco, “infringiendo” la Ley de Contratos Públicos.
Esta partida lleva creciendo paulatinamente desde que el Ejecutivo del PP puso fin a la subasta de medicamentos, la fórmula que usó la anterior Administración socialista para abaratar el gasto farmacéutico.
Hace unos días, el desgaste de la sanidad pública se ha revelado como el segundo problema que más preocupa a los andaluces, por detrás del paro. Así lo refleja el último barómetro del Centra, un sondeo que financia el propio Gobierno andaluz, y donde la sanidad ha pasado de ser un problema para el 4,9% de los encuestados (en septiembre de 2021) a afectar al 13,6% en la actualidad, casi el triple en tres años.
La sanidad, por tanto, estaba predestinada a protagonizar las cuentas autonómicas de 2025. Hay un cúmulo de factores -sociales, laborales, políticos y judiciales- que convierten a la sanidad en el flanco débil del Gobierno andaluz, incapaz por ahora de dar con la tecla para resolver problemas estructurales que vienen incrustados desde hace años. Y que la pandemia de Covid-19 en 2020 y el impacto que supuso para el SAS en los ejercicios posteriores ha empeorado.
Los sindicatos médicos acusan a la Junta de incumplir sus acuerdos para reforzar la atención primaria, puerta de entrada al sistema clínico, y hace unos días han vuelto a movilizarse en las calles. Las protestas cada vez aglutinan más volumen y descontento. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad sitúan a Andalucía como la segunda región con la tasa más alta por habitante de pacientes en espera quirúrgica, con una demora media de 169 días, 48 por encima del tiempo medio en España.
El SAS contabiliza hoy a más de 200.000 andaluces aguardando por una cirugía, y desde hace más de un año no publica la lista de espera para una prueba diagnóstica, que tiene una relación directa con el posterior embudo para operarse. Moreno destituyó a la consejera de Salud en la crisis de Gobierno del pasado verano, pero ni los problemas se han esfumado ni la oposición ha abandonado este flanco preferente como línea de erosión.
Un juzgado de Sevilla ha abierto la primera investigación contra el Gobierno andaluz por un supuesto de malversación de fondos y prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia que ya no tenían el amparo legal del Real Decreto que habilitó Moncloa en pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria.
El PSOE ha llevado este asunto a los tribunales, a la par que denuncia en el Parlamento los 18 informes de la Intervención de la Junta que ponen en entredicho el uso “indebido” de hasta 1.225 millones de euros en contratos de emergencia “sin justificación alguna” y contratos menores fragmentados “en fraude de ley” en los ejercicios 2020 y 2021.
Las cifras del Ejecutivo de Moreno vuelven a ser récord, porque en ciclos de economía al alza es habitual que un presupuesto supere al ejercicio anterior.
Pero este año, de fuerte confrontación política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a cuenta de la financiación autonómica, conviene revisar lo que dicen los números hoy y lo que advirtió el presidente hace apenas un mes, en plena vorágine por el pacto fiscal para Cataluña suscrito por el PSOE y los independentistas catalanes: “El Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales”.
Moreno lanzó este mensaje en septiembre, en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Un mes después, las cuentas del Ejecutivo para 2025 le contradicen. El presupuesto andaluz no sólo no se achica, sino que crece más que nunca: seis de cada diez euros lo absorbe el gasto social, como de costumbre. La consejera de Hacienda defiende que lo hace a pesar, y no gracias, al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras el Ministerio de Hacienda la acusa de trampear con los números para justificar la “teoría del agravio” a Andalucía.
Casi el 80% de los ingresos no financieros de la Junta proviene del dinero que el Estado transfiere a las comunidades, fundamentalmente de la recaudación de impuestos en sus territorios. También es una cifra récord en este Presupuesto: 27.523 millones de euros de las entregas a cuenta -vía tributos-, esto es, 2.463 millones más de lo ejecutado este año; y 1.017 millones por el cierre de la liquidación del año 2023, que se cuadra dos años después.
Esta segunda partida es muy inferior a la del año anterior: la liquidación del ejercicio 2022 fue “inusualmente alta” (2.995 millones), porque “fue un año de fuerte inflación, que provocó una recaudación extraordinaria muy elevada”. La Airef ya avisó entonces de que ese aumento de ingresos era un espejismo, y recomendó a Andalucía no incorporarlo al gasto estructural, porque probablemente no se repetiría al año siguiente (como así ha sido).
El Ministerio de Hacienda lee, en este desplome de fondos por la liquidación de 2022, una consecuencia directa de la bajada de impuestos autonómicos que aprobó el Ejecutivo de Moreno. Desde la consejería lo niegan, creen que “el impacto es inapreciable”.
La otra vía de ingresos de la Junta de Andalucía es la actividad económica prevista para 2025, que generará 72.000 nuevos empleos, según la Consejería de Hacienda, y aumentará la recaudación tributaria. La previsión macroeconómica para Andalucía es positiva, aunque vuelve a chocar con dos factores estructurales que lastran las expectativas de crecimiento: la tasa de paro, que hoy se sitúa en el 16%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada (670.400 parados), y un modelo productivo excesivamente dependiente de la estacionalidad y del cambio climático (turismo y agroalimentario), dos sectores en plena convusión social (sobre todo el primero).
En cualquier presupuesto, hay tres fuentes de financiación: la llamada autofinanciada, que son los recursos propios de la Junta; las transferencias finalistas, que aporta exclusivamente el Gobierno de España; y los fondos europeos, que Bruselas presupuesta para un marco plurianual [2021-2027], y la Junta decide qué porción de lo que le corresponde presuesta anualmente, en función de lo que tenga previsto ejecutar (habida cuenta que casi todos los fondos europeos exige una cofinanciación al 50%).
El 76% del Presupuesto andaluz depende de la financiación autofinanciada, pero la Junta se atribuye su autoría, y el Ministerio de Hacienda replica que el 80% proviene de las entregas a cuenta del Gobierno de España, que es el dinero que el Estado recauda en las comunidades a través de los impuestos, y que luego les transfiere una parte. Carolina España subraya que ese dinero “también es de Andalucía, no del Gobierno”.
Los números son los que son, pero ambos gobiernos los someten a torturas para que calcen bien con su discurso político y su modelo económico. Para Moreno, la clave es la infrafinanciación de Andalucía, una denuncia que no hace mucho postulaba la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Para Sánchez, en cambio, el asunto de la financiación es indisociable del modelo fiscal, y los socialistas acusan al Ejecutivo andaluz de pedir más dinero al Estado con una mano, mientras con la otra acomete seis rebajas de impuestos autonómicos que ha mermado las arcas en 192 millones de euros menos (sólo en IRPF).
Las cuentas andaluzas para el año que viene son continuistas. A excepción de una ampliación en las deducciones fiscales ppara la compra y alquiler de unan vivienda -especialmente para los jóvenes-, no traen grandes novedades impositivas, como en años anteriores, porque el modelo económico del Gobierno del PP ya estaba muy encauzado.
El presidente de la Junta denuncia la “infrafinanciación de Andalucía”, reclama a Sánchez 1.500 millones más al año, esgrime el discurso del “agravio” y carga contra el pacto fiscal del PSOE con los independentistas catalanes para sacar a Cataluña del sistema común de financiación.
Remata, sorpresivamente, alertando de que Andalucía ha llegado al chasis de su capacidad financiera, pero un mes después presenta un presupuesto expansivo, con el que trata de taponar las críticas y el malestar ciudadanos por el deterioro de los servicios sociales que gestiona la Junta, principalmente la sanidad, la dependencia y la educacion.
El Presuesto andaluz contará con 5.140 millones en fondos europeos, unos 3.748 millones provienen de partidas estructurales, y otros 1.393 millones son de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia. La partida destinada a pagar deuda pública asciende a 4.297 millones de euros: 3.495 millones de amortización de deuda más 801 millones en intereses de demora.
La Junta ha diseñado las cuentas basándose en una regla de gasto del 3,2%, un tope “más prudente” que el que aparece en el plan estructural fiscal que el Gobierno ha remitido a Bruselas (3,7%). Al no estar aprobada la senda de déficit, el Ejecutivo andaluz ha optado por dibujar sus números con un déficit cero, esto es, con un “equilbrio” entre ingresos y gastos, sin más margen para endeudarse ni para gastar más de lo previsto. El Gobierno apostó por un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en 2025, lo cual daba más margen de gasto a las regiones, gobernadas en su gran mayoría por el PP. Pero los populares y Junts tumbaron este esquema.
Montero debe volver a negociar con los independentistas catalanes antes de remitir una nueva senda de déficit al Congreso. Si finalmente no logra esos apoyos, la Junta de Andalucía se verá obligada a corregir las cuentas que ha presentado hoy para que se cierren en superávit, lo que implicaría recortar 200 millones de gasto.
La consejera de Hacienda era consciente de esto al dibujar los números, pero le ha restado importancia y lo ha explicado así: “Para hacer un presupuesto con superávit en el que nos sobrara dinero, entre comillas, para tener que entegárselo al Gobierno o a otras comunidades... lo razonable era plantear equilibrio presupuestario. Y si luego hay que encajar 200 millones, ya veremos cómo lo hacemos, pero no será un problema”.
España ha desgranado las cuentas del Gobierno andaluz para 2025, departamento a departamento, comparando cada cifra con las de 2018, último año con el PSOE en el poder.
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