Del bienestar a la caridad

Los padres de una niña de seis años, enferma de meningoencefalitis, no pueden costear su recuperación. El transporte desde su casa al hospital le cuesta el doble de lo que supondría pagar un especialista en casa. A un peón albañil, enfermo y con cinco hijos pequeños, se le acabó hace año y medio la prestación por desempleo y no encuentra trabajo. Dice que prefiere pasar necesidad antes que pedir. Un joven de 34 años quedó parepléjico en un accidente de tráfico cuando trabajaba en una empresa de automóviles. El dueño no lo tenía asegurado y no tiene ni para comprar la silla de ruedas. Una madre y sus cinco hijos viven con los pocos ingresos que la mujer recibe limpiando casas. Dos de ellos tienen hepatitis y deben una abultada cantidad en la farmacia. Un pensionista con una enfermedad crónica de riñón necesita una dieta rica en sal, vitaminas y proteínas que no puede permitirse. Hace bastante tiempo que no paga el agua, la luz, la basura y sobrevive con la ayuda de los familiares, vecinos y de la parroquia, cada vez más desbordada por la situación de desempleo del barrio.

Todas estas personas andaluzas han acudido a Cáritas. Pero no hoy, ni ayer, ni hace un mes... Todos estos casos fueron atendidos a finales de 1982, hace poco más de 30 años. Sus historias fueron publicadas en el Banco de los Pobres, una sección de ABC de Sevilla. “Hasta el pasado miércoles se habían recaudado 68.400 pesetas, con lo que se podrán abonar los masajes y ejercicios de recuperación durante siete meses”, explicaba el diario una semana después de publicar el caso de la pequeña enferma. El peón albañil logró 32.800 pesetas. El joven parapléjico consiguió la silla de ruedas. Los donativos para la madre y sus cinco hijos ascendieron a 90.300 pesetas. Y el pensionista pagó sus deudas con las 51.800 pesetas recaudadas. “Cáritas ha supuesto una estructura básica para el ejercicio de la caridad”, afirmaba el rotativo. Faltaban apenas unos días para las elecciones de 1982, las primeras ganadas por el socialista Felipe González, principal artífice del Estado de Bienestar.

Hoy, con una Constitución asentada y un Estatuto autonómico que garantizan sanidad pública, educación pública y un rosario de derechos sociales que parecían inviolables, organizaciones como Cáritas y ONG vuelven a estar desbordadas con historias muy similares a las de hace 30 años, donde lo poco que cambia entre aquellas y estas son las pesetas. ¿Está regresando la caridad para suplir las deficiencias de un sistema público herido por los tijeretazos económicos? ¿Están asumiendo las organizaciones sociales un trabajo que corresponde a la Administración? A mayor recorte de derechos, más se llenan los comedores sociales, resume el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien alerta de un peligro en este nuevo rumbo alentado por las políticas conservadoras. “La crisis está influyendo en los servicios sociales como en ningún otro sector y corremos el grave riesgo de confundir los derechos con la caridad. Los derechos van por delante en una democracia”, advierte.

Un caso en la Vega de Granada

Hasta hace unos meses, Guadalupe Trujillo atendía a familias con niños pequeños en Pinos Puente, un pueblo de la Vega de Granada con una bolsa importante de población en riesgo de exclusión. Es trabajadora social y ha sido despedida junto con 34 compañeras por la Diputación. “En Granada existe mucha dispersión y se necesita una red básica de servicios para que un ciudadano en la Alpujarra tenga los mismos recursos que un vecino de la capital. Hemos trabajado mucho todos estos años y hemos conseguido grandes resultados gracias a los servicios públicos, que han vertebrado Andalucía. Y ahora la Diputación, gobernada por el PP, mientras desmantela los servicios sociales, concede miles de euros a organizaciones de la Iglesia y ONG, cuya labor es importantísima, pero que deberían trabajar de la mano de la Administración, de forma complementaria; no se pueden sustituir los derechos por la beneficencia”, denuncia Guadalupe. “Estamos ante un cambio de sistema basado en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es verdad que hay recortes, pero hay mucha más falta de voluntad política cuando compruebas que se ajusta en esto y no en asesores”, lamenta.

Este nuevo escenario donde existe el riesgo de que la caridad comience a sustituir determinados servicios públicos puede intuirse detrás de declaraciones como las del presidente de la Diputación, Sebastián Pérez (PP), que responsabiliza a la Junta de Andalucía de los recortes: “Muchas familias lo están pasando mal en un momento muy complicado y difícil, por lo que necesitan del apoyo de organizaciones como la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Con ellas, uno está mejor que en su casa”, dijo tras entregarles un cheque. O las palabras del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en una entrevista en la SER a propósito de los yogures caducados: “Cuando Cáritas, Cruz Roja, la Iglesia Católica, los comedores de caridad están haciendo un esfuerzo de solidaridad con la sociedad... que vaya a la basura un producto en buenas condiciones clama al cielo”. O la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del pasado día 8: “[Que salgamos adelante] no sólo depende del Gobierno, sino de la solidaridad entre todos”. Para Rafael Leyva, de UGT, dejar a los ciudadanos a expensas de las limosnas es una actitud intolerable e hipócrita: “La responsabilidad del Gobierno es garantizar nuestros derechos, no pedirnos solidaridad; quienes fracasan son ellos”.

“El Gobierno andaluz está al lado de las personas que más lo necesitan y está trabajando para mantener todos los programas, mecanismos y vías de actuación que sostienen el sistema de servicios sociales a pesar de que el Ejecutivo central está destruyendo paulatinamente el Estado del Bienestar”, destacó la consejera María Jesús Montero (PSOE) recientemente. Como ejemplo, su departamento ha duplicado el Programa de Inclusión Social con la puesta en marcha de un Plan Extraordinario dotado con 60 millones y ha aumentado la inversión en el Programa de Solidaridad en un 12,2%, con 70 millones. La Consejería otorga una “importancia capital” a las entidades locales, que atienden de media al año a un millón de personas, y denuncia que el Gobierno de España, por el contrario, ha reducido cerca de un 70% su aportación al Plan Concertado de servicios sociales comunitarios en dos años -en el que estaban adscritas, por ejemplo, las trabajadoras despedidas en Granada- y 214 millones a la Ley de la Dependencia. “Las políticas impulsadas por el Gobierno del PP, con la crisis como coartada, están poniendo en peligro el modelo”, aseguró Montero.