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El sector andaluz de la vivienda turística dice que el nuevo decreto “no es un cheque en blanco” a los ayuntamientos

Reunión del consejero de Turismo, Arturo Bernal, con representantes de la industria turística

Inmaculada Calahorro

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Dos días después de la aprobación del nuevo de nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico en Andalucía, y a tan solo un día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, se ha reunido con los distintos representantes del sector para analizar sus puntos fuertes. De esta forma, Bernal recalca que el “consenso y el diálogo” entre todas las partes implicadas es la clave de un decreto que no solo busca perseguir el alquiler ilegal sino también “mejorar la calidad en favor de la principal actividad económica que tenemos en este país, que es el turismo”.

Bernal ha comparecido junto al presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Juan Zapata; el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, y el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez, entidades con las que se ha desarrollado la negociación del texto en el último año. Al encuentro en Sevilla han asistido, además, el presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, José Feria, e Ibán Larrasa, por parte de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal.

Uno de los puntos novedosos de este decreto frente a regulaciones anteriores es que otorga a los ayuntamientos la potestad legal de ajustar sus ordenamientos en función de sus necesidades, limitando el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. De este modo, algunos ayuntamientos, como es el caso del de Sevilla, ya ha anunciado que la semana que viene dará los primeros pasos para limitar los pisos turísticos en zonas de la ciudad, especialmente sobredimensionadas por este tipo de oferta de alojamiento turístico. Es el caso de barrios como el de Santa Cruz, donde los propios vecinos han alertado de la presión que este tipo de pisos ejerce en el día a día de los residentes.

“Nuestros objetivos pasan por la ordenación, la calidad de la oferta turística de alojamientos y la conciliación de una actividad económica con la normal convivencia de vecinos y vecinas de cualquiera de los municipios andaluces”, ha dicho el consejero. En este sentido, Bernal ha asegurado que los cuerpos técnicos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte estarán en contacto directo con los ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para darle soporte técnico.

Carlos Pérez, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, por su parte sostiene que esa delegación de competencias a los ayuntamientos “no va a ser un cheque en blanco”, sino que tendrán que justificar razonablemente estas iniciativas de limitar o ampliar las viviendas de uso turístico.

Asimismo, recalca este representante del sector que otra de las novedades que introduce el decreto para garantizar los derechos de los usuarios es recoger la figura legal de la empresa explotadora que hasta ahora no existía con el objetivo de profesionalizar la actividad y que exista una respuesta ante posibles reclamaciones: “se trata de profesionalizar el sector”. “Este decreto aborda con mayor eficacia y coordinación los retos de la regulación de las viviendas de uso turístico y refleja la evolución de la jurisprudencia y la experiencia positiva de las normas que otras comunidades autónomas han aprobado en los últimos años”, ha comentado.

El decreto no tendrá efectos retroactivos hasta el primer año de su aplicación

Uno de los puntos más cuestionados de este decreto era si este tendría carácter retroactivo para los propietarios que ya tenían adaptada su vivienda a las exigencias anteriores. Ante esa cuestión, Bernal afirma que los propietarios tendrán un año para realizar estas adaptaciones. Entre estos nuevos requerimientos se incluye un mínimo de 14 metros cuadrados por plaza, con un máximo de 15 plazas por vivienda completa y de seis cuando lo que se oferten sean habitaciones. Además, deberán tener dos baños si el piso tiene más de cinco plazas, y se regula asimismo el equipamiento y los enseres mínimos en lo que respecta a baño, cocina y ropa de cama.

En esta línea, Pérez afirma que se tratará de alinear las viviendas de alquiler turístico con las exigencias de los turistas a fin de mantener el posicionamiento turístico mundial de la comunidad: “Andalucía ha sido el tercer destino más importante de Europa en 2022, por encima de países como Portugal y Croacia”.

Bernal reconoce que pese a que el decreto recoja una delegación significativa de competencias a los ayuntamientos, la competencia inspectora continuará siendo de la Junta. Sin embargo, reconoce que la coordinación con las distintas administraciones permitirá reforzar el control físico con un control informático, lo que les permitirá un mayor contraste de los datos.

Respaldo de los administradores de fincas

De su lado, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) valora “muy positivamente” el nuevo decreto. Su presidente, José Feria, asegura que la nueva regulación supone “un salto cualitativo y necesario que redundará en beneficio de los consumidores y usuarios de este tipo de alojamientos”.

Feria recalca que esta norma supone además un mayor respaldo legislativo a las funciones de los Administradores de Fincas Colegiados en materia de asesoramiento, tanto a usuarios como a propietarios de este tipo de viviendas que “ayudará a los profesionales a conseguir la convivencia pacífica y conciliadora en la comunidad de vecinos, así como el respeto mutuo por los derechos de propietarios y de usuarios de estas viviendas turísticas”.

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