Desde este viernes está en vigor el decreto de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por el que retira la competencia en materia de adjucación de vivienda protegida a la Consejería de Fomento y Vivienda. Figura publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 11 de abril de 2014. Lo firmó este jueves y se ha publicado un día después, pese a que a veces estas tramitaciones tardan varias jornadas y había quien apostaba porque pasaría el fin de semana sin que entrara en vigor.
El decreto se publica en medio de la negociación para intentar salvar el pacto de gobierno que el jueves terminó sin solución tras casi 12 horas de reunión. Se iba a retomar este viernes por parte del comité de enlace. De momento se ha suspendido, aunque las dos fuerzas que gobiernan en Andalucía (PSOE-A e IU) confirman que siguen negociando “por teléfono”. Para IU, la publicación del decreto es un órdago y una “provocación”. IU insistía en su retirada, pero también hay quien piensa en la coalición de izquierdas que todo se reconducible. Bastaría con retirarlo, porque en cualquier caso la presidenta dijo que era “provisionalmente”.
Esta decisión se ha adoptado después de que esta consejería continuara adelante con su plan para realojar a la veintena de familias que habían sido expulsadas el pasado domingo de la conocida como Corrala Utopía, un inmueble de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012. Eso, pese a las órdenes contrarias de la presidenta que tenía dudas legales sobre el procedimiento. Susana Díaz intuía que se podía incurrir en prevaricación si no estaban perfectamente documentados los informes de los servicios sociales que acreditaran que era un caso de emergencia y de riesgo de exclusión social frente a otras personas que están en los registros de demandantes a la espera. Esta polémica se ha ido fraguando con la consejera del ramo, Elena Cortés, de viaje por Colombia y Panamá. Esta mañana llegaría a Madrid su vuelo.
En dicho decreto la presidenta decide que “corresponden a la consejería de Hacienda y Administración Pública”, en manos de María Jesús Montero, las competencias “relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica” dentro de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo. También aclara que las otras dos consejerías de IU, Turismo y Comercio y Relaciones Institucionales y Administración Local, mantienen sus competencias.
Reunión urgente de IU
Tras conocer la publicación del decreto, Izquierda Unida ha convocado de urgencia a su dirección colegiada en Andalucía para analizar la situación. La reunión ha sido convocada por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que suspende por este motivo toda la actividad programada esta mañana en Huelva junto al coordinador general de IU, Cayo Lara. Ambos tienen previsto comparecer en rueda de prensa en Sevilla para informar de las decisiones que puedan adoptarse.