San Miguel: reaolojo y resistencia en las cuevas del Sacromonte
El jueves 20 de marzo a las seis de la mañana 50 agentes antidisturbios de la Policía Local de Granada tomaron por sorpresa el cerro de San Miguel para desalojar y clausurar seis cuevas en las que vivían familias alegando peligro de ruina. Doce horas después, los vecinos de todo el cerro se unían para empezar a desenterrarlas. La noche del viernes al sábado, mientras una pareja ya dormía de regreso en su vivienda, otros se apostaban con tiendas de campaña en la cercana ermita de San Miguel, en cuya explanada aparecieron los agentes dos días antes. Al final de esta semana, todas las cuevas desalojadas estaban habitadas de nuevo y el barrio se organizaba para resistir.
Junto a la cueva de Boris, el vecino más veterano en ser desalojado, 10 años de permanencia en el cerro, se ha formado un campamento que cubre el área de trabajo con una gran lona azul y bajo la que se refugian lo mismo desalojados que voluntarios y activistas que trabajan en la restauración. En el caso de Boris, guía al interior de su cueva a cualquiera que lo pida y le muestra la bóveda y su resistencia al paso de las retroexcavadoras sobre la estructura. Luego señala el árbol que ciega la chimenea: “No hay aquí más ruina que la que han traído ellos”.
Las cuevas son un conflicto que se arrastra desde hace años, y que tuvo su cénit en otro desalojo espectacular, en 2007, aunque ha tenido repeticiones en 2010 y 2012. De fondo queda el proyecto municipal nunca admitido, pero publicado en diversos medios de comunicación a lo largo de los años, de vender el terreno para construir un complejo de apartamentos hoteleros con vistas a la Alhambra de Granada. “Para especular”, resumen los vecinos.
Para este último asalto, que incluye desalojar más de 50 cuevas en varias fases según vayan llegando los permisos judiciales, el Ayuntamiento de Granada perdió un primer intento en diciembre de 2013, cuando una concentración de un centenar de personas convocadas por Stop Desahucios impidió pacíficamente el acceso al cerro de la Policía Local. Hoy, en esa explanada han colocado un SOS legible desde la Alhambra de Granada y carteles que guían a los numerosos senderistas y turistas hacia el lugar del desalojo. Saben de la repercusión mediática y la alientan: “¿Habéis visto las cuevas enterradas? ¿Queréis verlas? ¿Sabéis lo que pasó aquí el jueves pasado?”.
Si se accede desde la ermita, cubierta de graffitis que imitan los jeroglíficos egipcios, aparece colgada entre un poste de la luz y un árbol la hamaca de Sergio, el joven vecino detenido la madrugada del jueves. Le imputan atentado contra la autoridad, aunque él asegura que fue el agredido y no el agresor, viéndose rodeado por cinco antidisturbios al salir de su cueva -que no era de las desalojadas- al ruido de la llegada de las máquinas. “No los toqué. Es verdad que los insulté, pero, ¿cómo voy a agredir a nadie?”, espeta.
Su cuelgue es un modo de protesta y también de vigilancia. Se proclama en huelga de hambre, aunque de momento se ha retirado los sólidos y resiste a base de zumos y sopa que le suben los vecinos por una cuerda. La hamaca en la que se envuelve por las noches para combatir el frío está acompañada de un par de tiendas de campaña y es el puesto de vigilancia para asegurarse de que no aparece otro desalojo exprés una madrugada.
La noche del viernes al sábado fue la primera actuación clandestina. Los vecinos habían observado como los dumpers acumulaban arena en varios montones en la explanada de la ermita, de modo similar a la que se usó para cerrar las cuevas el jueves. Esa madrugada toda la arena “desapareció”. Lo comentan sonriendo y no añaden nada más.
Eso sí, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), ya amenaza con “tapiarlas con hormigón” si lo permite la Junta de Andalucía. Una precisión que choca con la denuncia por prevaricación presentada por los letrados de Abogados en Red, representantes de los vecinos, el mismo viernes 21. Piden que se investiguen responsabilidades penales, de posible prevaricación, en la ejecución del desalojo, que se saltó todas las prohibiciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para trabajar en el cerro, lugar de especial protección por formar parte del conjunto de Albaicín y el Sacromonte y ser limítrofe con la Muralla Zirí, de 1.000 años de antigüedad. Se utilizó maquinaria pesada, no se dejó ventilación en las cuevas para impedir su derrumbe completo y no se realizó intervención arqueológica donde no son raros los restos.
Los vecinos, mientras tanto, organizan la resistencia. David, otro veterano del cerro que ha estudiado su historia, recuerda que hasta las inundaciones de los 60 “esto era un barrio urbanizado, con luz y agua corriente; ahora sólo la tienen una decena de casas, las que reconoce el catastro y nunca podrán desalojar. Se podría haber trabajado en que esto fuese un barrio vivo, que conservase un estilo de vida tradicional y único. Sin embargo, se está queriendo especular y pegar ladrillazos”.
