Un conflicto de intereses a tres bandas y, en medio, el paciente

La sanidad pública es una conquista social y, como tal, debe preservarse. Esa premisa la sostiene gran parte de la población andaluza y de los profesionales sanitarios. Es por su defensa, por lo que pacientes y profesionales sanitarios de diversa índole están aguantando el chaparrón. Centros de salud y hospitales soportan el tirón en un entorno hostil, marcado por los recortes que afectan a personal y recursos, por la salida de medicamentos de uso común de su financiación pública, o por el hecho de que las personas mayores jubiladas tengan que pagar parte de sus tratamientos. Y también por medidas de gestión de personal que están haciendo que los profesionales tengan que hacer sobreesfuerzos para mantener la calidad prestada.

Aunque asume que hay recortes presupuestarios por la crisis, la versión institucional autonómica apunta al Gobierno central como causa de los males, al que acusan de lanzar un cambio hacia otro modelo de aseguramiento, hacia una estrategia de privatización del Sistema Nacional de Salud. “Todos somos conscientes de que había que hacer ajustes presupuestarios globales, pero el Gobierno de la nación ha optado por un cambio de modelo encubierto. Eso va a tener un impacto mucho mayor, en sentido negativo, contra el sistema de integración, poblacional, universal y de cooperación que, como se ha demostrado, da mejores resultados. Aunque me pudiera creer que el Gobierno lo hace por ahorrar, no vamos a ahorrar; vamos a gastar más y a estar peor”, explica José Luis Rocha, secretario general de Innovación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En su opinión, “en Andalucía estamos intentando minimizar las medidas, pero hay que tener en cuenta que las direcciones que implica ese real decreto son impositivas, utilizando herramientas que antes no había, relacionadas con la norma de sostenibilidad presupuestaria. Pero no vamos a dejar a nadie fuera del sistema; seguimos exactamente como estábamos”.

Lola Martínez, enfermera del SAS en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, cree que la defensa del modelo está por encima de todo porque es lo que más iguala a la población. Pero, apunta, “no se puede ir pisando los derechos de los trabajadores”. Lola entiende que ante situaciones extremas tengan que sufrir una bajada en sus sueldos, “pero se están haciendo contratos eventuales mes a mes, al 75% (de sueldo y cotizaciones) y sin tener claro cuándo podría normalizarse la situación”. Además, Lola habla de un aumento de la jornada que se utiliza para cubrir guardias, con lo que hay semanas que llegan a trabajar hasta 60 horas. “Eso afecta a la salud mental de los trabajadores y es normal que tengamos que protestar, pero sacamos las cosas hacia adelante y somos los primeros que vamos a echar una mano”.

José Antonio Prados, médico de familia en la Unidad de Gestión Clínica Lucanor, en Córdoba, da fe de la predisposición de los profesionales a dar la cara, pero también del desgaste y la desilusión que se cierne a su alrededor. “Ahora mismo todo el mundo tienen que arrimar el hombro y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero no podemos tolerar que se deteriore la sanidad. Tenemos una sensación de regresión, de que estamos perdiendo todo aquello por lo que hemos luchado”, afirma.

Buena nota pero con “peros”

Es cierto que la Atención Primaria andaluza, tanto en sus resultados en salud como en las encuestas de satisfacción, tiene buena calificación (un 65,7% afirma estar satisfecho y un 25,3 muy satisfecho según las encuestas de 2011). Prados, que forma parte de una plataforma que está naciendo en Córdoba para frenar los recortes en Atención Primaria, subraya que “no pedimos más dinero”. Su reclamación se centra en evitar los recortes que están provocando la sobrecarga de trabajo: “No se sustituye a nadie (…) y hay que atender a todo el mundo porque nos obligan a tener demora cero”. Además, cuenta que hay sitios en los que se están amortizando plazas, “de modo que si alguien se jubila, ese cupo (los pacientes que ese médico debe atender) se reparte”; y hace asimismo referencia a las zonas rurales, en las que “hay compañeros que están doblando turno, cubriendo la consulta de otro médico por la mañana y en su consulta por la tarde”. La Consejera de Salud, María Jesús Montero afirmó el pasado jueves que su equipo está estudiando actualmente “de qué manera” podrá dar “estabilidad” a los profesionales.

La gente, los pacientes, dan cuenta de esa situación. Solo hay que escuchar las conversaciones en las puertas del centro de salud, los que salen a echar un pitillo a la puerta de urgencias o el ajetreo cotidiano de una planta hospitalaria. Francesca Jiménez padece un lifedema primario, una acumulación de líquido en los tejidos blandos del cuerpo que surge por un fallo del sistema linfático. Su enfermedad es poco frecuente. Su enfermedad exige tratamiento de fisioterapia que les cuesta recibir, “con una lista de espera de más de año”, por lo que muchas pacientes optan por buscarse la atención por su cuenta y desembolsar 30 o 40 euros por sesión. Por lo general, “se sienten alejados de la mano de dios” y aboga por crear “una figura del defensor del paciente por centros u hospitales para que nos sintamos parte del sistema, no solo objeto”. Ella y mucha gente como ella (el linfedema secundario es una consecuencia habitual de la cirugía tras un cáncer de mama) requieren material de compresión, unas mallas elásticas para brazos o piernas. “Hasta ahora teníamos derecho a una prenda anual, pero ya nos las están negando y sabemos que esas prendas pierden su capacidad a partir de los seis meses”.

Pacientes y profesionales comparten una reflexión conjunta: vale la pena defender el sistema, pero para aguantar la situación necesitan sentirse parte del mismo, que se les expliquen las decisiones y que no se abra un abismo entre los gestores sanitarios y la gente. Emilio Domínguez, especialista en oftalmología, acabó el MIR hace unos meses. Aunque ahora ha encontrado trabajo en una clínica privada, es buen defensor y conocedor del ámbito público. Él considera que “hay que escuchar más a los profesionales sanitarios; pero sobre todo hay que escuchar más a los ciudadanos. Los ciudadanos no son seres tontos sobre los cuales se aplican una serie de medidas. A los propios médicos, los de mi generación, se nos ha enseñado que el ciudadano tiene que tomar parte activa, conocer y decidir en las medidas que afectan a su salud”. Puede ser que la información se esté transformando en conocimiento y eso despierta el interés de la gente por entender qué le pasa a su alrededor y qué decisiones se toman sobre su vida y su salud.