Esta semana los representantes andaluces de las tres organizaciones agrarias profesionales (OPAS), Asaja, Coag y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, han amenazado con volver a retomar las movilizaciones que dejaron aparcadas hace un año por culpa del coronavirus, y sacar de nuevo los tractores a la calle.
No ha sido un año fácil para ellos que continúan con las mismas reivindicaciones de entonces. Sin embargo, el detonante ha sido ahora el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC, publicado el pasado 27 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Pero, ¿qué dice ese decreto? ¿Cómo afecta a los agricultores y ganaderos andaluces? ¿Por qué no les gusta a esas cuatro organizaciones?
El decreto de la discordia
En octubre del pasado año, se aprobó en Bruselas el acuerdo político para la nueva PAC (Política Agraria Común) que afecta a los 27 países miembros de la Unión Europea. Un acuerdo que llegaba después de dos años y medio de negociaciones y que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023.
En los dos años que hay desde la anterior PAC, que finalizó en 2020, hasta el inicio de la nueva, hay un periodo transitorio, durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.724 millones de euros, si bien con las reglas de la anterior PAC.
Para ello ha sido necesario aprobar un decreto de transición, primero a nivel europeo, en el mes de diciembre y después a nivel nacional, en España: el publicado el 27 de enero. Este decreto, puesto en entredicho por organizaciones agrarias y cooperativas, lo que establece es la forma en la que se pagarán las ayudas europeas en España, con cargo a la PAC durante esos dos años y que marcará también los siguientes.
Derechos, regiones y tarifa plana
Las quejas de las cuatro organizaciones se refieren principalmente a la convergencia de las ayudas, y al planteamiento sobre el futuro reparto nacional de los fondos.
Para entender esto, hay que tener en cuenta, de qué forma se reciben las ayudas de la PAC por parte de agricultores y ganaderos. Desde el 2006, en España comenzó un proceso por el que se desvincularon totalmente las ayudas de la producción. Es el llamado desacoplamiento.
Esto se sustituyó por un régimen de derechos de pago único que se asignaron a agricultores y ganaderos. El número de derechos coincidía con el número de las hectáreas declaradas en el periodo establecido, y el importe de los derechos dependía de lo que el productor cobró en ese periodo, es decir, del valor que esos derechos tuvieran en ese periodo dependiendo de la región PAC en la que se encontrase la explotación. Estos son los llamados derechos históricos, que comenzaron a aplicarse en 2015.
Al contrario de lo que se pueda pensar, los derechos de la PAC no se asignan a las tierras sino a la persona que las explota. De forma que una persona puede ser dueña de unas tierras y no cobrar esos derechos. Un requisito indispensable es ser agricultor o ganadero activo.
Con este nuevo decreto se pretende cambiar de nuevo la forma en la que se pagan las ayudas. En un proceso, que según denuncian las cuatro organizaciones, se está haciendo sin consensuar con el sector y de forma acelerada. Además consideran, “que ataca directamente a la principal región agraria de España: la andaluza”.
Reparto de fondos
En este reparto nacional de los fondos europeos, según las OPAS y cooperativas, se eliminarían los derechos históricos, se reducirían el número de regiones productoras y se impulsaría un modelo de tasa plana.
Derechos históricos. Con la eliminación de los derechos históricos, todos aquellos que reciben las ayudas basándose en lo establecido en 2015, pondrían, según un símil, el contador a cero. Para recibir sus ayudas no se tendría en cuenta ni lo cobrado hasta ahora ni la historia de sus explotaciones. Produciéndose, según las organizaciones, más incertidumbre, ya que no se tiene la más mínima idea del importe de ayuda que le corresponde, al perderse las referencias.
Reducción de regiones productoras. En España hay un total de 50 regiones productoras, que no se corresponden con límites geográficos sino con el tipo de cultivo y de producción. Es decir, las regiones se establecieron con criterios de orientación productiva de las hectáreas declaradas y determinadas en la campaña 2013 y al potencial productivo medio de cada comarca agraria.
De tal forma que hay regiones como la 6.1, por ejemplo, que engloba tierra de cultivo secano, en la que están incluidas comarcas agrarias tan distantes como la Sierra de Rioja Media (La Rioja), Bajo Penedés (Cataluña), Campo de Níjar (Almería), Los Pedroches (Córdoba), Campo de Gibraltar (Cádiz) o la Sierra Sur (Jaén).
Dependiendo de la región productora a la que pertenece una comarca se cobra una ayuda media. Así, según los datos de 2019, había regiones donde el valor medio del derecho se pagaba a 60,39 euros y en otras, 1.430,66 euros. Con la tasa plana todos los territorios, más o menos productivos, cobrarían el mismo valor por los derechos.
Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, con esta reforma menos del 1% de los 227.000 preceptores de la PAC en Andalucía verán reducidas sus ayudas y esa reducción será de, como mucho, un 20%; el resto mantendrá, más o menos, el mismo importe. Asimismo, ha defendido que con el decreto de transición de la PAC, “de forma progresiva, dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo y en las mismas condiciones recibirán lo mismo”. “Al aproximarse a la media, hay quienes logran ingresos superiores, que se les escucha poco. Se escucha más a quienes creen que sus ingresos disminuirán. Pero es necesario”.
Críticas: “Dejará fuera a entre 54.000 y 120.000 productores andaluces”
Según los datos manejados por las organizaciones agrarias y cooperativas, esta propuesta se traducirá en la pérdida de alrededor de un 50 % de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces. Además, dejará fuera de este sistema de ayudas a entre 54.000 y 120.000 productores andaluces.
El presidente de ASAJA Andalucía, Ricardo Serra, ha criticado que no se hayan atendido ninguna de las alegaciones de las organizaciones y que el ministro de Agricultura haya aprovechado la situación ocasionada por el coronavirus para ir en contra de los beneficios de los andaluces. Desde la organización consideran que la tasa plana o “café para todos” que plantea el ministro se puede entender en países del norte de Europa con una agricultura homogénea, pero no en países como España con una gran diversidad y riqueza de cultivos.
Desde la organización agraria COAG rechazan que se eliminen los derechos de pago básico y transformarlos en un pago por superficie. Creen que los derechos deben permanecer asignados a los que trabajan como titulares activos y viven de esta actividad. Asimismo, consideran que la pérdida de renta se produciría especialmente en aquellos agricultores de riego y ganaderos que más han invertido para poder ser productivos. Que además son los que generan más trabajo y fijan la población al territorio.
Su secretario general en Andalucía, Miguel López, habla de “atraco perfectamente planificado”, disfrazado de “una falsa pátina de solidaridad”. Incluso llama al ministro, “lobo disfrazado de cordero” que “obedece los mandatos de los mercados financieros”.
UPA Andalucía ha criticado que con el argumento de “redistribuir” mejor las ayudas, el Ministerio de Agricultura haya optado “erróneamente” por aplicar una convergencia brusca en el valor de los derechos dentro de cada región.
Consideran que esta convergencia brusca no redistribuye renta, sino todo lo contrario, va a causar un claro perjuicio a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Productores con pocos derechos, pero de alto valor, y que son los que realizan inversiones en modernizaciones constantes en sus explotaciones agrarias para producir más y mejor, generando economía y empleo, y que verán cóomo sus importes disminuyen en favor de las grandes explotaciones con mucha superficie e importes de pago por hectárea menores.
La excepción, UPA Jaén
La organización agraria UPA en Jaén, desmarcándose de su organización a nivel regional y nacional, ha defendido desde el principio el decreto de transición aprobado por el Gobierno, asegurando que beneficiaría a “la gran mayoría de agricultores que solicitan las ayudas de la PAC”. Sin embargo, esta misma semana ha comparecido su secretario general, Cristóbal Cano, diciendo que se sienten decepcionados, ya que, al aplicarse la convergencia de las ayudas de forma lineal los que más pierden son los pequeños y medianos productores, que son la gran mayoría en Jaén y en Andalucía. Por lo que ha pedido una discriminación positiva para ellos.
Finalmente, el vicepresidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, ha lamentado que el Real Decreto de Convergencia “se ha hecho a espaldas del sector” y cree que supone “un ataque al modelo de la agricultura que hay en Andalucía”. “¿Por qué Andalucía dentro de España es una de las agriculturas más avanzada? Por esa forma de trabajar de sus agricultores y ganaderos, de agruparse en cooperativas y de intentar dar una producción estable para la sociedad que la necesita y medioambientalmente compatible en su gestión”, y “ese trabajo ha estado reconocido hasta ahora por la PAC”. De ahí que no entiendan el porqué de “esa postura unilateral” tomada por el Gobierno “en contra de este modelo de agricultura que se desarrolla en Andalucía”.