El uso de fondos públicos en un prostíbulo amenaza al Gobierno andaluz con reavivar el fantasma de los ERE
El Gobierno andaluz está personado como acusación particular en una causa judicial que investiga, entre otras cosas, el gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla con cargo a la tarjeta de crédito de un antiguo directivo de la agencia pública para formación de parados. Pero el PP andaluz se ha anticipado al denunciar ante los medios “escándalo” que salpica a la Consejería de Empleo, y ahora la gestión política y de comunicación que está haciendo la Junta de este asunto amenaza con estallarle en un momento políticamente muy delicado, cuando la presidenta Susana Díaz barrunta la idea de adelantar las elecciones andaluzas al próximo otoño.
La investigación judicial es una pieza separada de otra macrocausa -el supuesto fraude en los cursos de formación a parados- que gira en torno a la extinta Faffe –Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo- y al que fuera uno de sus directivos en el año 2010, Fernando Villén, un socialista muy conocido en el partido y en la Junta. El 22 de marzo de 2010, Villén usó una tarjeta MasterCard asociada a la Faffe en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- para realizar 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Extrañamente, esto ocurrió el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constan en la contabilidad de la tarjeta porque fueron anulados por el portador a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne. Alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados.
En el sumario de la investigación aparecen las declaraciones, como testigo, del dueño del prostíbulo, que señalan a un alto cargo de la Faffe. El PP hizo pública parte de aquella declaración y empezó a denunciar -aún sin pruebas documentales- el uso irregular de la tarjeta de crédito en un prostíbulo. Acto seguido, y a petición de la jueza que instruye el caso, la Consejería de Empleo inicia una investigación interna sobre la tarjeta. Al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, se solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable y así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en un club de alterne entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. La documentación se puso en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta que, el pasado 1 de junio, la remitió a la jueza que instruye el caso, María Núñez Bolaños. A instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la magistrada había solicitado reiteradamente a la Junta los extractos bancarios de dicha tarjeta y la operativa de la misma, es decir, cómo se trabajaba con ella.
El Gobierno andaluz ha calificado hoy este caso de “lamentable, intolerable y patético” y recuerda que fueron ellos quienes pusieron en manos de la Justicia la documentación sobre los extractos bancarios de la tarjeta bajo sospecha. Además se proporcionó a los agentes de la UCO los ordenadores con las claves para que accedieran a toda la contabilidad de la Faffe. Sin embargo, los detalles del gasto en el prostítulo –el montante total y el desglose de cada factura- fueron hechos públicos por el Partido Popular andaluz en una comparecencia ante la prensa este lunes. La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, acusa de haber mentido al consejero de Empleo, Javier Carnero, al portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, y a la propia presidenta Susana Díaz.
Carnero compareció en el Parlamento andaluz para dar explicaciones sobre la tarjeta del directivo de la Faffe el pasado 12 de junio, casi dos semanas después de haber descubierto el gasto de los 15.000 euros en un prostíbulo y de remitir la documentación al juzgado. El consejero omitió esos datos en su comparecencia parlamentaria y la Junta ha evitado informar de ello hasta que el PP lo ha hecho público. “No hay secreto de sumario sobre esta causa, pero todos los sumarios tienen carácter reservado y nosotros hemos querido preservarlo”, explican desde la Consejería de Empleo, que se remiten a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que niegan rotundamente que hayan mentido sobre el asunto, como denuncia el PP.
Pagos en metálico
El pasado mayo, el consejero Carnero ya tuvo que comparecer ante la prensa para dar explicaciones sobre las primeras denuncias de los populares sobre la tarjeta del directivo de la Faffe. Se dijo entonces que sólo constaba en contabilidad una tarjeta de crédito asociada a esta empresa pública, que el gasto total con ella ascendía a 1.563 euros entre 2005 y 2010 y en ningún caso se detectó irregularidad alguna. El propio Villén explicó hace dos meses que usó la tarjeta de la empresa pública “por error”, creyendo que era la suya, y abonó algunos pagos en aquel prostíbulo donde celebraban, dijo, una despedida de soltero. Al darse cuenta, devolvió el dinero y pagó las facturas de su bolsillo, de modo que “no hubo menoscabo de fondos públicos”. No todo está aclarado con estas explicaciones. Fernando Villén asegura que gastó 538 euros con la tarjeta de la Faffe, pero los extractos de la madrugada del 22 de marzo suman 14.737 euros. La Guardia Civil desconoce aún quien acudió al día siguiente a abonar la cuenta en metálico, evitando que se cargara el cobro de la tarjeta de crédito. Además esta tarjeta tenía un tope de gasto de 3.000 al mes, y ese día se cuadruplicó el límite.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha explicado este martes que en ese momento la Junta “no conocía el segundo abono de casi 15.000 euros” en el club de alterne de Sevilla. “La Consejería de Empleo hizo el rastreo de movimientos de cuentas de la tarjeta de la Faffe, pidió los extractos al banco, descubrió el gasto de esos casi 15.000 euros y los entregó en los juzgados en cuanto tuvo conocimiento de la irregularidad”, advierte. Existe una segunda tarjeta de crédito bajo sospecha asociada al mismo contrato con la Faffe, aunque la Junta asegura que ésta “nunca llegó a usarse”, bien “por pérdida o por deterioro”.
La denuncia de los populares y la tardanza de la Junta al responder ha sobredimensionado un asunto con evidentes resonancias al fraude de los ERE, que se encuentra ahora mismo en un juicio abierto. La tarjeta del directivo de la Faffe plantea un relato muy similar al mayor caso de corrupción conocido en Andalucía: el gasto de dinero público destinado a la formación de parados en una fiesta con prostitutas la misma tarde en que era destituido el consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales imputados en la causa de los ERE.
La jueza María Núñez –sustituta de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción 6- continuó la investigación de los ERE, pero también indaga sobre el uso irregular de dinero público por parte de la extinta Faffe, una fundación siempre bajo sospecha -la oposición denuncia que es una “agencia de colocación del PSOE andaluz para amigos y familiares”- y que llegó a gestionar hasta 300 millones de euros de dinero público. El PP de Andalucía ha exigido al Gobierno de Susana Díaz “toda la verdad” sobre el uso de “tarjetas opacas” en la Faffe y ha llamado la atención sobre “la sucesión de falsedades” aportadas tanto por la presidenta de la Junta como por otros destacados miembros de su Gobierno y del PSOE.
El asunto es delicado porque reaviva el fantasma de la corrupción en el seno del Gobierno andaluz, cuando aún no se ha apagado el escándalo de los ERE. Una veintena de ex altos cargos de la Junta están siendo juzgados estos días por prevaricación y malversación de fondos públicos destinados a parados y empresas en crisis, entre ellos dos ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juicio se prolongará aún varios meses y la sentencia no se conocerá, presumiblemente, hasta el año que viene, pero fuentes del Gobierno andaluz admiten que es un dato que la presidenta baraja ante la posibilidad de adelantar las autonómicas al próximo otoño. No son casos parejos, porque los ERE es una macrocausa con más de 700 imputados -incluida la ex cúpula del Gobierno andaluz- y porque se investiga el uso irregular de unos fondos para ayudas de Empleo que superan los 800 millones de euros entre 2000 y 2011. El tema del uso irregular de la tarjeta, por ahora, se circunscriben a esos 15.000 euros (que fueron devueltos) y la Junta, aunque admite que el asunto es “asqueroso”, asegura que no se han detectado más gastos irregulares de este tipo.
A pesar de todo, este asunto de la tarjeta de crédito de la Junta utilizada en un prostíbulo es dinamita en manos del principal partido de la oposición, que ve la oportunidad de volver a usar las denuncias de corrupción como principal línea de confrontación con el Gobierno socialista de Susana Díaz. Más aún ahora que ha sido un caso de corrupción -la sentencia de la trama Gürtel que prueba la financiación ilegal del PP- la que ha servido de plataforma al PSOE de Pedro Sánchez para impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy y desbancar al PP del Gobierno.
