Cuando se detecta un contagio de coronavirus, empieza la labor del rastreador, encargado de avisar tanto al positivo de COVID-19 como a las personas que hayan estado en contacto estrecho con este. En Andalucía hay 953 rastreadores contratados de forma exclusiva para ello, aunque otros 8.000 están en jornada parcial o complementaria para hacer las llamadas y realizar el pertinente estudio con el fin último de tratar de evitar la propagación de la pandemia. Pero la estrategia no termina de funcionar porque el índice de contagios está muy por encima del alcance real que tienen los rastreadores para localizarlos.
Las estadísticas de infectados que ofrece a diario la Consejería de Salud y Familias no retratan fielmente la gravedad de la situación (sí lo hace, en cambio, la saturación de los hospitales y la derivación de pacientes a clínicas privadas). Puede que el caso más paradigmático sea el de una alto cargo de la Junta de Andalucía muy próxima a la toma de decisiones sobre la gestión de la pandemia: esta trabajadora, que prefiere guardar el anonimato, respetaba escrupulosamente las normas de seguridad contra la COVID-19, pero “sin saber cómo” se contagió. “Puede que en el supermercado”, se lamenta. Empezó a sentir síntomas parecidos a los de un resfriado, llamó a Salud Responde, la sometieron a una serie de preguntas y descartaron el coronavirus. “Puedes ir a trabajar sin problema”. Pero los síntomas eran visibles: tos aguda, dolor de cabeza, mareos. ¿Cómo iba a meterse en la sala de mandos del Gobierno andaluz con esa duda?
Optó, “voluntariamente”, por pagarse una prueba PCR en una clínica privada –150 euros– que confirmó su positivo. Avisó a sus jefes de que iniciaba una cuarentena en casa de 14 días, llamó al teléfono de la Junta para el coronavirus y contó que estaba contagiada y que en los últimos días había estado en contacto con una serie de personas, sus convivientes, parientes próximos, amigos, compañeros de trabajo. No tanta gente, una media docena, pero en los días siguientes ninguno recibió la llamada de los rastreadores. Ella misma, por seguridad, pagó otra PCR a sus padres, mayores y con dolencias previas, para quedarse tranquila. Se reincorporó a las dos semanas, consciente de que ella se podía permitir suplir la falta de recursos de la sanidad pública, que no había llegado a proteger a sus familiares, “pero mucha otra gente no tendrá dinero para pagarse las pruebas”.
María trabaja de rastreadora en una capital andaluza y explica a este periódico su labor diaria, que le ocupa siete horas (de 15.00 a 22.00 horas) y en la que lleva ya cinco meses. Su contrato es hasta finales de abril. Además de interesarse por el estado de salud y la sintomatología del caso COVID, como rastreadora se preocupa de comunicar por teléfono las medidas de aislamiento que debe tomar tanto el positivo como el contacto estrecho (sin mascarilla durante más de 15 minutos a menos de dos metros). Como no se puede desvelar quién ha sido el origen de un posible contagio, suele ser el positivo el que avisa previamente a esos posibles contactos estrechos y ya el rastreador se pone en contacto con ellos, advirtiéndoles de que tienen que estar diez días en cuarentena hasta que se les haga la PCR si se ve necesario, explica la rastreadora. También existen los casos de alta complejidad: aquellos de positivos que “convivan con mucha gente”, esto es, los que se dan en colegios e institutos, unidades de día, residencias o conventos, y auxiliares de ayuda a domicilio, en los que se pasa aviso a un epidemiólogo para que realice “un rastreo más intenso” y explique los protocolos a seguir en grupos. Todo se va registrando en un programa habilitado por la Junta para ello.
Aunque la rastreadora asegura que ella no ha dejado a nadie sin llamar, señala que “la gente se queja de que no se llama a todos los contactos estrechos”. Y explica: “Nosotras estamos obligadas a llamarlos pero ha habido momentos en que los casos subieron tantísimo que no dábamos abasto. A veces, como íbamos tan mal de tiempo, se le ha tenido que decir al positivo que se encargara de decírselo a sus contactos estrechos. No con adolescentes, por ejemplo, pero sí cuando se ha apreciado que se trataba de una persona de mediana edad porque no había manera de estar al día con los casos. Hemos confiado a veces en que los positivos llamaran a sus contactos estrechos. Nuestro deber es llamarlos a todos, pero cuando ha habido una avalancha de casos, como después de las navidades, nos decían que fuéramos avanzando. Distinto es con los convivientes, a los que no se les suele llamar si las circunstancias son normales entre la familia. También nos ha pasado que, si no nos ha cogido el teléfono algún contacto estrecho, hemos tenido que seguir avanzando”.
Según relata, hay conversaciones de todo tipo, personas que tienen claras las medidas y sus contactos estrechos, y otras que no saben qué hacer ni con quiénes han estado en los días precedentes a su contagio, algo frecuente entre adolescentes. Los casos tienen que quedarse registrados por completo, algo que se dificulta si se trata de personas mayores o de personas que han tenido muchos contactos estrechos. “Es importante paralizar a los contactos estrechos. Muchas veces los llamamos y están en la calle. La picaresca de la gente es amplia, por no dejar de trabajar o por otra razón. He visto de todo”, apunta la rastreadora.
Según informa la Junta de Andalucía a este periódico, hay 953 rastreadores contratados de forma exclusiva para ello, más 2.000 profesionales al 20% de jornada parcial, más 6.000 en disposición de hacer jornada complementaria (guardias) cuando sea necesario incrementar el rastreo por las tardes, festivos y fines de semana. A estos se añaden los 120 rastreadores militares cedidos por el Ministerio de Defensa.
Desde UGT Andalucía se duda de la veracidad de las cifras aportadas por la Junta. “Si fuese verdad que hay 2.000 contratados al 20% de su jornada, es una vergüenza de empleo precario, más aún con lo fundamental que es ese trabajo para evitar que se desboque otra vez la pandemia, e indica lo poco en serio que se toma la administración lo de los rastreos”, apunta Antonio Macías, secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía.
Por parte del sindicato de Enfermería Satse, se indica que “en general nadie se queja de la falta de rastreadores, al menos en este momento”, aunque “se notó más el déficit las primeras semanas de enero, cuando empezaron a crecer los casos por la tercera ola, pero los propios profesionales consideran que han realizado una labor importante y, si no han podido cubrir a un mayor número de población, es por la alta incidencia COVID que había y el elevado número de contactos directos de cada caso, siendo necesario en algunos casos reforzar estas labores con los efectivos destinados por el Ejército”.
Las fuentes de Satse añaden que “en algunas zonas básicas de salud, los profesionales destinados a labores de control y seguimiento de COVID trabajan más de 12 horas al día y se sienten poco reconocidos, si bien no está habiendo problemas para compensar los horarios fuera de la jornada ordinaria”. Esa labor, según detallan las fuentes sindicales, está recayendo “principalmente en enfermeras, pero también en médicos y otro personal sanitario que por sus circunstancias de ser personal de riesgo se les adapta su puesto de trabajo, principalmente de Atención Primaria pero también de hospitales”. “También por la alta incidencia y la suspensión de las consultas de fisioterapia, muchos de estos profesionales han pasado a rastrear desde finales de enero, pero la previsión es que se vayan reincorporando a sus consultas con la bajada de los casos”, concluyen.
Desde CCOO Andalucía entienden que “tiene que haber un equilibro en el uso de profesionales de Atención Primaria con funciones de rastreadores, de forma que no perjudique las tareas asistenciales que estén establecidas en los centros de salud”. Asimismo, apuntan en todo caso que “el número de rastreador debería ser mayor y que se garantice un buen funcionamiento de los centros de salud”.
Para el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el tema de los rastreadores es “un tema complejo para saber la realidad” porque “no sabemos número de forma fehaciente”. Profesionales de Atención Primera y de Preventiva de hospital están realizando una labor que “es complicada porque la ciudadanía es reacia a dar muchos datos suyos y de su familia y amigos”. Por otro lado, “al estar haciendo de rastreadores, dejan de atender a sus propios pacientes en el centro de salud o, más frecuentemente, tienen que alargar su jornada laboral, sin nada a cambio, para atender a todos”. En opinión del SMA, “el rastreo se debería lllevar a cabo por otro personal distinto a los facultativos que deben estar centrados en la atención de los pacientes. Solo aquellos que no puedan atender pacientes de forma presencial por ser personal de riesgo podrían ser utilizados como rastreadores”.
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