La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmaba esta madrugada el decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, una vez “restablecida la normalidad” tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la Corrala Utopía, en Sevilla, según han informado fuentes del Gobierno andaluz. El decreto, publicado en la sede electrónica del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a las 9.30 horas, entra en vigor este mismo sábado.
El reajuste ha consistido en revisar “pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos (17 casos)”, según explica en un comunicado del Gobierno. Tras esta revisión, “se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social”.
“En el caso de las otras nueve familias queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo. Se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas”.
Una reunión con “avances”
Pasadas las 01.00 horas de este sábado, el Gobierno andaluz ha hecho este anuncio, que se produce después de que PSOE-A haya mantenido una reunión con IU -cuya dirección colegiada decidió ayer viernes la suspensión “momentánea” del pacto de gobierno-, de la que salió satisfecho por los “avances” que se habían producido en la gestión de la crisis que estalló el miércoles con el realojo de familias de la Corrala Utopía por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de la federación. Desde el PSOE-A han definido la situación como “muy complicada pero mejorando”, al término este viernes de la reunión que han mantenido los dos socios durante toda la tarde y que no acabó hasta pasadas las once de la noche para solucionar la crisis de la Corrala Utopía. “Quedan flecos todavía”, apuntaban desde IU.
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se mostraba “satisfecho” a la salida de esta sesión y mientras, se marchaba a otro encuentro con los suyos, con el empeño de seguir trabajando para que no se rompa el pacto. Lo mismo han expresado desde IU. “Lo que queremos romper son los porcentajes de paro y de índice de pobreza”, subrayaba horas antes el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Para apostillar: “Pero que no nos tomen el pelo porque somos gente seria”. En este sentido, desde IU se han mostrado especialmente dolidos por la imagen que, “desde una manifiesta deslealtad, ha propiciado el PSOE-A” que se dé de ellos, “insinuando e incluso alimentando la teoría de la derecha” de que son un partido que no está preparado para gobernar una autonomía. La propia insistencia de la presidenta, Susana Díaz, durante todo el viernes en que el realojo ha podido violar los principios de legitimidad que deben regir estos procesos seguía “soliviantando el ambiente”, en palabras de un participante en la negociación.
Unas dos horas después de concluir ese encuentro, el Ejecutivo andaluz ha informado sobre la devolución de las competencias a Fomento y Vivienda, ratificadas en la mañana de este sábado en el Boletín Extraordinario número 1 del BOJA.
Amanecer borrascoso, madrugada templada
Porque la mañana del viernes empezó especialmente complicada, con la suspensión de la reunión que tenían prevista por la mañana -para continuar tras una sesión infructuosa de casi 12 horas el jueves- tras haberse desayunado IU con la publicación del decreto de la presidenta que les retiraba las competencias de adjudicación de VPO a su Consejería de Fomento y Vivienda por el polémico realojo de familias que ocupaban el bloque de pisos situado en la avenida Juventudes Musicales, en Sevilla. El decreto lo había rubricado el jueves la presidenta pero en la coalición de izquierdas confiaban en que mientras estuvieran negociando no iba a aparecer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en ocasiones pasan varios días entre la firma y la publicación). “¿Qué sentido tiene además que nos quite las competencias de adjudicación de vivienda protegida cuando aquí no se ha adjudicado ninguna?”, se preguntaban en IU. “No le ha temblado el pulso. Ha actuado como debe hacerlo una presidenta. Con autoridad”, zanjaba una fuente del PSOE-A.
La determinación de Susana Díaz “sorprendió” a IU, que lo consideró una “provocación” y convocó una reunión de urgencia en la que participó su coordinador general, Cayo Lara, y a la que se incorporó, ya de vuelta del viaje que la había mantenido alejada de toda esta crisis, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Después de varias horas de cónclave, con contactos telefónicos permanentes con la otra parte, Antonio Maíllo, confirmaba la “suspensión momentánea del pacto”. En este tiempo, desde la dirección del PSOE-A se insistía en la necesidad de continuar negociando “pero no a cualquier precio”, según aclaraba un miembro de la ejecutiva regional.
De este modo, tras esta puesta en escena, por la tarde se volvían a sentar las partes y esta vez con un tono más rebajado. IU insiste en convencer a sus oficialmente todavía socios de que el realojo -“que no adjudicación- se hizo con todo el amparo legal. El expediente se ha ofrecido para su revisión a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es la que se ha quedado con las competencias retiradas a IU. Para reforzar su versión, la Consejería de Fomento y Vivienda emitía por la tarde una nota de prensa en la que ofrecía un dato que hasta entonces no se había aclarado: fueron sólo ocho, y no las 22 familias que había en la corrala en el momento del desalojo el pasado domingo, las que recibieron llaves provisionalmente para tener un techo. Son las familias que, según los técnicos de la Consejería, están en riesgo de exclusión social. ”Y no lo dice sólo IU, lo han visto los técnicos, lo ha comprobado el Defensor del Pueblo Andaluz, lo sabe el Ayuntamiento de Sevilla aunque se desentienda, y hay un mandato del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla para que nos ocupemos de ellos“, apuntaban desde la federación.
Recomponer la situación cuando por un lado la presidenta y cabeza de Gobierno se ha sentido retada, y por otro, cuando se han sembrado sospechas sobre la legalidad de las actuaciones de socio y se le han quitado competencias por ello no parece haber sido fácil, pero, de momento, parece que el pacto de Gobierno entre las dos fuerzas políticas se mantendría tras esta medida adoptada por la presidenta.