Vox se ha interesado este jueves en el Parlamento andaluz por un asunto que concierne a la Ley de Memoria Histórica y que ha recobrado actualidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación inminente de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La pregunta dirigida al Gobierno de PP y Ciudadanos, formulada por el diputado Manuel Gavira, dice así: “¿Pueden informar del contenido del informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta en relación con la exhumación de los restos del general Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena?”
En efecto, el general fascista Queipo de Llano está enterrado en un templo a 100 metros del Parlamento andaluz, basta cruzar la acera para visitar su tumba. No es la primera vez que un grupo pregunta si la Ley andaluza de Memoria, en vigor desde abril de 2017, permite la exhumación de Queipo de la Macarena. Podemos e IU registraron iniciativas similares dirigidas al Gobierno socialista de Susana Díaz y, fruto de la inquietud social, la Administración anterior tuvo conversaciones con el Obispado de Sevilla, con el Ayuntamiento y con la hermandad de la Macarena (responsable de la retirada de la tumba), y finalmente encargó un informe a sus servicios jurídicos para saber si la Junta, con la Ley de Memoria en la mano, tenía competencias para obligar a sacar los restos de Queipo de la basílica.
Vox pregunta ahora sobre ese informe, pero con un sentido contrario al de los partidos de izquierdas: “Sobre Queipo no queremos perder mucho el tiempo y tampoco que lo pierda la consejera de Cultura”, aclara el portavoz del grupo de extrema derecha, Alejandro Hernández. El citado informe, al que ha tenido acceso este periódico, tiene seis páginas y está firmado por el entonces letrado jefe de la Junta Manuel Andrés Navarro Atienza el 31 de julio de 2017, cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria.
En esos cuatro meses en vigor, la ex presidenta Susana Díaz se mostró esquiva sobre la aplicación de la ley en el caso Queipo, consciente del conflicto social que acarrearía en Sevilla tensionar la relación institucional con la Macarena, una de las hermandades más poderosas de la ciudad. Díaz jamás se pronunció a favor ni en contra de la exhumación, siempre se remitió a la ley y su interpretación jurídica. Finalmente la Junta pidió a su gabinete jurídico que “se pronunciara sobre sus competencias en relación con la retirada de la tumba del general Queipo de Llano, dirigente del golpe militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República en Sevilla, cuyos restos están depositados en la Macarena, espacio privado de uso público”.
El informe, que no es vinculante, empezó por advertir que la ley era “de reciente aprobación” y, por tanto, “aún no contamos con parámetros de jurisprudencia particularizados sobre su régimen jurídico especial que pudieran coadyuvar a la interpretación de los preceptos”. Si lo que buscaba la Junta era un aval jurídico para sacar a Queipo, no lo tuvo. El letrado advirtió enseguida que la norma aún estaba en pañales: en ese momento, la Macarena incluso estaba en plazo legal para retirar la cripta del general franquista, si hubiera querido.
Pero el informe no se quedó ahí. El letrado de la Junta puso en duda que una tumba, aún siendo la de un militar fascista, entre dentro de la definición que la ley hace de “elementos contrarios a la Memoria Histórica que deben ser retirados o eliminados”. “La ley emplea un concepto genérico, ”elementos“, acompañado de una enumeración ejemplificativa de algunos (escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero o inscripciones)”. A esta descripción se añade un requisito finalista: “realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
Sobre la base de esta definición, el letrado concluye que “resulta cuando menos discutible (...) y dudoso” que la tumba de Queipo entre en esta definición, “ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria”.
Un comité de expertos
La definición de simbología o elemento contrario a la Memoria, recogida en el artículo 32 de la ley, ha servido para que muchos ayuntamientos retiren voluntariamente vestigios arquitectónicos y nombres de calles franquistas. Es más, muchos lo hicieron antes, en aplicación de la Ley estatal de Memoria de 2007. Sin embargo, no ha sido el caso del mausoleo de Franco ni de la tumba de Queipo. Los restos del militar fascista -declarado “genocida” por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla- están dentro de la Macarena, según la ley, “un edificio de carácter privado con proyección a un espacio o uso público”. En este caso, son los propietarios (la hermandad de la Macarena) “los que deberán retirarlos o eliminarlos”. La cofradía también solicitó un informe privado a un bufete de abogados y, en virtud de su resultado, decidió mantener los restos donde estaban.
Cuando la eliminación de los elementos franquistas no es voluntaria, la ley delega la decisión final de retirarlos a un comité de expertos dependiente del Gobierno andaluz. “Dada la complejidad para determinar los criterios que permitan identificar los elementos contrarios a la Memoria, se sugiere la inclusión de un procedimiento u órgano que objetive esta calificación”. Un tribunal de profesores e historiadores que decida qué debe retirarse y qué no. Así lo recuerda el informe jurídico sobre la tumba de Queipo, que subraya que dicho comité de expertos de la Junta nunca llegó a crearse. “La primera competencia de la Junta sería la de crear el citado comité técnico (...) para elaborar la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria (...) y notificar a las personas titulares de dichos elementos su incumplimiento de la norma y su obligación de retirarlos o eliminarlos”.
El anterior Gobierno socialista dejó redactado el decreto sobre símbolos contrarios a la Memoria, que incluía el reglamento y la composición de dicho comité (aclarando cómo debía designarse a sus miembros entre profesionales de reconocido prestigio). El decreto fue redactado, inició su tramitación y llegó hasta el Consejo Consultivo, pero entonces sobrevino el cambio de Gobierno, y el nuevo Ejecutivo de PP y Cs retiró el borrador del Consultivo antes de que éste se pronunciara al respecto.
La consejera de Cultura y actual responsable de políticas memorialistas, Patricia del Pozo, explicó que su intención al frenar el decreto era sustituirlo por una orden, cuya tramitación es más rápida. El PSOE considera la explicación “una trampa”, “una excusa”, “una táctica conocida del PP para dejar morir de inanición las políticas de Memoria”. Con todo, el propio informe jurídico que solicitó el Gobierno socialista advertía de que las distintas leyes memorialistas de España, al mandatar la retirada de simbología franquista, habían dado lugar a recursos en los tribunales y “resoluciones arbitrarias”, “pues otorga un margen excesivo a la discrecionalidad de la Administración, al tratarse de conceptos jurídicos indeterminados sin ninguna concreción”.
La Ley andaluza de Memoria da un plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigor, para proceder a la retirada o eliminación de símbolos franquistas. En caso de estar en edificios públicos o privados, cuyos dueños se niegan a retirarlos, será la Junta quien “incoará de oficio el procedimiento previsto para ejecutarlo”. La Ley de Memoria entró en vigor el 4 de abril de 2017, recibió el informe cuatro meses después y, para entonces, ni estaba creado el comité de expertos, ni se había incluido la tumba de Queipo entre los elementos contrarios a la Memoria. Además de eso, la Macarena estaba en plazo aún para cumplir la ley y exhumar al general, si hubiera querido.
Vox, a debate
Todo este debate regresa al Parlamento andaluz este jueves auspiciado por Vox, para regocijo del PSOE andaluz, que puede sacar más rédito político apelando a la inminente exhumación de Franco promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y con el aval del Congreso y del Tribunal Supremo.
Vox es el socio de legislatura del Gobierno andaluz de PP y Cs y, entre las exigencias que impuso a cambio de su apoyo, estaba la derogación de la Ley de Memoria y su sustitución por una ley de Concordia. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno aceptó la cláusula y se avino a cambiar una norma que fue aprobada durante el mandato anterior sin ningún voto en contra (PP y Cs se abstuvieron), pero con el compromiso de que la futura ley de Concordia tendría que sumar más apoyos que la de Memoria.
De momento, la Junta aplica la legislación que existe y mantiene el mismo presupuesto para exhumación de fosas que tenía el PSOE, aunque ha variado el reglamento para otorgar ayudas a las asociaciones memorialistas, porque Vox exigió que estas entidades no podían destinar más del 20% de las ayudas a su autofinanciación. El dinero debía servir para desarrollar alguna investigación o proyecto concreto. La consejera de Cultura pidió a su equipo comprobar si había alguna organización memorialista o grupo universitario de investigación que dedicase más del 20% de la subvención a su propia financiación, y no encontró ningún caso. “No existe ese supuesto”, dijo, y aún así, redactó la convocatoria de ayudas tal y como le exigía Vox.