El municipio de Santa Fe, área metropolitana de Granada, cuenta con 15.000 habitantes y con el mismo alcalde desde 2003, el socialista Sergio Bueno. Un regidor empeñado en volver a someterse a una elecciones antes de las corrientes de 2015 porque una ex concejal de su partido bloquea todas sus decisiones de Gobierno. Un regidor que ha retirado, in extremis, un ERE municipal tras aplicar un recorte de 1,8 millones de euros por no poder acogerse al plan de pago a proveedores de 2012 y quedar el Ayuntamiento en quiebra técnica.
La situación de Santa Fe es tan compleja que ha llevado a que el alcalde y el primer teniente de alcalde –el también socialista José María Aponte– sean reprobados por su propio pleno municipal en dos ocasiones diferentes. En las municipales de 2011, el PSOE, que hasta entonces había gobernado con mayoría absoluta, empató a 8 concejales con el PP. El único edil de IU dio su apoyo a Bueno en la investidura y empezó a gobernar en minoría. Pero la marcha de una edil socialista, que abandonó el Gobierno, el grupo municipal y el partido, dejó todo en el limbo.
El Pacto Antitransfuguismo impide a esta concejal, Ana Bella Camacho, apoyar un hipotética moción de censura del PP al PSOE, o más bien al PP recibir su voto. El PSOE sigue gobernando pero, aún con los apoyos puntuales de IU, está en minoría cuando Camacho decide apoyar a los populares. Así, entre marzo y junio de 2012 se rechazaron en el pleno municipal tres propuestas de recortes para poder acogerse al primer plan de pago a proveedores.
Bueno proclamó entonces la “quiebra técnica” y solicitó elecciones municipales adelantadas al Consejo de Ministros. Entre tanto, se empezó a cocer un ERE municipal abortado apenas la semana pasada tras anunciar el Consistorio un recorte de 1,8 millones de euros que habría reducido su déficit. Durante los seis meses previos los trabajadores, que para el jueves 11 de abril tenían prevista una marcha a pie desde el municipio hasta la Subdelegación del Gobierno en Granada, llegaron a ofrecer recortarse un cinco por ciento de su sueldo, en bloque, para impedir los 35 despidos previstos.
La suspensión del ERE impidió la marcha protesta –que, por otra parte, fue autorizada desde su puesto en la Subdelegación por el presidente del PP de Santa Fe, Juan Cobo–, una manifestación prevista de más de tres horas que acabó resuelta con una asamblea de trabajadores en la puerta del Ayuntamiento en la que se firmó la paz entre Gobierno municipal y empleados. El PP tachó aquello de “pantomima” de Bueno para ocultar su “nefasta gestión”, que incluye una denuncia por haber intentado “colar” facturas falsas en el nunca aprobado plan de pago a proveedores.
Caso inédito
Las elecciones municipales anticipadas son una posibilidad legal totalmente inédita en Andalucía. El Ayuntamiento fundamenta su petición en la Ley de Bases de Régimen Local. Esta contempla lo que llama, más correctamente, elecciones parciales: una convocatoria que no eliminaría una nueva llamada a las urnas en 2015, ya que la ley es clara y cada cuatro años debe haber elecciones municipales en cualquier caso.
El texto de la Ley, además, recoge que sólo son posibles esos comicios si así lo dispone el Consejo de Ministros en casos de “gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales” por parte de los municipios. El precedente más parecido hay que buscarlo en 2006, cuando se disolvió la corporación de Marbella y se la sustituyó por una gestora. Sin embargo, el de Santa Fe es un caso menos extremo.
Bueno,el alcalde, basaba su petición, además, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la Ley de Régimen Electoral General y en la propia Constitución Española. El Consejo de Ministros nunca ha llegado a responderle y ya se ha pasado su primera fecha solicitada, marzo de 2013. El alcalde santaferino no descarta seguir intentándolo, aunque el tiempo de mandato hasta 2015 se le agota, para que no vuelva a darse la paradoja de un regidor al que la mayoría de su propio pleno no quiere y en el que la oposición es la que aprueba ordenanzas.