A menos de dos semanas para que se celebren las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, cabe hacer balance de las políticas que ha desarrollado la Junta de Andalucía desde que se produjo el primer cambio de color en el Palacio de San Telmo del PSOE al PP y Ciudadanos. Si ha habido un caballo de batalla en este mandato ese ha sido sin duda el de la sanidad pública, muy marcada por la pandemia de la Covid-19 que estalló en marzo de 2020 y que ha condicionado la gestión desde entonces. Porque precisamente la salud fue el asunto que agotó la imagen de los socialistas durante el último mandato de Susana Díaz.
Con las mareas blancas en alerta y las movilizaciones contra las fusiones hospitalarias en Granada o Sevilla siendo noticia prácticamente cada semana, el PSOE no logró remontar esa situación y acabó cediendo el gobierno andaluz ante Partido Popular y Ciudadanos. Ahora, el PP recupera el mantra de la herencia recibida de los socialistas en esta materia para justificar las carencias del sistema y los errores actuales, pero entonces, durante la campaña electoral de 2018, los populares centraron buena parte de su discurso en reforzar una sanidad pública que ya partía de una situación mejorable y lo hacían a través de unas promesas que en algunos casos se han quedado muy lejos de convertirse en realidad. Las listas de espera y la mejora de la atención primaria son dos de las grandes cuentas pendientes del gobierno de Moreno Bonilla, según desvelan las cifras y las sensaciones que transmiten fuentes sanitarias.
Uno de los grandes compromisos que se marcaron los populares antes de llegar al Ejecutivo regional fue el de aligerar el tiempo para acudir a una consulta médica. Las llamadas listas de espera constituyen un problema no solo en Andalucía, sino en el resto de España, porque son alargadas y generan malestar en la población. En estos tres años y medio de mandato, el Partido Popular sí ha logrado mejorar datos de las listas de espera de la última etapa del PSOE, pero no ha conseguido cumplir con sus promesas en cuanto al número de personas que aguardan para ver a su médico, ni tampoco de mejorar la demora asistencial en la atención primaria. El PP de Moreno Bonilla se fijó como objetivo reducir en los dos primeros años de la legislatura el plazo máximo garantizado para intervenciones quirúrgicas y para tener acceso a consultas externas, pero no lo ha conseguido.
Aunque es cierto que las políticas sanitarias no solo de Andalucía, sino de toda España, han estado marcadas por la pandemia de la Covid-19 desde marzo de 2020, lo que ha dificultado cualquier gestión, también es verdad que la Junta ha elevado su gasto en sanidad por encima del 7% de su PIB (producto interior bruto), tal y como prometió el PP en campaña. Este aumento se debe sobre todo a la necesidad de inversión por la crisis del coronavirus para reforzar el sistema. Pero la pandemia también ha empeorado notablemente la asistencia sanitaria, pues todos los recursos se han centrado en superar el trance de la Covid-19. El sector sanitario afea al Gobierno andaluz que no haya aprovechado la oportunidad que daba una mayor inversión y un cambio de las reglas de juego por el coronavirus para haber puesto en marcha una reforma integral que permitiese mejorar la demora asistencial.
Espera quirúrgica
Mientras que el PP se comprometió a reducir a 60 días la espera para una intervención quirúrgica, lo cierto es que los datos oficiales dibujan una realidad distinta. Según la información que facilita el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con fecha de diciembre de 2021, la demora asistencial de un enfermo andaluz para ser operado está en 134 días de media. Es decir, más del doble del compromiso de los populares. En 2018, con el PSOE en el poder, la media estaba en 208 días.
Yendo al detalle, los pacientes que cuentan con garantías de atención a 90, 120 y 180 días sí están en una mejor situación. Estas personas pueden llegar a tener programada una operación quirúrgica en un plazo medio de 95 días (empeora a 2018 cuando estaba en 85 días), por lo que está dentro de lo estipulado en la normativa andaluza, aunque no en las promesas electorales del PP. Mucho peor es la situación del resto de enfermos que no tienen ninguna garantía de fecha puesto que la media de espera se sitúa en 203 días. Un dato que triplica el objetivo que se marcó el equipo de Moreno Bonilla para su primera legislatura al frente de la Junta de Andalucía. Un ciudadano andaluz puede esperar más de medio año para ser operado. Según los sindicatos, esto constituye un fracaso porque no se ha logrado ni siquiera aumentando la inversión con los conciertos privados.
El “tapón” de un millón de personas para ver a un médico especialista
La mesa sectorial tiene claro que estos números delatan que Andalucía tiene un severo problema con las listas de espera. Según las cifras oficiales del propio SAS, aunque la demora asistencial ha mejorado en estos años, no se ha reducido el número de personas que están en listas de espera, sino que han aumentado. Si el mandato socialista se cerró con 843.000 personas en espera médica, ahora hay más de un millón, según la información que facilita la Consejería de Salud. Sin embargo, pese a que las cifras parecen contradictorias entre sí al apreciarse que hay un descenso en los días que esperan los pacientes para ser atendidos u operados, lo cierto es que tiene su explicación.
Los sindicatos aclaran que la espera para operarse baja en las dolencias menos graves porque en los centros de salud se intenta derivar menos a los médicos especialistas buscando soluciones alternativas con otros tratamientos. Es decir, como los pacientes no siempre llegan a ser derivados, no ingresan en las listas de espera para operarse y esas cifras “se maquillan”, según denuncia el sector. Algo que tachan de “tapón” asistencial.
Pero si la situación no es óptima en cuanto a la demora para acudir al médico o ser operado, tampoco es mejor en cuanto a la atención primaria. La considerada como puerta de entrada del sistema sanitario público ha sido la que más ha sufrido los efectos de la Covid-19. Para la mesa sectorial, está “desmantelada”. Con las consultas de cabecera detenidas durante meses a causa de la pandemia y limitadas a llamadas telefónicas, las funciones se han multiplicado para el personal que no ha aumentado su número y tiene más trabajo. Un cóctel perfecto que ha dejado en quimera el objetivo del PP de establecer una “demora 0” en los centros de salud. Los populares prometieron en 2018 que los andaluces tardarían entre 3 y 4 días en recibir una cita y que estas serían de 10 minutos, pero la realidad es distinta.
Atención primaria desigual
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, dice que la demora está en 2,7 días para ver al médico y es cierto que hay distritos y ambulatorios en los que es posible obtener un encuentro médico para dentro de ese plazo, pero no es algo habitual ya que hay muchos ciudadanos que ni siquiera tienen citas disponibles o han de esperar hasta quince días. De hecho, en estos tres años no ha cambiado prácticamente nada esa situación, ya que en 2018 y 2019 la percepción de la demora media por parte de los pacientes era tan desigual como ahora, aunque no tan crítica como durante buena parte de 2020 y 2021 cuando era imposible tener una cita con el médico de cabecera. Las poblaciones con un número mayor de habitantes tienen una demora que ronda la semana en el mejor de los casos y hay núcleos rurales en los que las condiciones laborales de los médicos hacen que incluso se queden sin atención primaria durante días, teniendo que recurrir a las urgencias hospitalarias más cercanas.
La Junta de Andalucía ha tratado de mejorar esto con un plan presentado el pasado invierno, pero que no aportaba más novedades que las que ya se venían desarrollando previamente, según denunciaban entonces los sindicatos. Propuestas como aumentar la jornada de los médicos y que los enfermeros puedan cribar el estado de salud de una persona que acude a su ambulatorio para ver o no a su médico, no han conseguido el efecto de mejora que se proyectaba.
Tampoco se ha logrado que las citas médicas puedan durar 10 minutos porque las agendas de los médicos de cabecera están saturadas. Hay centros en los que los profesionales llegan a atender a más de 60 pacientes al día, más las visitas físicas que deben hacer y las consultas telefónicas que han llegado para quedarse, sobre todo para renovar recetas y otros aspectos. Aunque la Junta de Andalucía ha desarrollado al fin la continuidad asistencial que permite a estos profesionales trabajar por las tardes cobrando un complemento, que se haya limitado a solo dos días al mes no resulta suficiente para el sector sanitario que reclama un incremento de plantillas y ampliar la continuidad asistencial. Además, el PP prometió ampliar el número de ambulatorios, pero los sindicatos dicen que esto se ha producido de forma “testimonial”. Las mismas fuentes sostienen que es más urgente modernizar los que ya están abiertos, como ha ocurrido con el centro de Martos (Jaén), que en marzo fue noticia porque la rotura de una cañería provocó una inundación.
Por último, el gran discurso sanitario del PP en 2018 fue que el código postal sería “el mismo para todos los andaluces” a la hora de tener mejor accesibilidad médica. En ese sentido, los sindicatos y profesionales recuerdan que la pandemia ha cambiado este panorama para peor porque no hay recursos suficientes sobre todo en cuanto a personal y que la Junta no ha sido capaz de solventar esta problemática, tal y como se señaló con el plan que al final resultó ser una recopilación de medidas ya en marcha.