Prisioneros en sus propias casas
María sólo sale a la calle para visitar al médico, con la ayuda de cuidadores sociales y del personal de una ambulancia. Su “paseo” lo repite dos veces al mes como mucho. La discapacidad que sufre le impide salir de su domicilio con más asiduidad. Lo podría hacer en silla de ruedas, pero vive en un cuarto sin ascensor. Es sólo uno de los cientos de casos del mismo tipo que se advierte en la barriada de La Orden, la más populosa de Huelva con más de 40.000 habitantes. Este enclave de la capital onubense es obrero como pocos y en él predomina una población veterana.
La Orden acoge en la actualidad 239 edificios de tres o cuatro plantas sin ascensor, que suman 2.253 viviendas y 7.900 personas afectadas. Son datos de Proyectos de Rehabilitación, Accesibilidad y Subvenciones en Andalucía (Praysa), una sociedad creada expresamente para solucionar un problema de accesibilidad a la vivienda en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor y que hoy día representa un prototipo de solución para miles de personas en Andalucía con la construcción de ascensores. El mismo estudio de promoción, al que ha tenido acceso www.eldiario.es/andalucia, expone que 517 personas de La Orden son potencialmente prisioneras en sus hogares o tienen graves dificultades para salir de sus viviendas. El término “prisionero” aplicado a este problema social lo acuñó en 2010 la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para referirse en un informe a las 400.000 personas –la cifra se mantiene vigente- que por discapacidad física o ancianidad, están imposibilitadas para tomar la calle por hábito diario.
La Orden onubense representa a la perfección esta realidad. Más de la mitad de los edificios residenciales de Andalucía de tres o más plantas destinados a viviendas no tienen ascensores. La población afectada se cifra en casi 1.800.000 personas y de ellas, según el Defensor, 165.075 son discapacitadas. La construcción de estos bloques de viviendas es anterior a las exigencias actuales de la norma técnica de edificación para inmuebles colectivos de más de una planta. Se construyeron entre los años 60 y 80.
La Junta de Andalucía se puso en marcha para paliar esta situación hace más de un lustro y actuar a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Algunos barrios andaluces, como La Hispanidad de Huelva, obtuvieron grandes beneficios. Otros siguen a la espera. Las subvenciones se limitaron al 10%, y La Orden se quedó a las puertas, con casi 750 personas con alguna discapacidad física.
La esperanza, no obstante, ha vuelto para ellas en las últimas semanas. Por una parte, el Ministerio de Fomento ha anunciado la puesta en marcha próximamente de un sistema de ayudas para las comunidades de vecinos que realicen obras de rehabilitación o mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de sus edificios. Ascenderán a un máximo de 6.000 euros por piso. Estas ayudas están incluidas en el borrador del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana 2013-2016 y son aplicables a la instalación de elevadores. Es requisito que las viviendas tengan al menos 30 años de antigüedad. En La Orden, la media está en el medio siglo.
Por otro lado, Praysa ha iniciado en La Orden un plan de intervención global para la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de los edificios. Ya cuenta con la colaboración la asociación de vecinos Los Desniveles, que representa los intereses de la barriada, y en breve iniciará contactos directos con los habitantes y con el Ayuntamiento de Huelva.
“Una intervención de esta magnitud no tendría precedentes en Andalucía. La viabilidad de este proyecto depende de la aprobación mayoritaria por parte de las comunidades de propietarios y de nuestra gestión para la consecución de las ayudas estatales existentes”, explica Francisco Vázquez, gerente de Praysa.
El precio final depende del tipo de solución necesaria al problema de accesibilidad, pero hoy en día es posible instalar ascensores en este tipo de edificaciones con un precio medio de 35 euros mensuales por vecino a pagar en 10 años con avales mancomunados. Los subsidios, sin embargo, suponen un impulso preciso para una población mayoritariamente pensionista de clase media-baja. Las tasaciones multiplican el valor del inmueble a partir de la instalación de un elevador. “Nosotros apostamos por la integración. Contratar por separado a ascensoristas, constructores, técnicos… resulta inviable para los vecinos. Los proyectos deben ser globales”, añade Vázquez.
