El primer dictamen de Marín para la Junta de Andalucía cuestiona la universidad privada avalada por él mismo

Hace justo un mes, Juan Marín fue nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, organismo dependiente de la Junta de la que fue vicepresidente con Ciudadanos durante la pasada legislatura. El pasado viernes firmó su primer dictamen al frente del CES, preceptivo pero no vinculante, sobre el Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), una de las que más adelantada tiene su tramitación, no sin obstáculos, y que, precisamente, estuvo ligada a su antiguo compañero en Ciudadanos y en el Consejo de Gobierno, Javier Imbroda, fallecido el pasado mes de abril. De hecho, la que podría ser la primera universidad privada virtual de Andalucía se instalará en principio en la sede de la ex empresa del que fuera consejero de Educación. Ahora, tras los parabienes definitivos en febrero por parte de la Junta en febrero, vicepresidida por el propio Marín, el CES observa ciertas “debilidades” e “insuficiencias” en el proyecto, al que hace numerosas observaciones a corregir antes de que sea llevada para su reconocimiento definitivo por parte del Parlamento de Andalucía.

El dictamen firmado por Marín tras la reunión del Pleno del CES examina el texto normativo aprobado por el Consejo de Gobierno en relación con la UTAMED. Es de recordar que ocho universidades privadas aspiran a implantarse en Andalucía, siete de las cuales fueron presentadas a partir de 2019 tras el cambio de Gobierno en la Junta con la entrada de PP y Ciudadanos. Los únicos precedentes conocidos son a Universidad Loyola, creada en 2011, y un intento frustrado de la Fernando III en 2007, cuyo anteproyecto también ha analizado el CES en su Pleno del pasado viernes. También es de recordar, en el aspecto puramente politico, que Marín se dió de baja en Ciudadanos a petición del partido tras aceptar el cargo de presidente del CES en el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno.

Cabe recordar también que la UTAMED estuvo promovida por el Grupo Vocento y por el Instituto de Formación Profesional Medac, una institución vinculada a Imbroda hasta poco antes de su llegada a la Junta en enero de 2019. Imbroda esgrimió en varias ocasiones que en 2018, “sin saber si sería diputado o consejero”, se desvinculó de Medac, que en agosto de 2021 fue adquirida por el fondo de inversiones norteamericano Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por 200 millones de euros. La referencia oficial del Consejo de Gobierno del pasado febrero, cuado se aprobó el anteproyeto de ley, apuntó que la impulsora del proyecto es Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, sin hacer mención alguna a Medac. UTAMED sí resaltó en cambio en un comunicado que la universidad “está promovida por Grupo Medac, líder en estudios de Formación Profesional en España, en el que actualmente cursan estudios más de 100.000 alumnos”.

¿Marco normativo de 2015?

Las referencias temporales no son cosa menor en la tramitación de este anteproyecto de ley. De hecho, el CES pone de manifiesto “una proyección material muy importante” en relación la fecha de solicitud de la UTAMED para ser reconocida. La exposición de motivos del anteproyecto señala expresamente que “teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud para el reconocimiento de la universidad privada, que se formuló el 13 de mayo de 2019, resulta de aplicación el régimen jurídico existente en el momento temporal de dicha solicitud”. “No se trata de una cuestión meramente formal”, advierte el organismo presidido por Marín, ya que “los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades (tanto públicas como privadas) contenidos en los artículos 6 a 10 del RD 420/2015, de 29 de mayo, no son coincidentes con los previstos en los artículos 3 a 13 del RD 640/2021, de 27 de julio”. Se da “la circunstancia de que, mientras que en el supuesto a que se refiere el anteproyecto dictaminado sí se cumplen las exigencias de la norma reglamentaria, no sucedería lo mismo si el marco normativo de aplicación fuera el RD 640/2021, de 27 de julio”.

El anteproyecto de ley enjuiciado, en su artículo 3 y en el anexo, recoge una oferta académica que se concreta en seis grados, siete másteres y un doctorado, lo que, si bien se ajusta a las previsiones del RD 420/2015, de 29 de mayo, no responde a las exigencias del RD 640/2021, de 27 de julio. “Tal circunstancia debería ser, al menos, considerada en el momento de la concesión de la autorización para el inicio de actividades” puesto que las universidades “deben garantizar que disponen de los medios humanos y materiales necesarios para prestar ese servicio público de educación superior con la calidad y excelencia propias del mismo”.

“Resulta cuando menos contradictorio que se tramite la norma con arreglo a una normativa que, con independencia de su admisibilidad en términos jurídicos, diseña unos requisitos para la creación y reconocimiento de universidades menos exigentes que los de la norma en vigor. La vertiente investigadora, tan esencial e ínsita en la labor universitaria, está mucho menos presente en el RD 420/2015, de 29 de mayo, y también en el anteproyecto de ley en examen. Es importante ser rigurosos y exigentes en el cumplimiento de los requisitos de creación y reconocimiento de universidades pues, de lo contrario, el dumping competencial en lo que a la expedición de títulos universitarios concierne, se produciría no solo entre universidades públicas y privadas, sino entre las propias universidades de titularidad privada”, apunta el dictamen del CES.

Informes desfavorables

El CES también recuerda, por otra parte, que órgano andaluz encargado de “garantizar y promover la calidad del sistema universitario andaluz mediante la evaluación, acreditación y seguimiento de agentes e instituciones”, la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), dictó informe desfavorable al igual que hicieron previamente la Conferencia General de Política Universitaria (en marzo de 2021) y del Consejo Andaluz de Universidades (diciembre de 2021). La DEVA pueso de manifiesto, recuerda el CES, que la propuesta es de interés académico y técnico, pertinente, oportuna y justificada, que puede aportar valor añadido al sistema universitario andaluz, pero, en línea con lo que venimos manteniendo en este dictamen, adolece de importantes insuficiencias en aspectos clave como son la propia personalidad jurídica del promotor“.

En ese sentido indica que Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L es una sociedad unipersonal, donde el 100% de su capital social pertenece al Grupo PEF1 Mediterráneo Activo Holding, S.L., “por lo que el apoyo societario a la iniciativa de la creación de la nueva universidad lo constituye un grupo cuya principal actividad es el área financiera y de capital riesgo”. Entre esas “insuficiencias” también cita “los estudios de doctorado, el propio diseño de los planes de estudios, la cualificación y plantilla, los criterios de acceso y admisión de estudiantes, la estrategia investigadora, la plantilla docente, el plan de incorporación de nuevo profesorado, el personal de apoyo o lo relativo a becas y formación, aspecto en el que hay que reseñar que solo el 1% de la estimación de ingresos brutos se destina a financiar el sistema de becas”. CCOO Andalucía, en ese sentido, advertía este fin de semana que la creación de universidades privadas en Andalucía “obedece a intereses económicos”.

En todo caso, el CES dice que la entidad promotora, tras los citados tres informes desfavorables, realizó alegaciones y aportó nueva documentación que hicieron que la Junta considerara que el proyecto “cumple con la normativa de aplicación”. Sn embargo, concluye el CES, “deberían atenderse algunas cuestiones (calificadas como 'menores' por el informe, pero de una sustancialidad incuestionable), en aras a una mejora del proyecto global”.

“Un servicio público de la máxima calidad”

En atención a esas observaciones, y a otras concretas al articulado del anteproyecto, el CES de Andalucía “considera que, si bien, con carácter general, el incremento de la oferta educativa e investigadora contribuye a ampliar y enriquecer el sistema universitario andaluz, ello solo acontece si dicha oferta responde y respeta escrupulosamente los principios de calidad que el propio artículo 59 de la LAU establece”. En ese aspecto señala que el mencionado precepto indica que “las universidades andaluzas potenciarán la calidad de la docencia y de la investigación en todas las ramas del saber: técnico, científico, de la salud, social y jurídico, artístico y humanístico; la transferencia del conocimiento a la sociedad, y la tecnología como expresión de la actividad universitaria. Estos principios constituyen una función esencial de la Universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, decisivo en todo proceso científico”.

Por todo ello, el CES de Andalucía considera que si dictamen incluye “una serie de exigencias mínimas ligadas a la garantía de la prestación de un servicio público de la máxima calidad, en atención a la naturaleza de aquél y más allá de cuál sea el desarrollo reglamentario de la ley estatal en cada momento concreto”. Desde esta perspectiva, la UTAMED, “a la luz de los diversos informes emitidos por los órganos competentes y de la propia valoración de la solicitud de reconocimiento de la DEVA ”presenta debilidades materiales que deben ser solventadas con carácter previo a su reconocimiento y, en todo caso, antes de obtener la correspondiente autorización para el inicio de sus actividades“. A tales efectos, ”el CES de Andalucía solicita y considera necesario que el correspondiente decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorice el inicio de actividades de la universidad (ex artículo 10 LAU) sea sometido a su dictamen“.

El CES deja claro, en cualquier caso, que “el incremento de la oferta educativa e investigadora por parte de las universidades privadas puede contribuir a ampliar las oportunidades y extensión del sistema universitario andaluz y a mejorar sus prestaciones”, y que “la creación de un centro universitario privado, además de contribuir a la prestación del servicio público de enseñanza superior, es motor de actividad económica y empleo en el ámbito territorial de Andalucía”. “Tiene efectos positivos para nuestra Comunidad desde el punto de vista económico y social: creación de empleo; generación de más investigación y oportunidades de transferencia de conocimiento e innovación; mayor capacidad de atracción y retención del talento, y mejora del bienestar de todos”, añade.

Como conclusión, el Consejo Económico y Social de Andalucía “considera que corresponde al Consejo de Gobierno atender las observaciones presentadas en este Dictamen, así como, en la medida que lo considere razonable, incorporarlas al Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo”.