El Colegio de Procuradores en Tribunales de Córdoba y el
Ayuntamiento de esta capital han puesto en marcha un acuerdo pionero en
Andalucía mediante el que los procuradores presentes en los procesos de
desahucios podrán informar a los Servicios Sociales municipales cuando se
encuentren con procesos de lanzamiento donde niños, ancianos o personas
discapacitadas se vean inmersas en una situación de vulnerabilidad.
Esta práctica, de la que sólo existe alguna experiencia
similar en Cataluña, se ha puesto en marcha ante la realidad más cruda que
muestran los lanzamientos de personas de sus casa, donde “ya hemos visto muchos
desahucios traumáticos con muchos efectos muy negativos“, explica a eldiario.es/andalucia la presidenta
del Colegio de Procuradores de Córdoba, María del Sol Capdevila.
“Nosotros somos los primeros en saber la fecha de un
lanzamiento y además acompañamos a la comisión judicial el día señalado para el
desahucio“, señala Capdevila para explicar el papel que juegan los procuradores
en estos procesos. Así, “siempre y
cuando hayamos sido autorizados por nuestro cliente, si observamos alguna de
estas situaciones de vulnerabilidad, podremos solicitar la suspensión del
señalamiento con nueva fecha para dar un
tiempo en el que, con autorización del desahuciado también, podamos comunicar a
los servicios sociales esa situación de emergencia“.
Se trata, sobre todo, de propiciar que personas vulnerables
como puedan ser niños, ancianos o discapacitados que se vean inmersos en un
proceso de desahucio, cuenten con esta vía para que los servicios municipales estudien
su situación y puedan ofrecer los recursos de un alojamiento provisional, ayuda
de emergencia o ayuda económica familiar que sean precisos.
Garantizar la protección de datos personales
Garantizar la protección de datos personales
De este modo, a partir de ahora el procurador que sea
partícipe en un proceso de lanzamiento deberá llevar consigo un documento para
que las personas desahuciadas lo firmen y autoricen así al Colegio de
Procuradores a comunicar su caso al Ayuntamiento, garantizando de este modo el
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
En este sentido, el convenio firmado recoge que el Ayuntamiento
deberá “utilizar la información
exclusivamente para prestar asistencia a las personas afectadas por el
lanzamiento, ya se trate de conceder algún recurso (…) o de facilitarles la
orientación o asesoramiento oportuno“.
“Aportamos nuestro granito de arena”
“Aportamos nuestro granito de arena”
“Hemos visto que hay muchas personas que no saben dónde
dirigirse“ ante el proceso de desahucio que se les presenta y la acción de los
procuradores puede “conseguir que vean una vía de escape o una solución que a
lo mejor no se les ha ocurrido para evitar esa situación traumática, aportando
nuestro granito de arena“, cuenta María del Sol Capdevila.
Por eso se ofrecen como “el cauce de comunicación”, con las
autorizaciones de sus clientes y de las personas desahuciadas, entre el proceso
judicial y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, de modo que se vea la
posibilidad de intervención en estos casos para “paliar de algún modo” estas
situaciones “realmente de emergencia”, señalan desde el Colegio de Procuradores.
Córdoba es el primer municipio andaluz donde se lleva a cabo
esta experiencia pero el Colegio de Procuradores, que es de carácter
provincial, quiere hacer un ofrecimiento público al resto de ayuntamientos de
la provincia cordobesa para poder llegar a acuerdos similares.