El ya presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha puesto como ejemplo a seguir la sanidad de Castilla y León. Lo hizo este miércoles en su debate de investidura, para explicar por dónde van a ir sus planes para gestionar el sistema sanitario andaluz, en el que se han producido grandes protestas durante los últimos meses. Lo que sigue es una radiografía de la sanidad en Castilla y León con el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, otro de los barones del PP.
También allí los colectivos profesionales están sublevados contra los recortes. El próximo 26 de enero, la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León ha convocado en Valladolid una manifestación que se prevé multitudinaria, como ya ocurrió hace un año.
En un documento reciente para la Comisión de Atención Primaria para el Consejo Castellano y Leonés de Salud, las plataformas definen la gestión de la sanidad de Castilla y León (Sacyl) así: “Es difícil imaginarse mayor nivel de incompetencia en la gestión de la cosa pública”. Coinciden, junto a todos los grupos de la oposición (Psoe, Grupo Mixto, Podemos y Ciudadanos) en que el consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, debe dimitir. Sáez Aguado, médico de profesión, y al frente de Sanidad desde 2011, llegó a publicar un manifiesto “espontáneo” alabando su propia gestión pero atribuyendo la redacción a jefes de servicio del sistema sanitario. El texto salió de su ordenador.
Semejante operación de lavado de cara se produjo 24 horas antes de una manifestación histórica, una ‘Marea Blanca’ que clamaba después de años de recortes y de una gestión que había levantado en armas al personal sanitario y los pacientes. La Junta reutilizó el mismo manifiesto, esa vez para atribuirlo al Hospital de Segovia.
Los recortes, principal causa de las protestas, fueron significativos: entre el presupuesto de 2010 y el de 2016 la diferencia es de 208 millones de euros. Los planes de austeridad no afectaron sin embargo al Hospital de Burgos, de gestión privada, con un sobrecoste de 600 millones y una comisión de investigación en la que no se ha aclarado cómo se puede adjudicar un proyecto y modificarlo hasta disparar su presupuesto porque contenía errores de base que lo hacían inviable.
Durante el mandato de Sáez Aguado se han maquillado listas de espera, se han perdido historias clínicas y los médicos de atención primaria siguen trabajando con un sistema operativo, Medora, que sufre constantes caídas. Además se abusa de las interinidades hasta el punto de que la Junta de Castilla y León ha sido condenada por un “doble fraude” por mantener como “interinos temporales” durante ocho años a médicos y enfermeros.
Médicos que dimiten por la saturación del servicio
No son los únicos problemas sobre la mesa. El pasado 11 de enero tres médicas de un centro de Salud de Burgos presentaron su dimisión. Las tres renunciaron a su plaza por la sobrecarga de trabajo. La Gerencia de Salud de Burgos obliga a los médicos de este centro no sólo a cumplir con su jornada laboral con hasta 60 pacientes por día y profesional, también a realizar guardias de urgencias, lo que implica hasta 14 horas de trabajo ininterrumpido.
La falta de profesionales en algunas áreas es otro conflicto sin resolver. En las zonas rurales se están cubriendo plazas de pediatría por médicos no especializados. En diciembre de este año había 25 plazas sin cubrir en toda Castilla y León y se estaba supliendo el vacío enviando a facultativos de los hospitales a pasar consulta por horas.
Diálisis que acaban de madrugada
El pasado mes de noviembre, el procurador de IU-Equo, José Sarrión denunciaba en el Pleno de las Cortes, el trato que recibían enfermos renales de Palencia que no podían ser sometidos a diálisis en el Hospital Rio Carrión por falta de medios y son derivados a clínicas privadas de Valladolid. “Se trata de un tratamiento molesto y agotador, por lo que no entendemos la actuación del ejecutivo autonómico”, decía Sarrión. “Un paciente de Aguilar de Campoo debe desplazarse en ambulancia a Valladolid, sale a las cuatro de la tarde y, tras un tratamiento médico de cuatro horas, regresa a su casa a las dos o tres de la madrugada. De cena, un miserable bocadillo de jamón de york.”.
Derivaciones a la privada
La derivación de pacientes a hospitales privados es frecuente, hasta el punto de que la Junta se compromete ahora a pagar la factura a los pacientes que recurran a la sanidad privada para hacerse pruebas tras superar los 20 días de espera en la pública. Para la Asociación Defensor del Paciente esta medida no es más que un “camino de privatización descarada”, y así lo expresa en una carta dirigida este mismo miércoles al consejero Sáez Aguado.
“El sentido común dice que el dinero público debe ir a los servicios públicos, por ejemplo: poner personal, poner más medios técnicos etc, no facilitar el enriquecimiento de la sanidad privada”, dice la presidenta, Carmen Flores, en su misiva. Este colectivo ha denunciado a los responsables de gobierno de varias comunidades autónomas por las listas de espera por un delito de omisión del deber de socorro. En Castilla y León los denunciados son el presidente Juan Vicente Herrera y el consejero Antonio María Sáez Aguado.