Como cabía prever, hay bastante coincidencia en el diagnóstico de los males del modelo de financiación de las comunidades autónomas en vigor, pero no tanto en cómo superarlos, de manera que las propuestas registradas ya por todos los grupos auguran un posicionamiento común descafeinado por parte del Parlamento de Andalucía de cara a este debate.
De este modo, el empeño que ha puesto la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE-A, Susana Díaz, para tener ese mandato con el que levantar la voz en nombre de la comunidad autónoma más poblada -y de las peor financiadas- puede verse deslucido por las diferencias de planteamiento entre derecha e izquierda, y también centro. Lo han dejado muy claro sus socios de investidura, C's, con un punto de partida mucho más coincidente con el PP, mientras PSOE, Podemos e IU comparten el grueso de propuestas. El 27 de febrero se espera el dictamen como síntesis de lo que se ha presentado hasta este lunes.
Son documentos en los que cada grupo concluye su diagnóstico con visión de partido: el PSOE critica el incumplimiento del Gobierno de España a la hora de afrontar la reforma del modelo y le reprocha su arbitrariedad en la aplicación; el PP martillea con que el sistema lo aprobaron los socialistas con su voto en contra y sostiene que, con Mariano Rajoy en Moncloa, Andalucía ha salida mejor parada; Podemos e IU recuerdan a los dos que han contribuido a los desequilibrios en los servicios públicos fundamentales con medidas como la reforma del 135 de la Constitución Española; y Cs se insiste en erigirse en árbitro de la moderación y el sentido común.
Escuchados decenas de expertos en el grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía, cada uno se ha quedado con las propuestas que le han gustado más y ha sumado las propias, lo mismo que ha hecho a la hora de enfocar su diagnóstico del modelo hacia un lado u otro. Hay por ello más coincidencia en esto último que en las propuestas.
Las cinco similitudes
Necesidad de simplificar el modelo. La mayoría de los grupos propone pasar de cinco tipo de fondos a dos o a la sumo a tres para un modelo menos “complicado” y “opaco”, que son los calificativos que más han usado.
Eliminar el statu quo. Todos coinciden en que con la reforma hay que prescindir de esta premisa que supone que las comunidades autónomas mejor financiadas se garanticen conservar esa ventaja, porque todos entienden que consolida las desigualdades entre territorios y por tanto entre ciudadanos.
Cambiar el cálculo del coste de los servicios públicos fundamentales. Comparten que hay que introducir modificaciones a la hora de fijar la llamada “población ajustada”, y que por tanto cuenta para el sistema, que resulta de introducir variables sobre la real. Entre las propuestas, que se incluya la tasa de paro y la de riesgo de pobreza y exclusión social, como las más reiteradas, pero también valorar la posibilidad de introducir la tasa de precariedad laboral e incluso la diferencia de precios entre regiones.
Crear un fondo de estabilidad para momentos de crisis. Tras comprobarse que la recesión ha hecho estallar el modelo, todos entienden la oportunidad de contar con un fondo de reserva para cuando no toquen años de bonanza. El PP matiza la necesidad de hacerlo cuando se haya logrado controlar la deuda pública pero parece que no habrá problemas esta propuesta.
Reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Todos los grupos ven recomendable cambiar su reglamento, para una mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisión, incidiendo especialmente en la propuesta de voto ponderado.
Las 10 diferencias (como mínimo)
Cuantificación de la insuficiencia del modelo. Cuando se trata de calcular el déficit del modelo en vigor en relación a los recursos que reciben las CCAA y lo que gastan en servicios públicos, el PSOE lo cifra en 16.000 millones de euros; IU lo eleva a 18.000; Podemos se mueve en una horquilla hasta los 20.000; y PP y C's eluden concretar ninguna cantidad.
Incremento de la participación en IVA e impuestos especiales. Es una propuesta que une a PSOE, Podemos e IU, que apuestan aumentar por la participación de las comunidades autónomas en los impuestos indirectos hasta un 70% o 75% según los casos. C's en cambio, quiere desdoblar los impuestos indirectos, como el IRPF, para establecer un tramo autonómico. Mientras, el PP no quiere tocar estos tributos.
Capacidad normativa fiscal de las CCAA. C's quiere incrementarla para una mayor autonomía fiscal, solventando el riesgo de que la UE lo tumbe, mientras que el resto de grupos no lo comparte. El resto no se muestra partidario de esto por los agravios que pueden crearse entre territorios.
Impuestos cedidos. PSOE, Podemos e IU reiteran que se fijen patrones mínimos para evitar el dumping fiscal; el PP insiste en la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones con su bonificación en un 99%, e incluso valorar la eliminación del impuesto sobre el patrimonio; y C's habla de “armonización” en los dos casos encaminada también a su desaparición.
La participación del régimen foral. Podemos e IU proponen clarificar el sistema de País Vasco y Navarra y su participación en la compensación interterritorial: C's va a más y quiere que también lo hagan en la financiación de los servicios públicos fundamentales; el PP se limita a pedir “mayor coordinación; y el PSOE ni lo menciona.
Rechazo a los copagos para financiar los servicios públicos fundamentales. En esto inciden el PSOE, Podemos e IU, pero el PP y C's ni lo mencionan.
Derogación, o por lo menos profunda reforma, del artículo 135 y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Son propuestas de Podemos e IU que el resto no plantea.
También de Podemos e IU: establecer un suelo de inversión en servicios públicos fundamentales en relación con el PIB, de manera que nunca baje del 7% en sanidad, del 5 en educación y del 2% en servicios sociales.
Progresiva desaparición del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que defienden PSOE, Podemos, C's e IU, abogando por ejemplo por sacar la deuda pública a los mercados sin la tutela estatal, pero se olvida de mencionar el PP.
Evaluación del modelo. La propuesta de C's es la más ambiciosa porque propone vincular esto a una evaluación de las políticas públicas para verificar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos. PSOE, Podemos e IU temen que se busque establecer rankings que querían peligrosos, y se centran más en exigir evaluaciones periódicas del modelo en sí -cada tres o cinco años según los casos- mientras el PP pasa de puntillas por este apartado.