La operación 'Enredadera' en la que la juez de Sevilla investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo se ha saldado hasta el momento con tres de los imputados en prisión eludible con el pago de una fianza.
Así, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron el pasado martes en el marco de esta operación a 32 personas, de las que 22 fueron directamente puestas en libertad con cargos, mientras que las diez restantes han sido puestas a disposición de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla durante este miércoles y jueves.
Finalmente, la juez ha ordenado el ingreso en prisión de Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla que cobró 428.000 euros en 'mordidas' y que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90.000 euros; de Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012, y del exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio.
Fuentes penitenciarias han informado a Europa Press de que Carlos Podio, a quien la magistrada atribuye haber cobrado comisiones por valor de 111.000 euros, ha abandonado a las 20,10 horas de este jueves la cárcel de Sevilla-I tras abonar la fianza de 100.000 euros que le impuso la instructora gracias a las aportaciones realizadas por familiares y amigos.
Asimismo, la juez ha ordenado el ingreso en prisión del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros y que fue detenido en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja' --transformada ahora en operación 'Enredadera'-- desarrollada por la Guardia Civil en diciembre del pasado año 2013.
UNA CAJA DE ZAPATOS
Los otros siete detenidos que han pasado a disposición de la juez han quedado en libertad con cargos, entre ellos Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención.
Según la juez, este exasesor de IU habría cobrado 155.000 euros en comisiones, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.
Asimismo, la instructora también ha dejado en libertad con cargos y sin fianza al segundo teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); al asesor jurídico de Fitonovo en Sevilla, Carlos Gamito González, y al adjunto al consejero delegado de Fitonovo, Pablo Pérez Benedicto, que fue detenido en Sevilla.
Quienes también han quedado libres por orden de Alaya son el jefe de sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, a quien la magistrada atribuye haber cobrado 66.050 euros en comisiones entre los años 2006 y 2012; Jesús Torres y Alicia Alonso, el primero trabajador de Fitonovo en Sevilla y la segunda en su sede en Granada.
“ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA”
En el auto de prisión del exgerente de ADIF en Sevilla, la juez le atribuyó haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en “sobornos” a cambio de “beneficiar” a la empresa Fitonovo “en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos”.
La juez considera que las “dádivas” constituían “práctica habitual de la empresa” Fitonovo, “realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado”, señalando que esta práctica “para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas”.
“Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio” de esta empresa “durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos”.
ADIF SE PERSONARÁ COMO PARTE PERJUDICADA
De su lado, ADIF ha anunciado este jueves que se personará en la operación 'Enredadera' como parte perjudicada “para pedir las responsabilidades que correspondan y conocer de cerca las acusaciones cuando el procedimiento lo permita”, ya que el asunto se encuentra actualmente bajo secreto de sumario por orden de la juez Mercedes Alaya.
Asimismo, y respecto a los imputados en la causa que están vinculados a ADIF, ésta adoptará medidas cautelares de distinto tipo, en función y razón de las circunstancias de cada uno de ellos, a la espera de las decisiones judiciales al respecto de su situación.
Así, ADIF suspenderá temporalmente de empleo y sueldo a aquellos que sean enviados a prisión por la juez Alaya; a los imputados con cargo de libre designación se les remocionará cautelarmente a puestos técnicos, y al resto de implicados se les abrirá inicialmente un expediente informativo del que se irán derivando las consecuencias pertinentes en función de las decisiones judiciales y la evolución del caso.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han señalado que, a partir de este viernes y también durante la próxima semana, la juez tiene previsto tomar declaración a todos aquellos detenidos que quedaron en libertad con cargos por orden de la Guardia Civil, entre ellos el exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín.