La sanidad andaluza encara un otoño con déficit de personal y 12.000 contratos de refuerzo en el aire

Aunque el Parlamento de Andalucía ya está constituido y el Ejecutivo regional ya está definido, Andalucía no estrenará realmente su legislatura hasta septiembre, cuando suele comenzar la actividad política tras el parón veraniego, y lo hará también con novedades en sanidad. La Consejería de Salud pasa de estar en manos de Jesús Aguirre a estar en poder de la que ha sido hasta ahora la viceconsejera, Catalina García.

Enfermera de formación y de dilatada experiencia en comisiones sanitarias en el Parlamento de Andalucía, García se enfrenta al reto de contentar a una mesa sectorial que a finales del pasado mandato logró acuerdos históricos como la carrera profesional, pero que no baja la guardia para solicitar refuerzos de personal de cara al próximo otoño. La gran reivindicación sindical de una lista que tiene que empezar a hacerse realidad cuanto antes, para evitar el clima de tensión que hubo entre Salud y la mesa sectorial el pasado invierno.

Los sindicatos, que se han reunido esta semana con Catalina García por primera vez, vuelven a poner en el foco la necesidad de evitar que este final de año esté marcado por la falta de profesionales en los centros de salud y hospitales de Andalucía. Lo primordial para las secciones sindicales es evitar que 12.000 sanitarios de refuerzo, contratados por la Junta durante el último año de pandemia, acaben su vinculación laboral el próximo 31 de diciembre, como está previsto.

En 2021, el Ejecutivo regional de Juan Manuel Moreno ya decidió prescindir de 8.000 contratos de refuerzo a comienzos de noviembre. Con el paso de las semanas se puso de manifiesto el desequilibrio entre la plantilla sanitaria y la carga de trabajo y la Junta de Andalucía se vio obligada a reclutar a nuevos trabajadores de diferentes formas. Cada centro sacó sus propias ofertas para incorporar sanitarios y la Consejería de Salud acabó optando por reincorporar a personal jubilado y alargar la jornada laboral de los profesionales para evitar un colapso sanitario, acentuado por la Covid-19, pero que ocurre cada invierno al inicio del periodo conocido como de “alta frecuentación”.

Como en otoño e invierno se dan muchos más episodios de virus respiratorios y la salud de la población más vulnerable se tiende a agravar, en estos meses es cuando más recursos suele necesitar la sanidad pública. Por eso, en 2021 los sindicatos fueron beligerantes con la Consejería de Salud de Jesús Aguirre al despedir a los 8.000 contratos de refuerzo y por eso la propia Junta de Andalucía acabó prorrogando las 12.000 vinculaciones que aún tenía en plantilla, pero que a pesar de eso tampoco resultaron ser suficientes. Una cuestión que la mesa sectorial quiere atajar cuanto antes, solicitando a Catalina García que cuide a los sanitarios que están unidos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de forma temporal, sobre todo para evitar la diáspora que se produjo en el otoño del año pasado cuando cientos de profesionales, sobre todo jóvenes y de enfermería, se marcharon a otras comunidades autónomas o al extranjero porque les aseguraban mejores condiciones laborales.

La enfermería gana enteros

Con Catalina García cambia también la representatividad de la plantilla del SAS que pasa a estar en manos de una enfermera, mientras que Jesús Aguirre era médico. Esta cuestión ya ha provocado una polémica de parte del presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, que considera que, con su formación, al ser en enfermería, no reúne los requisitos para ser quien dirija la cartera de Salud. Dichas palabras han sido censuradas por sindicatos y enfermeras, especialmente por el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) que prefieren obviar las consideraciones de Carmona para entender este nuevo mandato como una oportunidad para los profesionales de esta categoría.

Hay que tener en cuenta que, de los algo más de 120.000 trabajadores que tiene el SAS, más de 33.000 son enfermeras, por lo que constituyen la categoría con más personal de toda la sanidad pública andaluza. Por eso, para el colectivo es una buena noticia que Catalina García esté al frente de la Consejería de Salud, ya que consideran que vienen de años en los que han atravesado graves problemas. Los contratos temporales se ceban especialmente con las enfermeras más jóvenes y la sobrecarga de trabajo es una práctica habitual con estas profesionales que desde la pandemia de la Covid-19 suman más funciones a las ya habituales. Sin ir más lejos, durante el mandato de Aguirre se crearon en los ambulatorios las llamadas “consultas de acogida” que hace que tengan que ser los trabajadores de enfermería los que criben si un paciente sin cita necesita ser visto por su médico de cabecera. Además, han tenido que trabajar vacunando y haciendo test de coronavirus, lo que ha llevado al límite del estrés al colectivo.

Para José Sánchez, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, el nombramiento de Catalina García es positivo. “Estamos convencidos de que la legislatura que comienza a dar sus primeros casos estará marcada por el diálogo y por el papel protagonista de la enfermería, el recurso humano más numeroso de todos el Sistema Sanitario Público Andaluz”. Más allá de eso, en cuanto a los retos que se intuyen este otoño, Sánchez cree que “la COVID seguirá dando coletazos y condicionando de forma importante la sanidad andaluza”. Por eso, “es fundamental mantener los contratos de refuerzo ya que la plantilla de nuestros centros sanitarios sigue siendo insuficiente”. Al tiempo que recuerda que ahora la Junta de Andalucía se gobierna en mayoría absoluta, lo que debe notarse en la sanidad. “Esto debe llevar a que los presupuestos andaluces sean como mínimo los prometidos por su presidente aumentando 1.100 millones de euros más. Esta cuestión es clave ya que en la anterior legislatura muchas cuestiones fundamentales para la sanidad pública y en particular a la profesión enfermera se quedaron pendientes con la excusa de que no había presupuesto, algo que no es probable que ocurra esta legislatura”.

Los conflictos que vienen

El otro sindicato de colectivo, el Sindicato Médico, fija su mirada en las urgencias. Rafael Ojeda, miembro de esta sección sindical, recuerda que “el sistema de urgencias extrahospitalarias sigue sin ser reorganizado por parte de la Consejería de Salud”. Al respecto, pone el énfasis en la absorción de las agencias sanitarias que obliga a que el 061 y el SUAP tengan que ser un servicio del SAS que no tenga diferencias para sus trabajadores, pero en el que salen perdiendo los segundos. “Cada colectivo tiene unas condiciones laborales y retributivas diferentes, aunque en muchos casos realizan las mismas funciones. Los SUAP y los dispositivos de cuidados críticos soportan unas condiciones laborales y retributivas especialmente precarias, algo que es fuente de conflictividad laboral desde hace años, un problema que se ha visto acrecentado recientemente y que en otoño sin duda volverá a generar gran conflictividad”.

Si bien fue un acuerdo histórico alcanzado en primavera como una de las últimas medidas de Jesús Aguirre, la implantación de la carrera profesional, un complemento salarial que cobran los sanitarios mensualmente por su trayectoria y formación acreditada, está generando problemas en su reconocimiento para algunos trabajadores, especialmente los más jóvenes. Por ello, Rafael Ojeda cree que: “Aunque este sistema ha rebajado los requisitos para acceder a la carrera y ha permitido el acceso de muchos compañeros a la carrera profesional, presenta graves deficiencias. Ha generado agravios comparativos entre quienes accedieron por el sistema anterior y quienes han accedido ahora en el proceso extraordinario, unas diferencias que deben ser corregidas cuanto antes. Desde el Sindicato Médico, además, consideramos que este modelo sigue siendo deficiente por cuanto sigue exigiendo la acreditación de competencias por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para acceder a la carrera y sigue excluyendo a los temporales de la mayoría de los niveles, cuando existe una jurisprudencia consolidada que obliga a reconocerles los mismos derechos que al personal fijo”.

Sobre las plantillas, CSIF, CCOO y UGT son tajantes en la necesidad de aumentarlas, sin perder de vista los 12.000 contratos que acaban su vinculación a final de año. Victorino Girela, portavoz de CSIF, hace hincapié en que la atención primaria debe reforzarse. “Incrementar la inversión en primaria por encima del 30 % supone impulsar una atención con más medios humanos y materiales y contar con mayor capacidad resolutiva, algo que permitiría agilizar la comunicación entre los distintos niveles asistenciales, de manera que se mejora la calidad asistencial y se eviten colapsos en hospitales y la sobrecarga que sufren los y las profesionales”. De ahí que sea “ineludible” reforzar las plantillas de cara al otoño. “Es importante que el aumento de plantillas y la generación de empleo estable sean una realidad en todas las categorías, pues son muchos los profesionales implicados para que la ciudadanía reciba el trato adecuado, desde el personal de administración y servicios hasta un médico o una enfermera”.

Antonio Macías de UGT cree también que es “imprescindible” que la Junta de Andalucía “haga una apuesta más decidida por tener a los mejores profesionales” y que esto se consigue “consolidando como plantilla a los 12.000 eventuales que terminan contrato en el mes de diciembre”. Por otra parte, los retos del próximo otoño deben pasar, a su juicio, por “mejorar el funcionamiento de la bolsa del SAS”, que en los últimos meses está teniendo problemas para estar actualizada, y desarrollar la carrera profesional “para que no suponga una carrera de obstáculos”. Mientras que CCOO apuesta por un listado de medidas a desarrollar en este mandato. José-Pelayo Galindo considera que, ante todo, se debe producir una subida salarial de los sanitarios y se suma a todas las propuestas del resto de sindicatos, al tiempo que incide en la necesidad de “instaurar un clima en Mesa Sectorial del SAS basado en el diálogo de partes, el cumplimiento de la norma, la negociación colectiva seria y la confianza mediante la aplicación de los acuerdos adoptados”. Algo que, afirma, “ha mejorado desde que ha habido cambios en la dirección general de personal”.