No le han servido al sector de la discapacidad y la dependencia en Andalucía los argumentos expuestos el pasado 11 de septiembre por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el encuentro mantenido en el Palacio de San Temo con los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro han dicho basta y acaban de aprobar un calendario de movilizaciones porque, financieramente, “la situación es preocupante”, dice Marta Castillo, presidenta de CERMI, en declaraciones a elDiario.es Andalucía, tras presidir este lunes la asamblea del comité.
La imposibilidad de subsistir económicamente aparejaría, según se desprende de las manifestaciones de Castillo, el cierre de algunos servicios que se vienen prestando a las 700.000 personas con discapacidad residentes en Andalucía si las entidades no pueden costearlos. A la “situación de déficit” que tienen “muchos centros”, lamenta Castillo, le augura un futuro aún más incierto: “Nos estamos acercando a una situación muy grave para las personas con discapacidad en Andalucía”.
La clave está, efectivamente, en que el sector no se va a poder sostenerse desde el punto de vista económico, según vienen alertando. Se trata de una vieja reivindicación, pero que ya no aguanta más para que las entidades lleven a cabo una correcta prestación de servicios concertados y no concertados (subvencionados) con la administración andaluza. Moreno alabó públicamente al sector aunque soliviantó a sus representantes cuando en aquella reunión dijo que tenía que ser “realista” y que no podía atender las reivindicaciones que vienen denunciando porque el Gobierno de Andalucía está “al tope de sus capacidades financieras” en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales.
Moreno lo dijo en un contexto de contienda política por la financiación autonómica, a rebufo del pacto fiscal entre el PSOE y los independentistas catalanes que se viene arrastrando desde hace muchas semanas. Desde aquel lamento ha pasado un mes y el presidente andaluz ha anunciado en este tiempo una nueva rebaja fiscal para la compra y el alquiler de vivienda para jóvenes y, la semana pasada, la gratuidad de las escuelas infantiles para alumnos de dos a tres años.
“El sistema no funciona y lo peor es que de esto están haciendo un relato político”, resume otra fuente del sector. “Las plazas de centros de día no se cubren. La Junta nos está dando largas de todo tipo. Es la ruina para nosotros. Nos acreditan plazas y después no las conciertan pese a que hay demanda. Hay un tapón administrativo y la situación es muy delicada. Hay familias que llevan esperando desde 2022. El Gobierno quiere generar desesperación para que se vayan a la privada”, apuntan desde la dirección de un centro para personas con discapacidad en Sevilla. La situación afecta a las asociaciones y entidades del sector de la discapacidad, pero también a los centros de día, de mayores o de gestión ocupacional.
La Junta viene presumiendo de que ha logrado subir el coste/plaza después de haber estado “varios años congelado en la etapa del PSOE”. Dicha subida para este año es de un 4,5%, retroactiva desde el 1 de mayo (no desde el 1 de enero, algo que también molestó en el sector) en el precio de la plaza concertada y conveniada en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia.
Las entidades insisten en que eso no va a ser suficiente para poder asumir el año que viene, principalmente, las subidas salariales a los trabajadores obligadas por convenio y que se sitúa en torno a un 12% como resultado de la suma de los IPC de los tres últimos años, entre otras cuestiones. También exigen para su supervivencia que la subida coste/plaza no se actualice con base en la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades reales de atención por parte de las entidades. Además, solicitan un sistema automático de actualización de los precios de los servicios a partir de un estudio de “los costes reales” de los mismos.
¿Por qué se moviliza ahora al unísono el sector por una mejor financiación pública para sufragar los centros que atienden a las 700.000 personas con discapacidad residentes en Andalucía? “El 1 de enero está aquí ya y ahora se están elaborando los presupuestos”, dice la presidenta de CERMI, que aglutina a las 18 entidades andaluzas más representativas de la discapacidad que gestionan nada menos que 562 centros en la comunidad autónoma. “Queremos realizar acciones de reivindicación para expresar y visibilizar una situación muy delicada ante la Junta pero también ante la sociedad en su conjunto, porque algunos servicios para las personas con discapacidad tendrán que dejar de prestarse o prestarse menos”, advierte Castillo, que alerta también de la situación en los centros de atención infantil temprana.
La presidenta de CERMI informa de una inminente rueda de prensa para explicar un calendario concreto de movilizaciones, que tendrá como primera parada una serie de concentraciones durante este mes de octubre en cada una de las sedes de las entidades “para visualizar” la situación. A ello le seguirán movilizaciones provinciales “de todo el movimiento asociativo” con la esperanza de que el Gobierno de Moreno atienda las reivindicaciones, que se resumen en un aumento de la financiación a las entidades del sector de la discapacidad, tanto en el coste/plaza como en los presupuestos de las convocatorias de subvenciones por parte de la Consejería de Inclusión Social. De lo contrario, prevén una gran manifestación en San Telmo el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, algo a lo que nunca ha llegado el sector.
Moreno, al hilo de la pelea política, viene reclamando al Gobierno de España que llegue al 50% de la financiación de la dependencia en la comunidad andaluza “como lo hace en otras comunidades autónomas”. Andalucía, en contra de lo expuesto por la propia consejera, Loles López, fue la comunidad que recibió en 2023 un porcentaje mayor de las asignaciones (18,74%), seguido de Catalunya (13%) y Madrid (12,67%). La Junta, por otro lado, defiende el nuevo modelo de gestión de la dependencia que está implantando en Andalucía pese a que sube la espera y caen las prestaciones.
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