El futuro Gobierno andaluz de PP y Cs fulminará el Consejo Consultivo

PP y Ciudadanos siguen dando cuenta de su acuerdo programático para el que llaman “nuevo Gobierno andaluz” y han difundido este domingo un nuevo documento con el primer bloque de 23 medidas que conforman el bloque de regeneración democrática.

Estas propuestas, algunas de las cuales ya se avanzaban en el documento difundido el viernes, forman parte del acuerdo global de unas 90 medidas en el que los equipos de ambas formaciones siguen trabajando para cerrar definitivamente los dos bloques restantes, relativos a medidas de reactivación económica y fiscales, y de políticas sociales, de los que quedan algunos “flecos”, según han informado a los medios ambas formaciones.

Las medidas dadas a conocer se unen a las 21 ya acordadas el pasado viernes para los primeros cien días de gobierno, la mitad de las cuales copaban compromisos de lucha contra la corrupción, que ahora han quedado algo más desgranados, como se puede ver en el documento íntegro al final de este texto. Ambos partidos anuncian sus 'Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía (I)', donde insisten en la defensa de la unidad de España y el Estado de las Autonomías, y para la despolitización y la eficiencia administrativa de la Junta, anunciando en esa línea la supresión del Consejo Consultivo, un órgano de obligada consulta para todas las leyes y normas de la Junta, y la reforma de la Cámara de Cuentas de andalucía como novedades más destacadas.

También se comprometen en ese punto a implantar “un nuevo procedimiento para la selección de los miembros de los consejeros en los órganos de extracción parlamentaria que garantice su despolitización”, así como que los altos cargos de la Junta tengan “dedicación exclusiva” y no puedan cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

En esa línea, además de incidir en medidas ya anunciadas como la expulsión de imputados o la supresión de los aforamientos, también se comprometen a aprobar “un proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía” que contemplará, entre otras, medidas de “reducción de los altos cargos a los estrictamente necesarios”.

Bajo esa premisa se anuncia “reforzar las sanciones para los altos cargos de la Junta que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción”, y definir “la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político”, y todos ellos “serán elegidos por concurso público, abierto y transparente”.

Además, con el proyecto de Ley de Despolitización, aseguran PP y Cs, se establecerán “unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta”, que “cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos”.

Rendición de cuentas

Asimismo, PP y Cs apuestan por desmontar la 'administración paralela' y racionalizar el gasto, con medidas en aras de mayor transparencia y una rendición de cuentas. También se comprometen con “una función pública profesional y libre de injerencias políticas” y establecerán medidas para “una ley electoral andaluza más justa”, que que incluya “una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces”, así como “una reducción de los gastos electorales”, el “carácter obligatorio de la celebración de debates electorales” y “las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma”.

El acuerdo también prevé “una Ley de Subvenciones que regule con garantías los incentivos y las ayudas públicas y la posibilidad de consultarlas de forma accesible en el Portal de Transparencia”, así como “garantizar la independencia funcional de la Intervención General de la Junta de Andalucía” y “reforzar los medios a su disposición”, así como “acabar con las redes clientelares”.

El acuerdo difundido también contempla, entre otras cuestiones ya comunicadas la semana anteror, “limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta y de los consejeros”.