La vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera señaló este sábado en una entrevista con Efe que el plan de la Junta de Andalucía para regularizar 1.460 hectáreas de cultivo ilegal de fresas en los alrededores del Doñana es un “ataque negacionista” que promueve “la ilegalidad y la destrucción” del parque.
“Es una barbaridad lo que está ocurriendo y me parece particularmente gravoso que sea el Gobierno de la Junta de Andalucía quien, en este ataque, que merece ser calificado como negacionista, esté promoviendo la ilegalidad y la destrucción de Doñana”, dijo a Efe Ribera durante un consejo informal de ministros de Energía de la Unión Europea celebrado en la localidad francesa de Amiens.
El conflicto en torno al agua en Doñana ha surgido a raíz de una doble proposición de ley que el PP ha registrado en el Parlamento, primero con Ciudadanos y luego con Vox, pero que son iguales y garantizan los votos suficientes para que pueda salir adelante, con el objetivo de regularizar 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable en el entorno de Doñana.
Según el PP, son derechos históricos acreditados y será con agua “superficial y no afectará” al acuífero de Doñana, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España el pasado junio por no proteger adecuadamente esa área natural.
La corte de Luxemburgo reprochó a España que no hubiera tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.
“Es inadmisible y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que esto no llegue a materializarse”, agregó la también ministra para la Transición Ecológica en relación con los planes anunciados por el Gobierno andaluz.
Ribera agregó que no se trata solo de “un problema medioambiental” y de la “desprotección” y aceptación de la “desaparición de uno de los ecosistemas más emblemáticos” de España.
“Es que los propios vecinos y agricultores que utilizan el agua de manera compatible con la legalidad y de forma ordenada dentro del Plan Hidrológico ya han dicho expresamente que están en contra de esa medida”, aseguró.
La ministra agregó que la medida “no va a ningún sitio”, no hay agua y no se puede activar esto que ellos quieren“.
“Por lo tanto sería dar por bueno el que haya extracciones ilegales generando expectativas que no van a ningún lado. Así que me parece una enorme irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social”, añadió.
El secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, trató el asunto el jueves en Amiens con el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, que enviará una carta al Gobierno explicaciones formales.
“Y las vamos a dar. Pero creo que esto no debería de salirle gratis a las autoridades. Creo que la sociedad española es suficientemente madura como para entender qué nos estamos jugando y debería de exigir a sus responsables públicos responsabilidad en asuntos tan sensibles como esto, que generan confusión populista y que son manifiestamente ilegales e imposibles”, dijo Ribera.
Aunque se trate de una decisión regional, es el Gobierno de España el que tiene que responder ante las autoridades internacionales, tanto ante la Unesco, que cataloga el parque como Patrimonio Mundial, como ante la Comisión Europea.
Pero el Gobierno central, prosiguió Ribera, también tiene que responder a nivel interno en España.
“Y lo haremos y diremos que no, porque los derechos de agua los concede la Confederación Hidrográfica y simplemente es incompatible, contrario a la disponibilidad de agua, a la planificación y a la posibilidad de hacer una cosa así, que sería una barbaridad ambiental pero también de disponibilidad física: no existe agua disponible para eso. Así que es inviable”, zanjó.
Más allá de asumir las responsabilidades que le corresponden al Ejecutivo central para impedir la regularización, la vicepresidenta subrayó que “merece la máxima crítica que instituciones tan importantes como el Gobierno de la Junta de Andalucía promueva, con partidos antisistema como Vox, una irresponsabilidad de semejante calibre”. “Irresponsabilidad, ilegalidad y destrucción de uno de los espacios más emblemáticos y más queridos por los andaluces”, concluyó.
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