El Gobierno de Andalucía tiene prácticamente garantizado que esta vez no le ocurrirá como con el decreto ley de la función pública y que el presentado para imponer un nuevo modelo de gestión de las escuelas infantiles será convalidado porel Parlamento de Andalucía, para lo que asumido varias exigencias de C's, cuyos votos, sumados a los del PSOE, son suficientes. Todo ello en previsión de que IU y Podemos, que hablan de privatización y mercantilización del servicio, y el PP, que por su lado también ve muchas deficiencias en la norma, vayan a votar en contra el miércoles en el pleno.
De momento, el líder de C's en Andalucía, Juan Marín, pese a que no ha revelado el sentido del voto de su formación, ha defendido los cambios que han introducido en el decreto ley de la Junta de Andalucía, que desde su borrador ha provocado movilizaciones en la calle. Juan Marín ha destacado sobre todo el compromiso con presupuesto: en las cuentas de 2018 y 2019 “se incrementará un 3% por encima de la media” la partida específica educación infantil.
También ha apuntado que en el bautizado como “decreto ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (0 a 3 años)” se ha procedido a la “corrección de errores”. De este modo, ha explicado que inicialmente “tenía una serie de condicionantes que no era lógico ni razonable que incluyeran, pero C's ha conseguido una vez más, con el diálogo, ser útil para los andaluces”.
Ha explicado que el principal “obstáculo” de esta norma estaba relacionado con el mantenimiento de la apertura del periodo de admisión con derecho a bonificación para todo el año a todas las familias que lo solicitaran, independientemente del mes en el que lo hicieran. Así, ha celebrado que ahora el texto sea “más flexible” y no se cierre a una convocatoria única como planteaba antes.
Desde el PSOE han confirmado que La Junta de Andalucía dispondrá 175,4 millones para este servicio en el próximo curso 2017-2018, lo que ya supone un aumento del 3,7% respecto al presente. En esta línea, el secretario de Organización del PSOE en Andalucía y hombre clave en la comisión de negociación con los socios, ha comentado que “C's ha contribuido a mejorar y resolver algunas inquietudes manifestadas por parte de algunos colectivos”.
Juan Cornejo ha reconocido que se han solucionado “temas técnicos”, como el asunto sobre el mantenimiento de la apertura del periodo de admisión con derecho a bonificación para todo el año a todas las familias que lo solicitaran, independientemente del mes en el que lo hicieran, una rectificación ya publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para incluir también los traslados como motivo para matrículas a mitad de curso y no sólo la fecha de nacimiento del niño.
En cuanto a las becas, que hasta ahora se bonificaban en cuatro tramos -25%, 50%, 75% y 100% del coste del servicio- y se ha pasado a nueve, C's detectó “un error de salto en esta escala”. En concreto, en el tramo de los 36.000 hasta los 40.000 euros de ingresos por familia, que entendía que no era progresivo, pero que, según ha dicho Juan Marín, “se modificará en el próximo Consejo de Gobierno que se celebre una vez que esté aprobado el decreto ley, como se ha comprometido la Junta de Andalucía” con sus socios.
Las movilizaciones siguen
De todas maneras, la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha criticado que la “modificación encubierta” del decreto ley, acometida durante esta Semana Santa, supone una “burla” y una “intentona de lavar la imagen” de la Consejería de Educación por un “fiasco que ha sido criticado por todos los sectores sociales, además de vulnerar el Estatuto de Autonomía”, por lo que mantiene las protestas convocadas al respecto.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del colectivo, Gonzalo de Castro, señala que utilizar la figura del decreto ley para “abordar el régimen de financiación del primer ciclo de educación infantil, cuando la materia hasta la presente ha tenido una regulación de carácter reglamentario, sin lugar a dudas pretende eludir los trámites legales para la modificación del vigente decreto por el que se regulan los centros”.