Tanto IU como el PSOE se han mostrado partidarios de que la Junta de Andalucía, personada como acusación popular en el llamado caso Malaya, presente recurso de casación, ante el Tribunal Supremo (TS) tras la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga.
Durante una concentración celebrada en Marbella, auspiciada por la coalición de izquierdas y a la que han asistido varios cientos de personas (500, según los organizadores), el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha expuesto que el Ejecutivo andaluz, al igual que el Parlamento, “tiene la obligación de que el mayor dinero posible de las multas revierta en la ciudad para reparar el daño patrimonial que se hizo”.
Castro ha recordado que en abril de 2006 se aprobó una resolución “unánime” en la Cámara autonómica, “planteando a futuro la pretensión que ahora mostramos”, en referencia a que el importe de las multas destinadas al Estado, por el delito de blanqueo de capitales, reviertan en el municipio. Además, ha recordado que las enmiendas de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 recogerán dicha petición.
Cree el dirigente izquierdista que con las medidas planteadas tratarán de evitar que el “latrocinio” ocurrido en Marbella “no quede tan impune con las penas tan leves impuestas”.
Los asistentes han criticado la postura de la alcaldesa marbellí, la popular Ángeles Muñoz, que ya ha mostrado su firme decisión de no recurrir dicha sentencia como acusación particular que ejerce el ayuntamiento que preside.
El parlamentario andaluz del PSOE José Bernal, portavoz municipal de su partido en Marbella, se ha sumado al acto de IU y mantiene la misma opinión que Castro en cuanto a un posible recurso de la Junta de Andalucía ante el TS.
Bernal, que no descarta que la Junta opte por adherirse finalmente al recurso de Anticorrupción, ha asegurado haberle trasladado ya al consejero de Justicia, Emilio de Llera, el “malestar reinante” entre los ciudadanos de Marbella con el fallo del tribunal que preside José Godino, ponente de la polémica sentencia.
“No entendemos que aquellos que tienen que velar por los intereses del futuro de la ciudad no hayan tenido un posicionamiento acorde con la ciudadanía”, denuncia el diputado autonómico.
A Bernal le sorprende que “el Ayuntamiento de Marbella, que recurre todas las sentencias favorables a los trabajadores municipales no recurra la de Malaya y la alcaldesa diga que se siente satisfecha” con las condenas. Considera que, con su actitud, “Muñoz se pone del lado de los condenados corruptos”.
El también secretario general del PSOE marbellí propone que si los más de 400 millones de euros de multas al Estado, por blanqueo de capitales, revierten en la ciudad, “en lugar de destinarlos a pagar deudas contraídas con administraciones del Estado, sirvan para planes de empleo, obra pública, dotaciones e infraestructuras”.
Bernal basa su propuesta en que ya existe una negociación de la deuda contraída con administraciones estatales: “Hay un plan de pagos establecido y perfectamente asumible”, por parte del equipo de gobierno municipal del PP.
Los “acuerdos” con empresarios condenados y absueltos
Llama poderosamente la atención que Ángeles Muñoz, tras reclamar a través de los servicios jurídicos municipales 14 millones de indemnización a las arcas -en el marco del delito de malversación de caudales públicos- se conforme con los menos de 2 millones en que cifra el perjuicio patrimonial la sentencia. Cabe recordar que la propia Fiscalía Anticorrupción, que presentará recurso, estimó el daño causado en 4 millones de euros.
El portavoz municipal de IU en Marbella, Enrique Monterroso, así como el también edil y coordinador local de la federación, Miguel Díaz, critican duramente la actitud de la regidora marbellí: “Ella no quiere recurrir la sentencia, quizás por los acuerdos que tiene con determinados empresarios condenados o absueltos”.
Entre los asistentes se encontraba también el exportavoz municipal de IU en Málaga Pedro Moreno Brenes, oficial, mayor del Ayuntamiento de Marbella cuando en 1991, al comienzo del mandato de Jesús Gil, el entonces regidor le dio “vacaciones forzosas”.
Como secretario municipal en funciones, Moreno se negaba a plegarse a los deseos del fallecido alcalde para contravenir la legalidad vigente e incluso despachar con Gil en sus oficinas privadas. Finamente, pidió el traslado a otra localidad malagueña.