Renta básica andaluza: un año de estudio para ninguna conclusión

El Grupo de Trabajo en materia de renta básica de ciudadanía de la IX Legislatura era, valga la redundancia, de la novena legislatura. Es decir, murió con ella el pasado abril. Su objetivo era “analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica al objeto de poder fijar el alcance de una ley que pudiera regular en Andalucía de una manera progresiva la incorporación de este derecho”. Lo dijo en su primera sesión (20 mayo 2014) la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. El derecho lo establece el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en vigor desde marzo de 2007.

El pasado 10 de diciembre de 2014, tras consumir dos periodos de sesiones, se aprobó la concesión de una nueva prórroga del plazo para la realización del cometido del grupo antes de acabar el siguiente periodo. Era la segunda y última prórroga. Fueron los únicos dos acuerdos a los que llegó el grupo, que recogió básicamente la opinión al respecto de agentes sociales y universitarios a lo largo de 15 sesiones y 11 meses, desde febrero de 2014, cuando oficialmente se constituyó el grupo. Dada la densidad de las comparecencias, no fue realmente un ritmo bajo de reuniones, según fuentes consultadas.

Pero no hubo siguiente período de sesiones en la legislatura. Tan solo dio tiempo a que el 15 de enero de 2015 se reuniera de nuevo el grupo de trabajo para programar próximos encuentros que nunca llegaron a producirse. Con la disolución del Parlamento, se dio por cerrado el grupo sin que se elaborara un informe, pese a que el artículo 54 del Reglamento del Parlamento dice que estos grupos “elaborarán un informe que habrá de ser debatido por la Comisión junto con los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios”. Garantizar por ley una prestación económica sustitutoria del actual salario social, en tanto el Ejecutivo central regula la renta básica como derecho para todo el país, tendría que esperar.

Fuentes parlamentarias confirman que el grupo de trabajo no llegó a elaborar ningún informe debido a la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones. No se elaboró informe, no dio tiempo, “no se pudo concluir el trabajo”, señalan igualmente desde la propia Consejería de Igualdad y Politicas Sociales, encargada de elaborar el anteproyecto de ley. La única documentación oficial que consta que se haya elaborado en el Parlamento son los diarios de sesiones del grupo de trabajo (sólo las comparecencias de agentes sociales, el resto de sesiones no se transcribe).

Rechazo a las propuestas de renta básica

Si en 2014 la renta básica volvió a la agenda política y social, 2015 puede ser año de tránsito sin resultados concretos. El pasado martes 14 de julio, el Consejo de Gobierno rechazó de una tacada la tramitación de la Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) Proposición de Ley de Renta Social Básica, presentada por varios ayuntamientos de Andalucía, con el apoyo del Partido Andalucista, y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, promovida por la plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía', ambas admitidas a trámite por el Parlamento a finales de 2014. Las rechazaba, en ambos casos, “por implicar aumento de los créditos presupuestarios”, según se recoge en ambos acuerdos.

El Ejecutivo andaluz, que argumentó que ya está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley sobre esa materia, anunció que enviaría su texto al Parlamento antes de que finalice el periodo de sesiones de 2016 (junio del próximo año) para establecer “medidas para asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas en riesgo de exclusión social”. Según se argumenta en los acuerdos, “el Gobierno de Andalucía está trabajando en la línea de las conclusiones provisionales” a las que llegó el grupo de trabajo, donde se configuraron “las líneas maestras de una futura ley”.

Entre los argumentos para rechazar las propuestas, el Consejo de Gobierno de la Junta indicó que “los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales, vivienda y empleo tienen un insustituible papel en la prevención de la exclusión social y en la promoción de la inclusión social y laboral”, y que “se trata de una norma de gran complejidad técnica pues debe garantizar que los recursos disponibles lleguen efectivamente a aquellos colectivos más vulnerables y castigados por la crisis y, a tales efectos, deberá acompañarse de los correspondientes informes técnicos y jurídicos que garantizarán la legalidad de la decisión”.

Sindicatos, plataformas y partidos, indignados

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, al conocer el criterio contrario de la Junta a tramitar las propuestas hechas llegar vía parlamentaria, criticó el “desprecio a la gente más necesitada” por parte de la Administración, lamentando que “ese nuevo tiempo del que hablan empieza por obviar el escaño 110 del que tanto ha presumido el Gobierno andaluz”.

El dirigente del sindicato, que forma parte de la plataforma cuya ILP ha sido rechazada, afirmaba en un comunicado sentir una “gran indignación” ante la “poca sensibilidad de un Gobierno que se supone de izquierda y progresista al despreciar tan alegremente la opinión de miles de personas”. “Se han pasado tres pueblos”, aseveró contundentemente, porque la Junta “desprecia alegremente un proyecto que busca dar salida a la situación de extrema necesidad en la que se encuentran más de 800.000 andaluces”, ha añadido.

El rechazo “no llega con nocturnidad porque la decisión se tomó de día, pero sí con alevosía y sin decir nada a nadie, y argumentando solo que la Junta lo llevará como proyecto de Ley para 2016”, algo que significa que, en opinión de Carbonero, “no se va a hacer”. “Los trabajadores, los pensionistas y Andalucía ya no pueden esperar más y urge sacarlos de esa situación de desesperanza”, añadía.

Por su parte, el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Ruiz, reclamó al Consejo de Gobierno de la Junta que “rectifique” en su rechazo a la Iniciativa Legislativa Municipal Proposición de Ley sobre Renta Social Básica promovida por los andalucistas, asegurando que van a “seguir peleando” en cumplimiento de lo que establece el Estatuto de Autonomía.

En rueda de prensa en Cádiz al día siguiente del Consejo de Gobierno, Ruiz calificó de “total falta de vergüenza política y falta de respeto a los andaluces” la decisión del Consejo de Gobierno, indicando que “ya se creó en la anterior legislatura una comisión con la encomienda de trabajar por la renta básica, pero fue un año perdido que no sirvió para nada”. “Defendemos que es un instrumento ligado a un plan de empleo y a mecanismo de inserción social y laboral, contando con autónomos, pymes y cooperativas y que no se debe perder un minuto más”, dijo.

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, también se refirió públicamente al asunto y lamentó la “falta de respeto enorme” de la la Junta. “Hay costumbre en Andalucía de que el Gobierno legisle” y que “no reconozca, aunque está reconocido en la normativa, la capacidad legislativa, por un lado de grupos parlamentarios, y por otro, más grave aún si cabe, de la ciudadanía”.

La dirigente del partido a nivel regional recordó la posibilidad de que la ciudadanía tiene reconocida por ley de poder presentar iniciativas legislativas pero el Gobierno autonómico “ahora plantea que la ciudadanía no lo va a hacer, sino que lo harán ellos, como llevan prometiendo desde la pasada legislatura sobre Ley de Renta Básica”. “Me parece una falta de respeto a la ciudadanía y al ordenamiento jurídico que reconoce a la ciudadanía la capacidad de presentar estas iniciativas”, ha subrayado Teresa Rodríguez.

Nuevo intento: 40.000 firmas para una nueva ILP de Renta Básica

Por su parte, la plataforma ciudadana por una renta básica en Andalucía lamentó el “veto” del Gobierno andaluz a la participación después del comentado rechazo a las ILM e ILP y pidió al Ejecutivo andaluz que permitiera que todos los grupos parlamentarios puedan exponer su criterio y opinión al respecto, presentando el pasado 16 de julio al efecto en el Parlamento la ILP de Renta Básica para la Inclusión Social en Andalucía para su puesta en marcha.

Se trata de un nuevo intento para “dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos y patrimoniales suficientes para abordar los gastos mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un empleo que les permita vivir con dignidad”.

Según Soledad Ruiz, presidenta de la comisión promotora que presentó en el Parlamento las más de 40.000 firmas recogidas para poner en marcha la ILP de Renta Básica para la Inclusión Social en Andalucía,“esta iniciativa tiene por objeto dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los ciudadanos que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos”. A su juicio, “no podemos esperar más tiempo para resolver esta situación”, como se recoge en este vídeo de UGT Andalucía, que forma parte de la plataforma:

La ILP, avalada por más de 40.000 firmas y apoyada por la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ambas compuestas por numerosas organizaciones sociales y sindicatos de ámbito andaluz, cumple con todos los requisitos que la legislación establece para ser admitida por el Parlamento andaluz, según la plataforma, que lamenta que el Gobierno andaluz se escude en que ya está trabajando en la elaboración de otro anteproyecto de ley sobre esta misma materia “y ningunee de esta manera el trabajo ya realizado por la plataforma en defensa de las familias más afectadas por la crisis”.