Andalucía, con más de 800 kilómetros de costa, es la comunidad autónoma con más puertos deportivos de gestión privada. Diez de ellos, más otros tres clubes náuticos, están afectados por el límite temporal para la concesión de explotación que establece la Ley de Costas de 1988, y que culmina dentro de tres semanas: el 29 de julio de 2018. Para “dar seguridad jurídica” a los propietarios, a los usuarios y a los negocios que trabajan dentro de sus recintos, el Gobierno de Susana Díaz ha impulsado una reforma legal de urgencia que permitirá a las concesionarias afectadas solicitar una prórroga de 50 años más de explotación.
Esa reforma ha entrado este miércoles en el Parlamento andaluz en forma de propuesta de ley de los grupos -pactada de antemano por una alianza inusual: PSOE, PP-A y Ciudadanos- y ha salido adelante sin problemas, a pesar de la sonora protesta de las formaciones de izquierdas, Podemos e IU, que acusan a la Junta de dar cobertura legal a un pelotazo. El Pleno de la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de Ley planteada por PSOE-A, PP-A y Cs para la modificación de la ley de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía de 2007, en lo que respecta al plazo de vigencia de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos. La reforma legal, que ahora seguirá su tramitación en la Cámara hasta la aprobación definitiva, consiste en la introducción de una nueva disposición transitoria, sobre duración de concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos.
Los principales beneficiarios de esta medida serán los propietarios de los puertos deportivos de lujo más exclusivos del Mediterráneo -Puerto Banús, Sotogrande, Puerto Sherry, Clubs El Candado, Marina del Mediterráneo, Almerimar-, empresarios que lograron la concesión a finales de los sesenta (de manos del Gobierno de Franco), o principios de los setenta y ochenta (con un Ejecutivo socialista).
Puerto Banús, por ejemplo, en el municipio malagueño de Marbella, cuenta con 15 hectáreas y tiene capacidad para 915 atraques de yates y cruceros de lujo. Es una de las mayores infraestructuras del Mediterráneo, con capacidad para albergar yates privados de entre 100 y 140. El recinto es, en sí mismo, un destino para el turismo de lujo, alberga tiendas de alta gama, restaurantes gourmet, hoteles, apartamentos, una sede comercial de El Corte Inglés…el conjunto representa una facturación millonaria cada año.
La reforma legal que ha aprobado el Parlamento andaluz viene a clarificar las discrepancias legales que existen en torno a la fecha en la que finaliza la concesión, que vería según el interés de a quién se pregunta. La fecha de mayor consenso es la que fija el límite de la explotación el próximo 29 de julio. Los gestores de Puerto Banús, en cambio, interpretan que la concesión se concedió en 1978 para 99 años. La Consejería de Fomento del Gobierno andaluz defiende la prórroga legal de la concesión de los 10 puertos deportivos afectados, poniendo el énfasis en que de los negocios instalados en sus recintos dependen 30.000 familias. “El hecho de no regular el llamado ‘efecto 2018’ [expiración de la concesión a finales de julio] generaría para la Administración autonómica un aluvión de reclamaciones patrimoniales de cuantías incalculables”, explican desde el departamento de Felipe López. Lo que se plantea en esta modificación de la ley de puertos de Andalucía es “dar seguridad y garantía jurídica a los miles de negocios de los espacios incluidos en los puertos, que quedan en una situación indefinida”, advierten.
Podemos e IU denuncian que el Ejecutivo andaluz está legislando para blindar los privilegios de los millonarios. Los diez grandes puertos deportivos y las otras tres zonas náutico recreativas gestionan, como elementos cedidos a terceros negocios, más de 7.000 atraques, cientos de locales comerciales y, en algunas instalaciones, apartamentos y locales, actividades “de las que depende unas 30.000 familias que se verían afectadas por los cambios en la concesión”, subrayan desde la Consejería de Fomento.
La fecha de referencia que usa la Junta de Andalucía es la que establece la Ley de Costas de 1988. Con anterioridad a la entrada en vigor de esa norma, el Estado otorgó grandes concesiones de carácter demanial para la construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos plazos de larga duración, que iban de los 50 a los 99 años. La legislación posterior limitó el periodo de explotación a 30 años, algo que fue recurrido por algunos de los puertos deportivos afectados ante los tribunales, que dieron la razón al Estado.
La Junta de Andalucía ha presentado una reforma legal para prorrogar otros 50 años la concesión de estos puertos y para ello ha seguido el modelo canario. Hace unos meses, el Parlamento de Canarias aprobó una modificación normativa que estableció que el plazo de duración de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Puertos será el establecido en el respectivo título concesional, en el caso de Puerto Banús, por ejemplo, serían 99 años. La concesión se prolongaría hasta 2067.