El gran problema que tenía la Junta de Andalucía para elaborar los presupuestos de 2015 era casar que decía contar con 606 millones de euros menos de la Administración General del Estado (AGE) con respecto a 2014 con dos compromisos costosos: la recuperación del complemento autonómico de la paga extra para todos los empleados públicos y también la jornada laboral completa en el caso de los sanitarios eventuales (en total 447 millones de euros contando los de los entes instrumentales).
Teniendo en cuenta que no se quería reducir en los servicios públicos y que las inversiones están bajo mínimos, la solución ha sido cortar por lo sano: finalmente serán sólo 180 millones de euros menos de la AGE y no 606. ¿Cómo? Pues porque la Junta de Andalucía no ha incluido el pago de los 426 millones de euros correspondientes a la liquidación negativa de los presupuestos de 2013 que tiene que devolver a la AGE que entiende que le transfirió más de lo que le correspondía ese ejercicio. O sea, que el Gobierno de Andalucía cuenta ya con que conseguirá pactar que ese dinero se devuelva en 20 años -ya en otras ocasiones se han fijado plazos- y no tenga que repercutir todo en el próximo ejercicio. “No hubiera sido posible hacer unos presupuestos sin tocar la arquitectura de los servicios públicos si se hubiera contemplado esa devolución”, ha aseverado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
Pero los problemas no acaban ahí para su departamento: a esos 180 millones de euros menos había que sumarle otro inconveniente. Para 2015 no hay paquete de inmuebles que vender, una operación incluida en los presupuestos de 2014 con la que se prevén obtener 292 millones de euros y que se está cerrando “esta semana”, según la consejera. Finalmente se ha equilibrado la balanza, aparte de con la negativa a devolver el próximo año los 426 millones de euros, con otros tres elementos clave.
Primero, porque se prevé una subida de los ingresos por impuestos, no incrementándolos o creando nuevos, sino con mejoras en la recaudación de los tributos propios y los cedidos, por ejemplo con medidas para perseguir el fraude fiscal, y en general por un comportamiento de la economía más favorable. Ese incremento se ha previsto en 235 millones de euros, basándose en que ya se está notando una mejora de la recaudación en 2014, en algunos casos con incrementos de en torno a un 5%, como en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones.
Segundo, con 325 millones de euros más de transferencias procedentes de fondos europeos que se prevén como consecuencia del estreno del nuevo marco 2014-2020 que obliga a ejecutar partidas pendientes. Lo que no se ha gastado, se suma a lo que vendrá, que siempre será menoscen un marco en el que ha dejado teóricamente de estar entre las regiones más necesitadas.
Y tercero porque se gastará menos en el pago de intereses debido a la reducción de los tipos y el aplazamiento de la deuda (se calcula que serán 274 millones de euros de ahorro por este concepto en 2015) y con medidas de eficiencia y racionalización, como por ejemplo centralizar los servicios de limpieza de los distintos departamentos o la compra de combustible, cuestiones en las que ya se está trabajando.