Lo dijo Griñán hace nueve años a las puertas del Tribunal Supremo: “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”. La incriminación por prevaricación y malversación de la cúpula política de la Junta de Andalucía durante tantos años que el Tribunal Constitucional está últimamente poniendo muy en duda, rebajando o anulando algunas condenas, lleva a replantear quién y cómo puso sobre la mesa que el Gobierno autonómico engañó al Parlamento, que es la única teoría que está rebatiendo el tribunal de garantías, no que no hubiera un fraude, admitido por el propio expresidente de la Junta y del PSOE.
Esa teoría la asumieron tres jueces de Instrucción de Sevilla, la Fiscalía en todos los niveles (excepto el del TC), la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. Por encargo de la jueza Mercedes Alaya, un equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda entonces en manos de Cristóbal Montoro (2011-2018), elaboró en diciembre de 2013 un informe de 8.000 folios, ratificado en todas esas instancias judiciales a lo largo de la instrucción del caso ERE y que todas las partes consideran pieza clave y base de la acusación pero cuyas conclusiones ahora están siendo realmente cuestionadas por el Tribunal Constitucional al analizar los recursos de amparo de los condenados.
La idoneidad de un equipo de peritos de la IGAE designados para el caso de los ERE, cuyo director fue administrador judicial de empresas de la Gürtel, para elaborar un informe de tal calado ha sido puesto en duda en todo este tiempo. “No cabe la designación de perito para elaborar un dictamen de naturaleza técnico-jurídica”, llegó a decir la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en un recurso de la causa contra la agencia IDEA en septiembre de 2017. Segarra, luego fiscal general del Estado, rechazó la presencia de una pericia de ese tipo “si es sobre aspectos exclusivamente jurídicos”, como así ocurrió con el informe de los funcionarios del Estado.
Su postura coincidía con la que la Junta, entonces en manos del PSOE, había mantenido respecto a que aquellos peritos pudieron “aventurarse a realizar un análisis jurídico de amplio espectro”, considerando que aquel informe pericial tenía “un objeto de nulo valor probatorio y escaso valor científico”. La propia IGAE se negó a analizar leyes para un juzgado en otra causa, trasladando a la jueza que investigaba la adjudicación de la mina de Aznalcóllar que examinar diversas normativas “desborda” sus funciones y competencias. Por contra, en el informe encargado para el caso ERE, el organismo estatal desgranó la regulación de las ayudas sociolaborales y todo tipo de decretos y leyes.
En aquel largo informe del caso ERE, ratificado en Sevilla en febrero de 2015 y luego ante el propio Tribunal Supremo para continuar con el procedimiento contra varios exaltos cargos del Gobierno andaluz, los peritos, los mismos que obviaron las ayudas del Ministerio de Empleo que luego se encargó de retomar la jueza Núñez Bolaños, analizaron todo tipo de normativa laboral y contable para establecer unas conclusiones que han sido consideradas fundamentales en el procedimiento para sostener la acusación. El objeto de investigación de Alaya y de la IGAE siempre fue la legalidad o no de las ayudas, cuestionando de fondo el uso de transferencias de financiación para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas.
El informe de los peritos del Estado rechazó el uso de las transferencias de financiación como herramienta presupuestaria usada por la Junta de Andalucía para sugragar los ERE. En aquel informe, los peritos consideraron “improcedente” dicha figura e insisten en que su uso en la fase de presupuesto y de ejecución fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”. La contrapericial presentada por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán definió dichas transferencias como “un instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado”.
La instrucción dirigida por Alaya concluyó, con base a aquel informe pericial de la IGAE, que la Junta se inventó un sistema “inadecuado” de gestión de subvenciones, que creó un 'procedimiento específico' por el cual fueron condenadas muchas personas, incluidos dos expresidentes andaluces que, supuestamente, lo habrían conocido y permitido. En su escrito de defensa, el propio expresidente Griñán pidió “expulsar” como prueba del juicio el informe de los peritos de la IGAE. Aquel informe “versa sobre materia estrictamente jurídica” y fue emitido “por profanos en Derecho, por muy funcionarios de la IGAE que sean”, opinaron ya otras defensas.
En otra de las comparecencias de los peritos del Estado, que celebraron varias sesiones con las partes personadas, estos reconocieron que mantuvieron “ocho reuniones aproximadamente” con Alaya antes de presentar su informe en diciembre de 2013, según denunció públicamente el entonces abogado de Griñán, José María Mohedano. Para el letrado, constituyó “un hecho muy grave” porque los peritos no estaban para auxiliar judicialmente a la jueza sino para emitir “de manera independiente e imparcial” un informe. Mohedano lamentó públicamente que Alaya no considerara procedentes sus preguntas sobre las “coincidencias” entre algunos párrafos del informe pericial y de autos de la jueza.
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