Pedro Sánchez en la Moncloa es un ejemplo de la teoría del caos en Andalucía. El presidente del Gobierno admitió el martes, en su primera sesión de control en el Senado, que “no hay tiempo material” en los dos años que restan de legislatura para “renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto”, pero que sí negociará bilateralmente “mejoras para todas las comunidades”. Fue un aleteo de mariposa que desató un tsunami político de consecuencias imprevisibles en Andalucía.
El asunto está cargado de ironía. La reforma del sistema de financiación autonómica es el principal proyecto político y electoral de Susana Díaz desde su dramática derrota en las primarias del PSOE contra Sánchez. Es un proyecto que se plasmó en un acuerdo de financiación suscrito por todas las fuerzas del Parlamento andaluz, excepto Ciudadanos, y que fue diseñado, negociado y defendido arduamente por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, hoy ministra del ramo del Gobierno central. El documento explora otra forma de repartir los fondos del Estado, acortando la distancia entre regiones ricas y pobres, y plantea una inyección inicial de 16.000 millones de euros más para las comunidades, de los que 4.000 corresponderían a Andalucía.
Montero, la autora material de ese documento, estaba ayer en el Senado incapaz de disimular su sorpresa por el anuncio de Sánchez, que la deja en una posición incómoda y dificilísima: basta invertir todo el discurso que la ministra de Hacienda ha defendido los últimos meses, y el peso político con el que lo ha defendido, para reconocerle una situación muy comprometida. “El sapo que se tiene que tragar ahora es descomunal, si no supiera el grado de lealtad y compromiso que tiene, diría que es para dimitir”, admite un miembro de la Junta.
“Traición a Andalucía”
En Andalucía, la renuncia de Pedro Sánchez a abrir la reforma del modelo de financiación ha desnudado políticamente a Susana Díaz y rearmado a toda la oposición. La gran baza de la presidenta andaluza para las próximas elecciones autonómicas ha pasado a manos del PP, que ayer era el socio incómodo del acuerdo andaluz de financiación -que reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy- y hoy es el principal beneficiado político de la decisión de Sánchez. “El Gobierno ha traicionado a Andalucía”, se apresuró a decir el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. “El Gobierno de la moción de censura se ha desentendido del compromiso de la financiación autonómica, un compromiso que adoptó Rajoy porque Andalucía está mal financiada. Como presidente del PP andaluz, no voy a consentir provocaciones ni ataques a Andalucía y mucho menos que Pedro Sánchez pague sus hipotecas con los nacionalistas y los separatistas a costa de los andaluces”, subrayó. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, también denunciaron “el atropello”. Han saltado todas las alarmas en el gabinete de Susana Díaz. La presidenta tenía programada una entrevista esta mañana en la Cope, pero la canceló a última hora por razones personales.
La reforma de la financiación autonómica no es un asunto que compete exclusivamente a Andalucía, ni siquiera ésta es la región que más urgentemente precisa un cambio de modelo. En términos cuantitativos, la Comunidad Valenciana está peor financiada que la andaluza. Sin embargo, Susana Díaz había convertido este asunto en el leit motiv de la recta final de su mandato, el clavo ardiendo al que se agarró con fuerza tras su derrota en las primarias, y que le permitió regresar momentáneamente a la arena política nacional (Rajoy la recibió en Moncloa).
El acuerdo andaluz para la reforma de la financiación autonómica es un proyecto en el que Díaz ha logrado involucrar a los agentes sociales, las universidades, gran parte del tejido asociativo y a casi todos sus adversarios políticos en el Parlamento: PP, Podemos e IU. En términos discursivos, y dada la escasa actividad de gestión de los últimos Consejos de Gobierno, no hay nada más potente ahora mismo en la agenda de Susana Díaz. Gracias, en parte, a la exhaustiva labor política que hizo su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que logró convertir la reforma del modelo de financiación en una suerte de reivindicación autonomista, una especie de nuevo 28F que reclamar al Gobierno de Rajoy.
La tentación era tan grande -y el riesgo de quedarse fuera tan elevado- que todos los partidos rivales de Díaz aceptaron sumarse al acuerdo de financiación impulsado por la presidenta. Incluso el PP suscribió ese pacto que el PSOE había negociado por adelantado con las fuerzas de izquierdas, Podemos e IU (Ciudadanos se quedó fuera). El Parlamento de Andalucía es la primera cámara legislativa que aprueba por amplísima mayoría -101 diputados de 109- una propuesta cerrada para reformar el sistema de financiación, caduco desde hace cuatro años. El proyecto de Susana Díaz saltó así a un nivel superior, dejó de pertenecer al PSOE y al Gobierno andaluz y se convirtió en una reclamación que todo el Parlamento trasladaba al Ejecutivo central. Ahora el gabinete de Díaz está en shock al ver cómo Sánchez ha regalado esa poderosa arma política a sus adversarios, es como si el caballo de Troya estuviera en manos de los troyanos, y no de los griegos.
“La negociación bilateral tiene riesgos”
“La Junta no se va a mover de su reclamación, y además sigue considerando que la reforma del modelo de financiación es urgente”, advierte el consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que ha asumido las competencias de Hacienda que antes gestionaba Montero. Arellano habló ayer por teléfono con la ministra tras escuchar el anuncio de Sánchez, la reconoció “sorprendida”, y le confirmó que el Gobierno andaluz seguiría adelante con la exigencia que hasta hace tres semanas pilotaba la propia Montero. “Espero que las declaraciones del presidente se maticen, porque no son admisibles negociaciones bilaterales. La financiación autonómica es un problema de todos, no algo puntual de una región. Hablar de deuda, o de quita, sin hablar de financiación no es coherente y la bilateralidad tiene muchas riesgos”, advirtió el consejero durante una entrevista en Onda Luz Televisión.
El Gobierno andaluz no esperaba esta decisión de Pedro Sánchez y aún no sabe bien cómo interpretarla. ¿Por qué el presidente ha descartado este tema de forma tan contundente y sin apenas haber iniciado su mandato? La Junta está convencida de que “si hay voluntad política y acuerdo” puede hacerse en los próximos dos años, y que la debilidad parlamentaria del Gobierno -sustentada en los 84 diputados socialistas- no debería ser un problema. “No lo es para otras cosas que está anunciando y para las que va a necesitar articular una mayoría”, dicen. Hasta ayer, la ministra de Hacienda reclamaba a Rajoy la convocatoria urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que Gobierno y comunidades iniciaran la negociación. “Lo importante es dar un primer paso”, decía Montero.
Lo que más miedo y susceptibilidad ha provocado del anuncio de Sánchez no es el carpetazo a la reforma de la financiación, sino la alternativa que anuncia el presidente: se pretende negociar bilateralmente con cada comunidad, articulando una solución para cada región, algo a lo que Montero siempre se ha opuesto. La ministra de Hacienda siempre ha combatido esa fórmula “centralista” en la que la Administración central negocia verticalmente con las comunidades. Desde Andalucía, las “mejoras a la carta” siempre se han entendido como una tentación a negociar bilateralmente con Cataluña para tratar de solucionar el conflicto independentista a través de la financiación.
Es una alerta que Susana Díaz y María Jesús Montero siempre mantuvieron encendida mientras gobernó Rajoy, y que ahora la Junta no deja de pensar. “La financiación autonómica no se puede ligar a ningún otro tema político, no está para resolver el problema territorial de Cataluña”, subraya Ramírez de Arellano. Es la misma denuncia que ya ha empezado a hacer el PP andaluz, que ve en el anuncio de Pedro Sánchez una suerte de prebenda para con los nacionalistas e independentistas que apoyaron su moción de censura. La Junta no llega a tanto, pero sí ha encendido el piloto de alarma porque teme que el presidente del Gobierno esté planteándose priorizar a otras comunidades del norte por encima de Andalucía.
Desde el Ministerio de Hacienda niegan tajantemente que vayan a negociar con comunidades que están planteando soluciones de financiación “insolidarias” con el resto de territorios, en alusión directa a Cataluña. Montero aún tiene intención de convocar el Consejo de Política Fiscal, una vez que el presidente haya culminado la ronda de reuniones con los líderes autonómicos. Sánchez recibirá primero a los barones territoriales de las comunidades históricas, que en su día circunscribió a Cataluña, País Vasco y Galicia, pero que ahora incluye también a Andalucía.