“La realidad es difícil de cambiar”. El juez que ha conseguido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considere que la ley hipotecaria española vulnera los derechos de los consumidores por sus cláusulas abusivas, José María Fernández Seijo, no las tiene todas consigo. “Una sola sentencia no es suficiente ni va a resolver todos los problemas de los ciudadanos”, señala el magistrado, quien también se pregunta por qué ni este Gobierno ni ninguno de los anteriores ha sido capaz de aplicar una directiva europea que data de 1993, en la que se basa la sentencia de Luxemburgo. “Los legisladores se han equivocado históricamente”, lamenta al recordar que se ha tenido que acudir antes a una normativa europea de hace 20 años para cambiar la nacional.
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona que llevó a Europa el sistema español de ejecución hipotecaria considera que “el mandato comunitario es claro” y “ya en las enmiendas para la nueva ley española” se están adoptando las medidas estipuladas en la sentencia del pasado 14 de marzo. “El Tribunal dice que para evitar los desequilibrios de la vida moderna tiene que haber una intervención positiva…”, al menos “ahora tenemos un instrumento que antes no teníamos”. El juez cita términos como “reposo”, “sosiego” o “atemperar” en el momento de afrontar ejecuciones hipotecarias sobre las que “modular una respuesta dependiendo de cada caso”. Ahora le podemos poner cara a lo que era una “ejecución ciega a un simple número de finca”.
Confiesa que le perdió el miedo al tribunal de Luxemburgo cuando acudió hace 30 años a un seminario mientras estudiaba Derecho en la Complutense y señala modestamente que el “terremoto” alcanzado con su exitosa demanda de 2011 se debe en gran medida a la “coincidencia temporal” con los debates social (las movilizaciones ciudadanas por la crisis) y político (la Iniciativa Legislativa Popular sobre desahucios que pedía la dación en pago). El “impacto emocional” del fallo también viene causado, a su juicio, por el papel que están jugando actualmente de los medios de comunicación. “La demanda no fue noticia en su momento”, explica este autodenominado “funcionario público”, que resalta la función “catalizadora” de los jueces en momentos de crisis en los que “muchos asuntos acaban en los juzgados”.
Cuestionado sobre el papel que jugaron las entidades financieras durante el ‘boom’ inmobiliario, Fernández Seijo no es partidario de “demonizar” a ningún colectivo, y apunta que “muchas han sido sensibles y paralizaron ejecuciones antes de la sentencia”. “Las deficiencias del sistema se detectan una vez se inicia la crisis”, y, en este sentido, las entidades “también creen que el marco jurídico debe cambiar”. El “abuso” es “generalizado” en el ámbito mercantil, añade.
¿Escraches? “El fin no debe justificar los medios”
“A ninguno nos gustaría que por nuestro trabajo vinieran a casa a afear nuestra conducta delante de nuestros hijos o familiares más cercanos”, señala Fernández Seijo, quien rechaza “de manera radical” los escraches al apreciar que superan los “límites razonables” y que “el fin no debe justificar los medios”. Argumenta que el uso de “instrumentos coactivos no es bueno para una democracia” y le hacen “un flaco favor” a las instituciones “aunque desde la perspectiva social sea legítimo”.
Ningún gobierno ha tenido “la sensibilidad o la capacidad” para atajar estas situaciones, indica Fernández Seijo, que ha participado en Sevilla en el seminario Las ejecuciones hipotecarias en España tras la Sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con la coordinación del bufete Moreana, Abogados y Economistas.