Salud pública
Quienes dirigían el Sistema Andaluz de Salud (SAS) hace cinco años -con un Gobierno socialista- y quienes lo pilotan hoy coinciden en que el modelo “está diseñado y preparado para la atención a agudos, pero no para abordar la cronicidad”. “El modelo está agotado, no responde a las necesidades de la población actual”, advierten desde la Consejería de Salud.
El número de pacientes con enfermedades crónicas (55% de los atendidos) está aumentando de forma precipitada, porque deriva de una población cada vez más envejecida y pluripatológica (personas que, a partir de los 65 años, conviven con dos o más patologías). Las dolencias crónicas en Andalucía afectan a uno de cada dos adultos y a nueve de cada diez personas mayores de 75 años (un 25% de este colectivo tiene más de 80).
Andalucía no es la comunidad más longeva, un 15% de su población rebasa los 65 años, pero en los últimos 50 años ha triplicado el número de personas mayores. Más de la mitad son mujeres. El otro factor determinante que influye en el sistema sanitario es la soledad: un 42% de la población mayor es viuda, soltera o separada y un 25,7% de andaluces con más de 75 años viven solos.
La gran ambición, entonces y ahora, era cambiar el modelo de gestión y la mentalidad del paciente: aprovechar las nuevas tecnologías para la investigación clínica, pero también para la prevención y la educación de una población poco acostumbrada a cumplir al pie de la letra las pautas de médico.
El modelo del futuro está ahí, predibujado por las sociedades científicas, las organizaciones colegiales y los expertos de referencia. Pero la sanidad pública andaluza arrastra problemas estructurales, le cuesta superar el día a día y avanza hacia ese horizonte a pasos muy cortos.
El SAS, admiten sus actuales gestores, tiene grietas que están adelgazando su plantilla médica, aquejada de un “déficit estructural y endémico”, que obliga a abrir un turno de tarde y apelar a la voluntariedad de los profesionales para alargar su jornada a cambio de un plus en su nómina. Es un problema serio de presente, pero también es un problema grave en el futuro inmediato. La sanidad pública andaluza se está jibarizando a marchas forzadas como consecuencia de varios factores: las jubilaciones de profesionales -a un ritmo de 600 y 700 médicos por año- que alcanzarán los 6.769 en diez años y la falta de banquillo para sustituirles.
Las plazas de MIR para licenciados salidos de la carrera de Medicina no son suficientes para Andalucía, que lleva reclamando desde hace cuatro años al Ministerio de Sanidad un cupo mayor. Desde 2018 se han aumentado un 33,54% estas plazas -más de 400 puestos-, pero siguen siendo insuficientes.
Además, muchos de los estudiantes que se forman aquí terminan mudando su domicilio a otras comunidades, atraídos por contratos de trabajo más estables -de duración más prolongada- y con salarios mejores de los que paga la Junta. Principalmente, a Euskadi y Navarra, donde se pagan las mejores remuneraciones, lo que les permite competir para captar a profesionales. Hace cinco años, según las cifras que maneja la Consejería de Salud, el 50% de los MIR que se formaban en Andalucía terminaban marchándose a trabajar fuera de la comunidad. Ahora, el 78% se queda y la mitad de ellos son de Atención Primaria.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno encajó la semana pasada una segunda convocatoria de huelga del sector. La primera fue impulsada por un sindicato de nuevo cuño, sin representación en la mesa sectorial, y tuvo un seguimiento inferior al 3% de la plantilla, según el balance que ofreció la Consejería.
La segunda huelga de este viernes estaba alineada con las protestas de otras siete comunidades autónomas, aquejadas de los mismos problemas, pero con distintas intensidades: falta de recursos, falta de personal y un malestar compartido entre sanitarios y pacientes tras dos años de una pandemia que ha tensionado hasta el límite el corsé del sistema público de salud, después de una década de austeridad en el gasto público propiciada por la crisis financiera de 2008.
La huelga fue desconvocada 48 horas antes, tras un acuerdo entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que aglutina al 95% de facultativos andaluces. El pacto limita a 35 el número de pacientes que puede atender un médico por las mañanas -25 para pediatría-, y deriva al resto al turno de tarde, con el mismo tope asistencial.
El deterioro de la sanidad andaluza, barruntan en el PSOE regional, fue la espita que terminó con 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas. Hay ahora una sensibilidad social mayor respecto a los déficit de un sistema que la gente había interiorizado como propio, y del que llevaba años oyendo llamar “la joya de la corona” de la Administración andaluza.
El PP estuvo tras las pancartas de aquellas protestas de la marea blanca en Granada, Málaga, Sevilla y Huelva; y el Ejecutivo de Moreno ha heredado aquellas heridas del sistema, pero con un marco macroeconómico muy distinto: la misma troika que hace 15 años exigió una contracción brusca del gasto público, hoy responde a la escalada inflacionista tras la guerra en Ucrania pidiendo blindar las políticas que sostienen el Estado de Bienestar. Entonces se retiró dinero de la mesa -en aras del control del déficit-, hoy los gobiernos disponen de fondos extraordinarios para sortear esta crisis.
La Junta acaba de firmar para 2023 “el mayor presupuesto de la historia” en sanidad -13.837,5 millones de euros, el 7,4% del PIB regional-, con una plantilla médica que esperan estabilizar al 75% (cuando se resuelvan los retrasos de tres ofertas públicas de empleo) y un plan de equiparación salarial con la media nacional, una demanda histórica del sector.
Los grandes números y las muchas inauguraciones de infraestructuras sanitarias del presidente Moreno cargaban de argumentos a la consejera de Salud, Catalina García, en la negociación de la semana pasada con los sindicatos del sector. “No hay razones objetivas para esta huelga”, repetían, sin que las cifras ni las fotos oficiales logren desactivar el malestar general.
La pandemia atravesó la primera legislatura del PP en Andalucía. En este segundo mandato, con mayoría absoluta, los de Moreno pergeñan otro modelo de gestión de la sanidad pública. El objetivo prioritario es alcanzar el equilibrio entre los médicos que salen y los que entran del sistema público, propiciando el incremento y la retención del personal residente con incentivos no económicos (formación, carrera profesional...). La previsión de la Consejería de Salud es adelantar ese punto de equilibrio a 2025 o 2026, momento en el que desaparecería el riesgo de alerta roja en el SAS.
La Junta de Andalucía, igual que otras comunidades zarandeadas por la crisis sanitaria, trata de desviar el golpe de las protestas hacia el Gobierno central, reclamando un pacto nacional sobre los salarios de los médicos, para evitar que unas regiones compitan con otras en un momento de déficit de profesionales en el sector. Esta visión recentralizadora de las competencias sanitarias -delegadas en las comunidades- contrasta con la competitividad fiscal que el propio Moreno ha impulsado con su bajada de impuestos autonómicos, enfocada indisimuladamente a atraer a Andalucía rentas de los ricos que viven en Madrid y Cataluña.
De las universidades de Medicina salen al año 12.000 estudiantes para hacer la especialización MIR, pero el Ministerio de Sanidad oferta 8.000 plazas de especialidades. La Junta reclama al Gobierno un aumento de 4.000 plazas MIR para equilibrar la oferta y la demanda -450 corresponderían a Andalucía-, y para revertir el desequilibrio entre jubilaciones y nuevas incorporaciones de personal al sistema. La otra reivindicación pasa por “cambiar o flexibilizar” los criterios que establece el Ministerio para acreditar los centros de formación de facultativos -actualmente todos ocupados-, y que Andalucía no cumple en la actualidad.
Cada año entran en el sistema sanitario andaluz 1.800 médicos en formación. Con todo, no hay banquillo para cubrir vacantes en picos de atención alta, como este invierno. La Junta está ofreciendo contratos a universitarios sin el MIR aprobado -una medida excepcional-, pero son contratos inferiores al año y muchos de los estudiantes en formación los rechazan porque prefieren centrarse en prepararse para la siguiente convocatoria MIR.
La otra vía excepcional es la contratación de médicos extracomunitarios, una opción que el Ministerio de Sanidad habilitó durante lo peor de la pandemia, pero que sigue vigente. En los últimos siete meses, la Junta ha duplicado el número de médicos extranjeros que incorpora al SAS, hasta las 932 contrataciones, la mayoría para cubrir el déficit en Atención Primaria. También se han reclutado especialistas foráneos por falta de personal en las bolsas, por ejemplo anestesistas y pediatras.
La negociación entre la Consejería de Salud y los sindicatos es un campo de minas. Las organizaciones han criticado el “triunfalismo” de la Junta, “embriagada de grandes cifras presupuestarias”, y acusa a sus responsables de haber perdido “contacto con el día a día de los centros de Atención Primaria, donde la situación es crítica”.
García niega que haya un “colapso” generalizado del sistema, su equipo trabaja con balance de microdatos y tiene “localizados los desequilibrios de cupos médicos en un 20% del territorio andaluz”. Ni siquiera está localizado en ciudades o pueblos concretos, a veces el desfase está en un centro de salud concreto, en un distrito, en un área sanitaria, advierten desde su departamento. Se trabaja con los parámetros que marca la ley: reducir las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas médicas y diagnósticos, según el decreto de garantías.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los médicos de la atención primaria es al elevado número de pacientes a los que atienden. Esta estadística se conoce como cupo y determina cuántos ciudadanos corresponden a cada profesional en función del centro de salud al que estén adscritos. Como en los últimos años se están produciendo un gran volumen de jubilaciones y los nuevos médicos no están amortizando esas plazas, los cupos no hacen más que crecer. Según fuentes sectoriales, el cupo ideal por médico y centro de salud es de 1.500 ciudadanos al mes, pero esta cifra es mucho más elevada en algunos ambulatorios de Andalucía.
Según fuentes sindicales, hay puntos de la región en los que un médico de cabecera puede tener una población potencial de incluso 1.800 pacientes a los que atender llegado el caso. Esto se traduce en que cada sanitario de primaria puede tener en un mismo día un gran número de usuarios a los que dar cobertura. Así, además del cupo general por habitante, cada día se establece otro máximo que ahora la Junta de Andalucía quiere que no supere los 35 pacientes por jornada en atención primaria.
La idea es que con estos límites se mejore la asistencia a cada usuario al poder dedicarle más tiempo y disminuir el estrés del médico. Lo que ocurre es que en ese cupo no se tiene en cuenta a la población que acude sin cita a su centro de salud o a los pacientes que han de asumir el resto de médicos cuando alguno está de baja o de vacaciones. Por ello, desde el sector reclaman que se retenga a los médicos más jóvenes con mejores contratos para evitar que los centros de salud pierdan profesionales y la presión asistencial crezca.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.