La jornada de este 14 de mayo ha estado marcada por la primera huelga de docentes de esta legislatura, la segunda desde que gobierna en la Junta de Andalucía el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. De los 108.000 profesores que estaban llamados a la movilización –convocados por tres de los cinco sindicatos mayoritarios de la enseñanza en Andalucía (CCOO, ANPE y USTEA)– ha secundado la huelga el 60%, según las entidades convocantes. Cifra que el Gobierno andaluz recorta considerablemente, hasta situar el seguimiento en un escaso 5,7% del profesorado.
Con el aumento de la plantilla docente y la bajada de la ratio como eje central de sus reivindicaciones, los docentes de la escuela pública andaluza junto a otros miembros de la comunidad educativa han vuelto a salir a la calle después de cuatro años desde la última huelga general. Entonces, el 4 de marzo de 2020, se celebró la primera movilización a la que se enfrentaba Moreno Bonilla, diez días antes de que el Gobierno ordenase confinar a la población frente a la pandemia mundial de Covid-19. Desde entonces, la marea verde se ha manifestado en más de una ocasión en varias provincias andaluzas exigiendo mejoras en la educación pública, pero no ha sido hasta este martes cuando se ha vuelto a convocar una jornada de huelga docente en toda la comunidad.
El choque de cifras en el seguimiento de la huelga (el 60% de los sindicatos frente al 5,7% del Ejecutivo) evidencia el cisma que impera a día de hoy en las relaciones entre las centrales sindicales y la administración andaluza. De hecho, los convocantes han explicado la jornada de movilizaciones como “consecuencia directa de la ruptura unilateral por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de las negociaciones que venían desarrollándose desde el pasado noviembre”.
El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el 4% registrado por su Gobierno “refleja que la huelga no tenía sentido ni estaba justificada”, sumándose así al mantra de “no hay motivos para la huelga” que ha repetido los últimos días la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. Sin embargo, las centrales sindicales convocantes han defendido que “sobran los motivos” y por eso se han echado a la calle, contando con el respaldo de todas las fuerzas de izquierda que componen el Parlamento andaluz y por otros sindicatos docentes como CGT, organizaciones estudiantiles, federaciones de familias y diversos colectivos de la escuela pública.
Sevilla y Málaga, las más movilizadas
Los sindicatos convocantes reconocen que el seguimiento “ha sido desigual”, siendo mayor en las áreas metropolitanas, en la etapa de Secundaria y “en aquellos centros que han sufrido los recortes de aulas por parte de la Consejería en los últimos años”. Durante la jornada, se han desarrollado manifestaciones simultáneas en las ocho capitales de provincias, donde se han coreado consignas como “Moreno Bonilla aumenta la plantilla”. En conjunto, las centrales sindicales cifran la participación en 30.000 personas, destacando las movilizaciones de Sevilla (con 10.000 asistentes) y Málaga (con 5.000), de acuerdo con los datos de CCOO, Ustea y ANPE.
Por todo ello, han valorado la jornada de huelga como “un éxito” y han aprovechado para exigir al Gobierno andaluz que reanude las conversaciones con propuestas concretas. “Con la huelga y movilizaciones de hoy demandamos a la Consejería que rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado, para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que su profesorado vea reconocido su trabajo”, han reclamado los sindicatos en un comunicado conjunto al término de la protesta.
Fuera de esta convocatoria han quedado las otras dos organizaciones sindicales representadas en la mesa de negociación: CSIF, que es la primera en representación desde hace años y ha mantenido un papel más dialogante con el Ejecutivo de Moreno; y UGT, que de un tiempo a esta parte ha abandonado su visión crítica para asumir una posición menos beligerante con la Junta de Andalucía. La falta de unidad sindical lastra la convocatoria de huelga en un colectivo que, por volumen, tiene un indiscutible peso político –capaz de condicionar al Gobierno de turno–, pero que históricamente ha mostrado un bajísimo nivel de sindicación (inferior al 10%), que ha ido decreciendo con los años.
Bajada de la ratio
Las reivindicaciones del profesorado andaluz son estructurales. Hace años que demandan a la Consejería de Educación más plantilla neta para lograr una bajada de la ratio efectiva, esto es, menos alumnos por clase para posibilitar un aprendizaje personalizado. Y, de paso, restar presión laboral a los docentes, dejándoles oxígeno para la innovación educativa, para investigar nuevas técnicas de enseñanza, el uso de las tecnologías en el aula, las fórmulas para atender a un alumnado sobreactivado con pantallas y dispositivos digitales, cada vez con más problemas de concentración.
Esta demanda se ha estrellado sistemáticamente con la Administración educativa –ahora del PP, antes del PSOE–, porque extender aulas de 15 niños donde ahora la ley permite 25 –hasta 28 en casos excepcionales– exige un esfuerzo presupuestario notable. Para USTEA, el objetivo último de la huelga es el aumento de las plantillas docentes, “como la única medida que puede paliar los importantes déficits de la educación pública y frenar las políticas privatizadoras del gobierno andaluz”.
El sistema escolar andaluz se encuentra desde hace unos años en regresión de alumnado por un desplome acuciante de la natalidad. Amparándose en este realidad, la Junta rechaza bajar la ratio por ley alegando que, justo ahora, la relación entre profesorado y estudiantes está más equilibrada que nunca. Sin embargo, desde USTEA, se recuerda que “la comunidad educativa reclama, desde hace años, que el descenso de la natalidad no se utilice como pretexto para mermar la red pública, sino que se aproveche la oportunidad para bajar las ratios: una reivindicación histórica y unánime de la comunidad educativa”.
El Ejecutivo de Moreno suele juguetear con las cifras oficiales, haciendo medias aritméticas alejadas de la realidad de un aula. Lo hace, por ejemplo, al hablar de la “ratio escolar media”, esto es, la media de alumnos por aula en todo el territorio andaluz. Lo que supone sumar los estudiantes de un colegio rural semivacío –que mezcla varias etapas educativas, con niños de distintas edades, dentro de una misma clase– con los de una escuela con sobredemanda de plazas en el centro de Sevilla.
Protesta contra “datos parciales”
En ese sentido, desde Ustea, Carmen Yuste ha reivindicado “esta jornada de lucha contra las mentiras de la Consejería, contra los intentos de manipulación constante que quieren hacer creer a la comunidad educativa que lo que viven día a día y ven con sus propios ojos no es verdad”.
Esta huelga viene precedida además por otra polémica: la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, anunció una semana antes en el Parlamento andaluz una oferta de empleo de 14.000 plazas de profesor para los próximos dos años. “No hay motivos para la huelga”, dijo entonces, y viene repitiendo desde hace días. Los sindicatos convocantes reaccionaron indignados, afeando a Del Pozo que usara “datos parciales”, y que no revelara cuántos docentes están en edad de jubilación en 2025 y 2026.
Es decir, cuántas de esas 14.000 plazas ofertadas son, en realidad, vacantes que dejarán los profesores jubilados, retirados o fallecidos, lo que supone cubrir el 100% de la tasa de reposición. El departamento de Educación no ha aportado esos datos, a preguntas de este periódico, pero insiste en que cubrir todas las vacantes es algo que hace el Gobierno de Moreno y que no hacía el PSOE en su última etapa en la Junta.
La Junta recuerda insistentemente que en el sistema hay 7.000 profesores más que hace cinco años –cuando gobernaba el PSOE–, aunque se han perdido 90.000 alumnos. El dato, sin embargo, obvia que el Ejecutivo de Moreno ha ensanchado el sistema abriendo nuevos ciclos de Formación Profesional, a la par que se ha estrechado suprimiendo miles de aulas de Infantil y Primaria según iba disminuyendo la entrada de nuevo alumnado...
Por todo ello, los sindicatos que representan al profesorado de la escuela pública andaluza instan al Gobierno andaluz a retomar las negociaciones y que se produzcan “evitando la falta de transparencia de la Consejería y las cortinas de humo de macrocifras educativas descontextualizadas”. “No vamos a parar aquí, si la administración no rectifica, continuarán las movilizaciones”, avanzan los representantes sindicales de las organizaciones que han colocado al Gobierno de Moreno frente a la primera huelga docente de la legislatura.