El proceso de escolarización que arrancó el pasado 1 de marzo en Andalucía llega, como en el último curso escolar, acompañado de polémica. Asociaciones de padres y madres denuncian que, al igual que ocurriera el curso anterior, la Consejería ofertará menos plazas para niños y niñas de tres años que inician su escolarización, y que cuando concluya el proceso el resultado será que se suprimen unidades de los centros públicos, con la consecuencia de que se extingue toda la línea a medio plazo.
La Consejería de Educación no ofrece datos de cuántas unidades oferta por ahora, recuerda que la planificación está en fase inicial y que el número suele variar cuando termina el proceso de matriculación. También asegura que la proporción de plazas ofertadas entre centros públicos y concertados se mantiene con respecto al año pasado. “Una vez termine el proceso de escolarización, el 31 de marzo, se sumarán las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar”, señalan desde la Consejería.
Las explicaciones no satisfacen a algunas asociaciones de padres y madres, que temen eliminación de unidades: el año pasado se suprimieron 568 unidades. La federación de asociación de padres (AMPA) de la enseñanza pública de Sevilla (Fampa Nueva Escuela) tiene previsto anunciar este jueves un calendario de movilizaciones contra la oferta educativa del próximo curso.
“Sin datos oficiales”
CODAPA, la Confederación que agrupa a las Federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPA) de Andalucía, y el sindicato USTEA prevén que se vuelvan a suprimir decenas de unidades, pero admiten que llega a esa conclusión basándose en estimaciones. “No hemos recibido datos oficiales sobre las líneas que desaparecen en cada municipio o distrito”, señala una portavoz de CODAPA: “No existe transparencia en el acceso al dato concreto sobre creación o eliminación de líneas educativas”.
A partir de la información que reciben de los directores de centros o de afiliados, han elaborado un mapa provisional de cuántas plazas se pierden en cada provincia. En Sevilla se perderían unidades en Alcalá de Guadaíra, Mairena de Aljarafe, Dos Hermanas, Écija, Marchena o Morón, y en barrios como Triana y centro, en Sevilla capital. La consejería ya ha admitido que en toda la provincia habrá 550 plazas menos para niños de tres años, lo que supondría 22 aulas menos, de acuerdo a las ratios marcadas por la norma.
En Córdoba, la reducción para infantil de tres años es de 325 plazas, lo que equivale a 13 unidades. En Granada 200 menos, ocho clases. En Málaga, USTEA tiene conocimiento de la desaparición de una clase en Alhaurín de la Torre, mientras que en Cádiz se suprimen unidades en Puerto Real, Arcos, Cádiz y Jerez. “De Jaén, Almería y Huelva nos han llegado denuncias, que estamos contrastando con las direcciones de los centros”, señala Carmen Yuste, portavoz de USTEA.
3.600 incorporaciones menos
La Consejería de Educación achaca estas supresiones a la bajada de la natalidad. En total, para los niños y niñas de tres años se ofertan 90.450 plazas de nuevo ingreso. Según sus cifras, a partir de los datos del censo, el próximo año escolar se incorporarán al sistema 3.600 alumnos menos, con una merma total en todo el sistema (diferencia entre los que entran y los que salen) de más de 23.000.
La Consejería defiende que el porcentaje entre plazas ofertadas para niños y niñas de tres años en la escuela pública y en la concertada se va a mantener: 80,6% corresponden a centros públicos y el 19,3% a la concertada, similar distribución a la que existe en el conjunto de la enseñanza sostenida con fondos públicos (Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial). No obstante, aún no se conoce oficialmente cuántos colegios concertados renovarán el concierto.
Para fijar cuántas plazas y unidades se ofertan en cada centro, el equipo directivo envía una estimación a la Delegación de Educación, que a su vez remite su propuesta basada teóricamente en los datos censales. Con esa propuesta, se ofertan las plazas a las familias, que pueden elegir cinco centros. Cuando se cierra el plazo de solicitudes, se abre un nuevo periodo en el que la administración puede corregir sus previsiones iniciales, en función de las solicitudes recabadas en cada centro.
Finalmente, el número de unidades que se suprimen y cuáles se suprimen suele decidirse en torno a junio, después de que en mayo se produzca la adjudicación definitiva de plazas. En septiembre se reajusta ligeramente para familias a las que no se ha asignado la primera opción, y la cifra se convierte en oficial.
¿Efecto disuasorio?
Según los datos de Educación, el 98% de las familias andaluzas lograron plaza en alguno de los cinco centros que se pueden solicitar y el 93,78% en la primera opción elegida. Pero CODAPA y USTEA denuncian que este sistema actúa a modo de “profecía autocumplida”, porque ejerce un efecto disuasorio sobre muchos padres. Aseguran que suando la administración ajusta por lo bajo la oferta en un centro público, las familias optan por otros centros ante el temor de no lograr plaza. “Al final el centro en lugar de 50 solicitudes, recibe 38. Y la Consejería dice: ”Os concedemos una clase, y los 13 que no entran los redistribuyo en otros centros“.
Según USTEA, esto motivó que el año pasado se suprimieran 568 unidades en Andalucía. En 2019 fueron unas 400 unidades y, en el último año de Gobierno socialista, unas 500. Desde l a Administración siempre se ha mantenido que los ajustes se deben al descenso de la natalidad. A juicio del sindicato, la bajada de la natalidad debería aprovecharse para reducir la ratio de alumnos por aula, especialmente en un contexto de pandemia. “Los centros andaluces tienen unas ratios elevadísimas, sobre todo en las ciudades y capitales, con 25 alumnos en la mayoría de los colegios, que es el máximo según la normativa, e incluso por encima”, señala Yuste, que se pregunta: “Si se ha producido bajada de natalidad, ¿por qué no aprovechamos para bajar la ratio?”. El sindicato advierte también de que suprimir una unidad de tres años ahora implica eliminar toda la línea a medio plazo.
“Tememos una pérdida de al menos 3.000 plazas públicas sólo en tres años”, señalan desde CODAPA, que creen que se trata de “un nuevo castigo a la educación pública”.