Salud garantiza el “derecho a la sanidad de la población reclusa”
A lo largo de casi dos años, la falta de convenio con la comunidad autónoma y los recortes efectuados en el presupuesto de IIPP han llevado aparejadas decisiones basadas en criterios económicos y no en criterios médicos que han dejado sin medicación adecuada a algunos presos.
Derecho a la sanidad y a la protección social. Aún sin convenio resuelto entre Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio de Interior) y la Junta de Andalucía acerca de la atención sanitaria de los presos en Andalucía, la Consejería de Salud “garantiza el derecho a la sanidad y a la protección social” de la población reclusa hasta que se resuelva dicho acuerdo entre administraciones.
La Consejería de Salud sale así al paso de los argumentos que Instituciones Penitenciarias dio en el Congreso de los Diputados el pasado febrero de 2014 sobre la realidad de los presos enfermos con un tipo de Hepatitis C que, en libertad, estarían recibiendo un tratamiento novedoso con un alto porcentaje de eficacia pero que en la cárcel no estaban siendo tratados, vulnerando así el derecho a la salud de esta población.
La respuesta ofrecida por IIPP a pregunta de Izquierda Plural sobre este asunto fue que son “las autoridades andaluzas las que se han negado a dispensar el fármaco”. No obstante, las competencias en materia de salud de la población presa son de Instituciones Penitenciarias, responsable de la atención médica y el gasto farmacéutico en prisión. A lo largo de casi dos años, la falta de convenio con la comunidad autónoma y los recortes efectuados en el presupuesto de IIPP han llevado aparejadas una serie de decisiones que se han basado en la falta de recursos económicos y no en criterios médicos, como la no administración de este tratamiento nuevo a enfermos con el genotipo 1 de la Hepatitis C o la elaboración de unos cupos o listas de espera para el acceso al mismo.
“Desde la Consejería, lamentamos que, por una falta de cumplimiento de lo que es el Reglamento Penitenciario del año 1996, se haya dado el caso de reclusos con hepatitis C a los que se les haya podido negar su tratamiento en la prisión. Hasta el año 2013, el suministro de medicación de uso hospitalario en las instituciones penitenciarias no había generado ningún problema, al igual que no lo ha generado ni lo genera el tratamiento con antirretrovirales en reclusos con VIH, que adquiere el Ministerio de forma centralizada y suministra en prisiones por sus servicios médicos”. Instituciones Penitenciarias no ha formulado disculpa alguna todavía ante lo que ADPHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) califica de “una flagrante vulneración de los derechos humanos”.
“La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales asume ahora esta medicación mientras se resuelva próximamente el nuevo convenio con el Ministerio del Interior, en el que se ha propuesto incluir esta nueva prestación como cláusula adicional. Entendemos, por tanto, que prevalece la garantía de atención sanitaria a un colectivo vulnerable sobre un acuerdo que se demora entre dos instituciones públicas”. Lo que significa que los enfermos recibirán su tratamiento, la Consejería remitirá la factura a Instituciones Penitenciarias (responsable del gasto) y la disputa competencial se dirimirá entre administraciones y sin pacientes de por medio.
