El próximo mes de septiembre es la fecha de inicio de actividades académicas previsto para la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), cuyo anteproyecto de ley fue aprobado el pasado 7 de febrero en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La sede de la que podría convertirse en la primera universidad privada online de la comunidad autónoma estaría habilitada en un edificio de la avenida Doctor Marañón de Málaga, ocupado por Diario Sur y en el que Utamed ocuparía un espacio de 2.800 m2. La entidad promotora necesita rehabilitar el inmueble y, mientras eso ocurre, se propone que la sede de la Universidad se instale provisionalmente en un espacio de 250 m2 en la calle Malasaña 4-6 de Málaga, sede de Medac y de otras empresas del grupo, vinculado al consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs) hasta poco antes de su llegada a la Junta en enero de 2019. “He tenido que vender todo para acceder a la política. No tengo ninguna vinculación, vendí todo antes de las elecciones”, dijo en una entrevista cuatro meses después de ser nombrado consejero de Moreno Bonilla.
De hecho, Utamed está promovida por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L, constituida en marzo de 2019 y con domicilio social en el mismo número de la calle Malasaña. Se trata de una sociedad unipersonal cuyo 100% de su capital social pertenece al Grupo PEF1 Mediterráneo Ac - tivo Holding SL, que tiene un capital social de 3 millones de euros y tiene entre sus participantes, con un 11,34% (340.203 euros), al fundador de Medac, uno de los socios de Imbroda cuando expiró su carrera de entrenador de baloncesto y se embarcaba como administrador único de esa empresa en 2010.
El 63,98% de las participaciones de las sociedades que conforman el Grupo PEF1 Mediterráneo Activo Holding SL corresponden a sociedades de inversión, por lo que el apoyo societario a la iniciativa de la creación de la nueva universidad lo constituye un grupo cuya principal actividad es el área financiera y de capital riesgo, según la memoria justificativa en relación con el anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Utamed, fechada el mismo día de su aprobación en Consejo de Gobierno y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Por cierto, fue el único asunto aprobado “de urgencia” junto al anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Fernando III el Santo aquel 7 de febrero en Linares (Jaén). Hubo dos intentos previos de pasar este trámite, ya que en el acuerdo del Consejo de Gobierno dejaba sin efecto la autorización de inicio del expediente de fechas 26 de enero y de 2 de febrero.
Antes de esa autorización de la Junta, como requisito necesario para la oportuna inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L, en fase de alegaciones del expediente se aportó copia de la escritura de acuerdos sociales de PEF 1 Mediterráneo Activo Holding S.,L, de fecha 16 de abril 2021, por el que se elevó a público el acuerdo por unanimidad de sus socios de ampliar el objeto social de esta sociedad a los efectos de incluir la actividad de enseñanza educativa y actividades didácticas entre su objeto social, modificándose los Estatutos Sociales de PEF 1 Mediterráneo Activo Holding, apenas ocho meses del inicio del expediente de Utamed para su reconocimiento como universidad y tras una larga lista de obstáculos.
“Están claras las prisas del Consejero por la Utamed. Es su universidad y la tiene que dejar encarrilada o terminada antes de marcharse”, dice una fuente sindical del ámbito educativo universitario. A los rectores de las diez universidades públicas andaluzas tampoco les ha sentado bien este paso adelante de la Junta. La pasada semana emitieron un comunicado conjunto en el que decían claramente que que la amliación de la oferta universitaria privada tiene que pasar siempre por la “exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas”. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades, Rogelio Velasco, tiene que responder este jueves a una moción y dos preguntas orales relativas a estas cuestiones en el Pleno del Parlmento, a propuestas de la oposición.
A esa lista de obstáculos que ha ido salvando la Utamed, y que ahora se expondrán, se refirió expresamente uno de los miembros designados por el Parlamento de Andalucía, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo, cultural o científico, durante la celebración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) del 13 de diciembre. Dijo que “el procedimiento para el reconocimiento de una universidad privada se debería repensar” ya que, según expuso, “los proponentes incluyen una memoria inicial donde consta su modelo de Universidad, y se tiene distintas iteraciones con la administración en distintos ámbitos, y se le van señalando las deficiencias que se detectan, por lo que la administración se convierte en asesor de los promotores en los distintos ámbitos, subsanando en varios momentos del procedimiento la documentación aportada, pero el modelo de Universidad que plantea el promotor se mantiene”, según consta en el acta del CAU, a la que ha tenido acceso este medio.
Incluso alguna de esas cuestiones aún no están salvadas. El artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, dispone que las universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia y un objeto social exclusivo, la educación superior. “A fecha de hoy, y en relación con la entidad que dotará de personalidad jurídica a la Universidad, la cuestión deberá ser resuelta, una vez reconocida la Utamed por Ley del Parlamento de Andalucía como Universidad Privada, si este fuera el caso”, dice su anteproyecto de Ley. Así, si la entidad que dotara de personalidad jurídica a la Universidad fuera la promotora, debería acreditar el cambio de denominación social (de Sapere a Utamed S.L). De otro lado, y para el caso de que se decida crear una nueva entidad que dote de personalidad jurídica a esta Universidad, con la misma denominación social (Utamed S.L.), este extremo debería acreditarse del mismo modo una vez reconocida por Ley.
Otras cuestiones se han ido solventando en el proceso. El 22 marzo de 2021 se recibieron sendos informes desfavorables por parte de la CGPU y de la DEVA sobre la solicitud de reconocimiento de Utamed, como ya informó elDiario.es Andalucía. Ya antes, el 16 de septiembre de 2019, se dio trámite de audiencia de la CGPU a los promotores para aclarar algunas cuestiones sobre el proyecto presentado para informe. La Junta, a la vista de ello, decidió en abril de 2021 ampliar el plazo para presentar escrito de alegaciones a los dos informes remitidos y remitió un oficio por el que se requería a la entidad para que subsanase y aportara documentación adicional. En julio se realizó otro requerimiento a la promotora para que aportara inscripción registral de la escritura de constitución de la promotora Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L., como ya se ha dicho. Incluso en enero, apenas días antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, la promotora comunicó que no haría alegaciones al informe desfavorable del Consejo Andaluz de Universidades, que computó seis votos a favor, catorce votos en contra, una abstención y un asistente que no vota.
En cuanto a su modelo universitario, en un primer momento Utamed presentó una propuesta para inicio de actividad en modalidad online, con una única facultad de Ciencias Tecnológicas, Jurídicas y Sociales, si bien, tras el trámite de audiencia al informe provisional concedido por el Ministerio de Universidades, se modificó la estructura presentada inicialmente y se ha propuesto una oferta formativa compuesta por dos gacultades, con sus respectivos departamentos, seis grados, siete másteres y un programa de Doctorado, por lo que se cumpliría con el mínimo de ocho titulaciones que exige el artículo 6.1 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo.
La entidad promotora tiene previsto que todas las titulaciones de grado y de máster den comienzo el primer año de inicio de actividad de Utamed. En el primer año se iniciarán los programas máster y el primer curso de cada grado; en el segundo año comenzarán los segundos cursos de cada grado, y así sucesivamente. No se prevé una implantación en bloque (4 cursos) para dar cabida a estudiantes que pudieran iniciar su formación en cursos avanzados como consecuencia de los procesos de convalidaciones de estudios universitarios ya realizados. La fecha prevista para poner en marcha las titulaciones sería el curso 2022/2023.
Igualmente, en fase de alegaciones al informe provisional de la CGPU, así como en posterior documentación adicional presentada por la promotora, que ha sido incorporada al expediente, quedaron subsanadas las deficiencias observadas con respecto a la relación de titulaciones clasificadas por ramas de conocimiento, el año en el que comenzaría las actividades académicas y el calendario de implantación y la aportación de las propuestas de planes de estudio.
Tras las observaciones realizadas tanto por la CGPU como por la DEVA en relación con la necesidad de acreditar la capacidad de dotar de prácticas a su alumnado, la promotora ha ido aportando, en diversas fases del procedimiento administrativo, diversos convenios de colaboración debidamente firmados y ampliando el número de convenios presentados para garantizar la realización de las mismas, señala el expediente de tramitación completo. Asimismo, y tras el oportuno requerimiento, la promotora presentó la información relativa al acceso y admisión de alumnos, la previsión de movilidad de los mismos y el régimen de ayudas y becas al estudio y a la investigación.
Por otro lado, la CGPU y la DEVA, tanto en el trámite de audiencia ante el Ministerio de Universidades como en el trámite de alegaciones, “detectaron deficiencias en relación a los elementos necesarios para acreditar la solidez y relevancia del proyecto investigador presentado por Utamed”. A este respecto, la entidad promotora ha aportado diversa documentación, mejorando sustancialmente este apartado del proyecto, se dice en la memoria.
En cuanto al personal docente e investigador, la promotora aún tiene pendiente aportar un Plan para favorecer la acreditación del profesorado contratado no acreditado. “En cualquier caso, toda esta información deberá materializarse con carácter previo a la solicitud de autorización para el inicio de actividades. En dicho momento se comprobará que la universidad cumple con los requisitos previstos por la normativa”, dice el expediente. Por otro lado, en su memoria inicial, la promotora manifestó que la Universidad contaría con determinados servicios externalizados tales como posicionamiento web y marketing digital, servicios de comunicación, desarrollos web y de aplicaciones informáticas.
Además, y de nuevo tras el oportuno trámite de audiencia, los promotores ampliaron la información relativa a los recursos tecnológicos que se utilizarían. En este sentido, han acordado usar como modelo tecnológico una infraestructura diseñada en capas, de Computación en la Nube (Cloud Computing) usando el modelo de servicio Pago por Uso (IaaS, Infraestructure as a Service), y la plataforma CANVAS. La promotora aclara que este modelo tecnológico ya había sido testado y planificado, usándose en Medac, la sociedad integrada del Grupo PEF 1, accionista mayoritaria de la entidad promotora.
En el trámite de alegaciones, y para dar respuesta a las observaciones tanto de la CGPU como de la DEVA, se ha completado la información relativa a los principales órganos de representación y gobierno de Utamed y se han modificado las Normas de Organización y Funcionamiento para regular el procedimiento y motivos de extinción de la Universidad, la figura del Defensor Universitario y el régimen disciplinario, se advierte también en la memoria justificativa.
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