CCOO considera un “éxito” la huelga del personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos

CCOO Enseñanza califica de “éxito total” la huelga convocada entre los técnicos de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) por el mantenimiento de sus empleos, con una participación “superior al 90%”. Además, destaca que “más de 1.000 trabajadores”, llegados de las ochos provincias andaluzas, se han concentrado ante la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla.

Así, en un comunicado, ha recordado que la huelga se ha convocado entre los casi 1.400 PTIS e ILSE contratados por empresas para prestar ambos servicios educativos en 1.300 centros de enseñanza públicos repartidos por toda Andalucía, “siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres”, ha destacado.

El objeto de esa huelga, informa CCOO, ha sido exigir el “cumplimiento” de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su artículo 130.3, por la que la Consejería de Educación está obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la administración.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “la huelga ha sido un éxito, con más del 90% de participación, lamentando que si no se ha llegado al 100% ha sido por presión y amenazas de algunas de las empresas hacia las trabajadoras, actuación que no va a permitir el sindicato”.

“Además --añade el responsable sindical--, más de mil trabajadoras y trabajadores se han concentrado ante la Consejería de Educación y Deporte, llegadas desde las ocho provincias andaluzas, para exigir la subrogación de sus empleos”.

CCOO recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) “no tiene competencias” para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.

Además, el sindicato denuncia que en este proceso la Administración “está utilizando una engañosa intencionalidad con las trabajadoras, haciéndolas creer que para mantener sus empleos, la única solución para ambos colectivos pasa por inscribirse en una bolsa de trabajo”, y que la Administración “no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad una vez sean rescatados ambos servicios, sino que lo son los sindicatos, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación tal como dicta la Ley”.

A este respecto, Molina incide en que “la única solución viable es la aplicación de la Ley y la subrogación”, añadiendo, que “CCOO está al lado de las trabajadoras, con las que ha consensuado un calendario de movilizaciones que se extiende a hasta marzo, siendo las próximas acciones de protesta concentraciones en las ocho provincias el 22 de enero, y una nueva concentración a las puertas de la Consejería en Sevilla el 29 de este mismo mes”.

“Si la Consejería de Educación y Deporte no atiende las demandas de estas trabajadoras, con el apoyo de CCOO, están dispuestas a llegar hasta el final, incluyendo la huelga indefinida”, apostilla Molina.

“Revertir” su situación

Por su parte, la Consejería ha reiterado que desde el primer momento “no ha dejado de trabajar para encontrar fórmulas que permitan revertir la situación laboral tan precaria” del personal técnico de integración social (PTIS) y de los intérpretes de lengua de signos (ILSE), “de la que se desentendió el anterior gobierno socialista”, analizando las opciones que el marco de la ley permita asumir.

En un comunicado, Educación ha explicado que nada más acceder al cargo, antes incluso de que estuviese constituido el equipo de trabajo de la Consejería de Educación, el consejero, en sus primeras reuniones con los distintos colectivos, recibió a representantes de las PTIS, que expusieron “la situación laboral tan precaria que sufren desde hace años” estos profesionales que atienden a los alumnos con necesidades especiales, en un servicio externalizado que se presta a través de empresas.

Desde entonces, la Consejería ha destacado que “no ha dejado de trabajar para encontrar fórmulas que permitan revertir esa situación laboral tan precaria”, analizando las opciones que el marco de la ley permita asumir, para añadir que en diciembre tuvo lugar la última reunión con estos dos colectivos, para informarles sobre las distintas opciones, “en una muestra más del diálogo social permanente que mantiene esta Consejería y este Gobierno”.

Además, ha recordado que Imbroda expresó públicamente el pasado viernes la “firme voluntad de este Gobierno para que todos los profesionales de estos dos colectivos mantengan sus puestos de trabajo”. “Estamos estudiando, junto a ellos, cómo hacerlo. Estamos hablando y seguiremos teniendo reuniones para explicarles los pasos que estamos dando, siempre dentro del marco legal”, afirmó entonces.