José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez entre 1994 y 2004, tampoco ha querido prestar declaración ante la jueza que investiga el caso de los ERE. El también expresidente de Renfe se ha acogido a su derecho a no declarar ante Mercedes Alaya que, de cualquier forma, le ha leído los cargos a los que se enfrenta, enmarcados en delitos de prevaricación y malversación, idénticos delitos que la jueza les ha imputado a los exaltos cargos de la Junta que acudieron al juzgado hace unas semanas. Salgueiro presentó el pasado viernes 27 de septiembre un escrito acompañado de un parte médico donde daba cuenta de sus problemas de salud, si bien no ha fundamentado su negativa a declarar en este extremo.
Manos Limpias, acusación popular en esta causa, ha sido la única parte que ha solicitado medias cautelares para Salgueiro, en concreto la presentación de una fianza civil estimativa de 20 millones de euros, insistiendo esta parte en no entender la postura de la Fiscalía ante su omisión de solicitud de medidas, a la que se han adheridos el resto de las partes. El abogado de Salgueiro, José María Calero, se ha opuesto a la fianza “por la falta de fundamento de la imputación” y por considerarla innecesaria ya que “se han adoptado ya multimillonarias medidas que en esta causa sobre garantizan sobradamente las eventuales y futuras resultas civiles del proceso”.
Según el acta de la declaración de este jueves, Salgueiro “fue uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instauraría en la Junta de Andalucía desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011”. En concreto, según la tesis que viene manteniendo Alaya durante la investigación del caso de los ERE, se le imputa a Salgueiro su presunta participación en una docena de modificaciones presupuestarias que dieron lugar a ayudas sociolaborales a empresas por valor de más de 250 millones de euros entre 2000 y 2004.
La jueza considera que dicho procedimiento “ilegal” consistía en utilizar un crédito presupuestario (las llamadas transferencias de financiación), no previsto para ejercer dicha potestad subvencionadora sino para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar una de estas empresas (IFA/IDEA) para realizar los pagos a terceros ordenados por la Consejería de Empleo. Este procedimiento “al margen de la ley” se iniciaría entre otros por Salgueiro “en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad”.
Según la jueza, ente 2000 y 2001 se tramitarían por la Consejería de Economía y Hacienda siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos a la partida de las transferencias de financiación, muchas de ellas en base a convenios particulares ente la Consejería de Empleo e IFA para transferir a diferentes empresas importantes sumas de dinero en materia socio-laboral. Dichas modificaciones “al margen de los Presupuestos” de ambos ejercicios supusieron más de 93 millones de euros
Un “procedimiento arbitrario instaurado”, dice Alaya
Añade Alaya que para la inclusión desde 2002 de “la partida fraudulenta” en la Ley de Presupuestos “se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario”, siguiendo dicha dinámica en sucesivos ejercicios y que “dio lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimientos ni control, y además desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit que en el año 2003 y 2004, siendo el declarante viceconsejero y consejero de Hacienda, ascendió a 38 y 93 millones de euros respectivamente”. El inculpado, dice la jueza, “conociendo el procedimiento arbitrario instaurado, que podía generar menoscabo de fondos públicos, contribuiría a alimentarlo con nuevas modificaciones presupuestarias, concretamente cinco desde el 2002 al 2004, que ascendería a más de 32 millones”.
El exviceconsejero de Magdalena Álvarez ha comparecido ante Alaya después de que los dos primeros altos cargos citados, los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, se acogieran a su derecho a no declarar los días 19 y 24 de septiembre. La ronda de toma de declaración a los ex altos cargos imputados, según el calendario previsto, continúa el 8 de octubre con Magdalena Álvarez.
José Salgueiro, viceconsejero de la Consejería de Economía desde 1990, se encuentra entre un grupo de veinte altos cargos y exaltos cargos imputados en junio pasado. Los argumentos de Alaya para imputar a Álvarez y Salgueiro inciden conjuntamente, según aquel auto, en que la entonces consejera de Economía y Hacienda fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003. Dicha transferencia venía usándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, si bien los créditos para los pagos de las ayudas sociolaborales mediante transferencias se realizaban con modificaciones presupuestarias.
Salgueiro fue consejero de 'paso' en Economía, entre febrero y abril de 2004, nombrado temporalmente al ser su 'jefa' integrada en las listas del PSOE al Congreso. Con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Álvarez fue nombrada ministra de Fomento y llamo a Salgueiro para presidir Renfe. En su vuelta a Andalucía, de 2009 a 2010 fue director de la Agencia Pública de Puertos y entre 2010 y 2012 fue viceconsejero de Obras Públicas y Vivienda. Desde las últimas autonómicas, a sus 72 años, está fuera de la 'vida pública'.