El incumplimiento de la ley de Memoria Histórica llega hasta el Papa. El abogado Eduardo Ranz, convertido en acicate contra entidades públicas y religiosas que mantienen símbolos del franquismo, solicita en la sede del Vaticano en España, la Nunciatura apostólica, la salida de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla.
La petición se realiza el 16 de julio de 2015, en la previa del día 18, 79 aniversario del alzamiento militar de corte fascista contra la II República. El letrado presenta además escrito en 16 regiones que conservan este tipo de alegorías fascistas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Canarias, Cantabria, La Rioja e Islas Baleares. “En todos los gobiernos autonómicos, a excepción de Euskadi, por ser la única que lo tiene ya hecho”, apunta.
Antes de pisar Roma, la queja por mantener símbolos del franquismo y de enaltecimiento de la dictadura acumula denuncias a 77 alcaldes, 24 obispos y arzobispos y varias oficinas consulares, como en Marruecos, Panamá o Bolivia. Ranz, especializado en temas memorialistas y de defensa de los derechos humanos, pide además a los parlamentos regionales que elaboren un Catálogo de Vestigios oficial de cada región.
“Delito contra la independencia del Estado”
La queja ante la representación de Roma en el país, a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucia, exige “la retirada inmediata de simbología de Guerra Civil y Dictadura del territorio perteneciente a la iglesia católica española”. Y cita casos concretos. Caso de “la salida de los cuerpos de Francisco Franco Bahamonde, de José Antonio Primo de Rivera, que reposan en la basílica de El Valle de los Caídos”. O también, la retirada de los restos “de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que reposa en el interior de la iglesia de la Macarena, por ser todos ellos –los enterramientos en templos religiosos– contarios al Derecho Constitucional Canónico”.
La petición solicita “la remoción, traslado, de los obispos que no han dado cumplimiento” a la “denuncia penal” que emprendió el pasado 14 de abril “contra arzobispos u obispos, acusándoles de un delito contra la independencia del Estado”. Cinco obispos españoles, de las diócesis de Segovia y Coria-Cáceres, y los obispados de Santander, Tui-Vigo y Ciudad Rodrigo “han manifestado en sus respuestas que no tienen inconveniente en la retirada de simbología de exaltación” del fascismo español.
Quienes no han respondido son los responsables eclesiásticos de Madrid, Córdoba, Sevilla, Pamplona, Valencia, Mérida-Badajoz, Almería, Cuenca, Cartagena, Orihuela-Alicante, Badajoz, Zaragoza, Oviedo, Getafe, Alcalá de Henares, Ourense, Santiago y Calahorra, Sigüenza-Guadalajara y La Cazolda-Logroño.
Así, eleva ahora la apuesta “al superior jerárquico”, el Papa Francisco I, “al cumplirse tres meses de esta petición”. Expertos en la materia consultados por este medio entienden en todo caso que el escrito “no obliga a nada. La novedad es que como algunos obispos no le han hecho caso, tira por elevación. Pero Roma no hará nada porque no es su competencia”.
Sin catálogo oficial de símbolos franquistas
A los gobiernos autonómicos, Ranz y su gabinete jurídico piden varios pasos: elaboración de un catálogo de vestigios, creación de una Comisión Técnica y que, tras su elaboración, dicho inventario de símbolos franquistas “quede a disposición de los ayuntamientos con la finalidad de que sean los consistorios quienes retiren la simbología y redefinan las calles de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”.
Tanto en el caso de Roma como en las diferentes regiones, solicita audiencia privada con el Papa y los respectivos presidentes autonómicos. “Mantener la simbología franquista”, apunta, “es ser cómplice de la Guerra Civil y dictadura en el año 2015, por tanto, ser contrarios a la constitución y democracia”.
En todo caso, el abogado implicado en temas memorialistas usa varios caminos en su lucha contra la elementos de exaltación de la dictadura. “Una triple vía: administrativa de derecho de petición a los ayuntamientos; denuncia penal por delito contra la independencia del Estado contra obispos y arzobispos; y delitos de desobediencia a los alcaldes y alegaciones por incumplimiento de las normas canónicas a entidades religiosas”, comenta en el programa 'La memoria', de Radio Andalucía Información (RTVA).
“Ninguna institución pública ha catalogado los símbolos franquistas que hay en España”, resalta Ranz como uno de los principales inconvenientes junto al “problema grave de acceso a archivos”, tanto públicos como privados. Y en el fondo, dice, está el incumplimiento a la ley memorialista y una comparación nítida: “Es impensable que una víctima del nazismo pasee por Alemania y vea esvásticas. ¿Por qué una víctima del franquismo puede ver calles dedicadas a asesinos y golpistas?”.
De ahí que proceda “a comunicarle al Papa que hay una serie de personas que durante décadas han incumplido las normas más básicas católicas y defendido una cruzada falsamente interpretada”. Hasta ahora, el envite acarrea pocas respuestas positivas. Caso de ayuntamientos “que se han tomado en serio la reglamentación y han retirado simbología”. O del “obispado de Segovia, que ha remitido una carta diciendo que quiere hacer una resolución para quitar la simbología franquista de la diócesis”, apunta. “Que un general golpista esté enterrado en una basílica en Sevilla vulnera el derecho canónico”, continúa. “Que sepamos, ni Queipo de Llano, José Antonio (Primo de Rivera) o Francisco Franco son obispos, cardenales ni papas”.