“El decreto no simplifica, elimina controles”. Manuel Jiménez Barrios, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido el encargado este martes de anunciar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de 50 senadores socialistas del decreto andaluz “mal llamado de simplificación administrativa” que cambió 21 leyes y seis decretos en pleno estado de alarma y con 18 diputados en el Parlamento.
El recurso será llevado al alto tribunal por 50 miembros del Senado de España, que lo interpondrán en nombre del PSOE andaluz “cuando queden habilitados los plazos administrativos actualmente suspendidos”, según ha explicado Jiménez Barrios, que ha dicho que la Junta ha “aprovechado la excusa de la crisis sanitaria” para aprobar cuestiones que “nada tienen que ver con esta”. En todo caso, el PSOE andaluz respaldará las acciones de la Junta para tratar de frenar la expansión del virus, “pero no esto”, en alusión al conocido decreto.
“Chapuza jurídica”, “desatino” y un sinfín de calificativos contra la “contrarreforma legislativa”, aprobada el 9 de marzo y convalidada finalmente el pasado 2 de abril. Pese a la petición expuesta el domingo por Juan Manuel Moreno a Pedro Sánchez durante la videoconferencia de presidentes, como explicó el presidente de la Junta, de que el PSOE reconsidera su posición planteada la semana pasada a través del Consejo de Ministros, el portavoz socialista ha dicho que Moreno “debería retirar el decreto y debe volver a la senda del diálogo, a la que está dispuesta el PSOE”.
Barrios ha dicho que “la excusa de la crisis sanitaria no puede servir para meter por la puerta de atrás cuestiones que no tienen que ver” con ella, como la eliminación de la autorización administrativa en materia de patrimonio histórico relativa a actuaciones en torno a bienes de interés cultural o a éstos mismos cuando se trata de intervenciones mínimas; el fin de la prohibición de la técnica de confinamiento de suelos contaminados, o la modificación del reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre.
“¿Por qué no dialoga?”
“¿Por qué no hace lo que pide a Sanchez y predica con el ejemplo?, ¿por qué no dialoga?, ¿por qué tiene miedo de acudir a la Cámara?, ¿por qué le tiene alergia?”, le ha preguntado, instándole a que el Gobierno de PP y Ciudadanos podría haber tramitado las cuestiones por un procedimiento de urgencia, pero lo ha hecho “sin participación, sin debatir con los sectores sociales” y en “un ejemplo clarísimo de atropello al marco parlamentario y al sentido común”, y que, además, “provoca una grave inseguridad jurídica”.
Según ha detallado Jiménez Barrios, más de 80 asociaciones han recurrido el decreto ante el Defensor del Pueblo de España, 27 de las cuales escribieron una carta al presidente de la Junta para que no diese aprobación a este “atropello”. El decreto “no es urgente en el presente y pone en peligro el futuro, debilitándolo con medidas que pueden volver a permitir desarrollos urbanísticos pasando por encima de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente”, ha señalado.
“Estamos ante una clara ilegalidad, especialmente respecto a la Ley del Consejo Audiovisual”, ha denunciado. En este sentido, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá pronunciarse el próximo 28 de abril sobre este decreto del Gobierno andaluz, que le quita competencias y normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios pirata.