Querella por prevaricación contra la alcaldesa de Marbella
El partido Opción Sampedreña (OSP), que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Marbella, ha presentado este miércoles una querella por presunto delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa de la ciudad malagueña, Ángeles Muñoz (PP).
En dicho escrito, de 26 de folios de extensión, al que ha tenido acceso eldiario.es, los querellantes basan la acusación contra la regidora en la creación de dos plazas de directores generales, el pasado mes de mayo, que fueron adjudicadas a los hasta entonces ediles no electos del PP Baldomero León y Federico Vallés. Ambos eran hasta ese momento miembros de la Junta Local de Gobierno.
Los dos altos cargos populares citados, contra quienes también se dirige la querella, se vieron obligados a abandonar sus cargos como miembros del equipo de Gobierno a finales del pasado mes de abril, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) tal y como ocurrió en otros ayuntamientos de España. El fallo establecía que sólo los ediles electos podían formar parte de las juntas locales de gobierno.
Fue a raíz de la citada sentencia del TC cuando la regidora marbellí procedió a la convocatoria de las dos plazas. Una de director general de Deportes y otra de Participación Ciudadana. De hecho, Muñoz, sin haberse abierto aún el plazo administrativo, aseguró públicamente que León y Vallés permanecerían en el Consistorio desempeñando funciones públicas.
“La contratación, llevada a cabo por vía de urgencia, vulnerando los principios elementales de la contratación pública, supuso repartir los puestos entre personas afines políticamente a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que ella regenta”, señala la querella en alusión al Partido Popular.
La convocatoria de las dos plazas nunca se anunció en el BOP, ni tampoco en el BOJA. Se dispuso un simple anuncio en el tablón habilitado para tales fines en el Ayuntamiento de Marbella. Fue el jueves 9 de mayo y el plazo para las instancias expiró el lunes 13 de dicho mes. Tan sólo tres días hábiles para presentar solicitudes. “El sábado ni siquiera se podía acceder a la segunda planta del edificio consistorial, donde estaba el tablón”, concretan los querellantes.
Se da la circunstancia de que un funcionario municipal, con más de 25 años de experiencia en la delegación municipal de Deportes, quiso optar a la plaza de director general de dicha área. “Su solicitud ni siquiera fue examinada, ni baremada, ni desestimada, ni por la alcaldesa ni por la Junta Local de Gobierno”.
De hecho, según los querellantes, se procedió al nombramiento de Ferico Vallés como director general de Deportes “sin ostentar la condición de funcionario requerida para dicha plaza”.
“La arbitrariedad ha sido la nota reinante en el proceso de selección, porque la designación de los dos puestos directivos nunca obedeció a principios de mérito y capacidad, ni a criterios de idoneidad”. Para OSP no existió publicidad de la convocatoria, ni de sus bases, “ni transparencia en la elección”.
Aunque la querella se dirige, en principio, contra la alcaldesa y los dos ex ediles no electos citados, por haber actuado “de forma concertada” entre ellos, en el escrito presentado en los Juzgados de Marbella se aprecia la posibilidad de que los integrantes de la Junta Local de Gobierno del PP hayan actuado como “cooperadores necesarios” del delito de prevaricación administrativa que se denuncia.
Otros partidos de la oposición marbellí, como PSOE e IU, así como sindicatos municipales, ya advirtieron a la alcaldesa, al convocar dichas plazas, de la posible comisión de un delito de prevaricación.
El portavoz de OSP, Rafael Piña, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que antes de interponer la querella “hemos agotado todas las vías”, al haber solicitado a la alcaldesa que revocase los nombramientos y anulase todo el proceso que dio lugar a la polémica creación de las dos plazas.
“Durante los tres días de plazo advertimos de las irregularidades que se estaban cometiendo y nadie nos respondió”, denuncia Piña. Además, relata las “numerosas trabas” que tuvieron para acceder al expediente. Finalmente -acota- “hemos seguido el consejo que nos dio el PP, que fue el de acudir a los tribunales si no estábamos satisfechos”.
A todo lo anterior, se suma el hecho de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2013, había prohibido a todas las administraciones locales realizar nuevas contrataciones y menos aún sin oferta pública de empleo. No consta ninguna dotación presupuestaria para tales plazas, ni tampoco se justifica la urgencia, según la querella.
Respuesta del PP
El coordinador general de Hacienda de Marbella, Carlos Rubio, alto cargo de confianza del PP, ha respondido que el procedimiento de contratación de dichos directores generales “ha cumplido escrupulosamente los requisitos que marca la ley”.
Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Málaga durante los Gobiernos de Aznar, sostiene que “el procedimiento de contratación contó con la publicidad y la concurrencia que marca la ley y además las plazas ya existían, porque se habían creado por la Junta de Gobierno Local”.
Por medio de un comunicado oficial, argumenta que “los nombramientos de cargos directivos son competencia de la Junta de Gobierno Local, no de la alcaldesa”. Así pues sugiere a OSP que si detecta una irregularidad en un procedimiento administrativo tiene que acudir a esta vía, no a la penal“, concluye Rubio.
