INVESTIGACIÓN
El Gobierno andaluz adjudicó el pasado junio 110,9 millones de euros a hospitales privados en siete de las ocho provincias para derivar a cientos de pacientes en listas de espera para operarse en un plazo de seis meses. El 80% de esos concursos a dedo –negociados sin publicidad– se lo han repartido seis grandes complejos hospitalarios privados de Andalucía: Grupo Quirón; HLA (Asisa); Viamed; Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Son las mismas empresas que ya se beneficiaron del 80,96% de los contratos de emergencia que la Junta adjudicó a dedo entre 2021 y 2023, acogiéndose al marco legal de la pandemia ya derogado, y que están siendo investigados por un juzgado de Sevilla en una causa a la que se acaba de sumar la Fiscalía Anticorrupción.
Esas seis empresas privadas se hicieron cargo, de manera individual, de miles de pacientes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les derivó a resultas de contratos a dedo con cada una de ellas. Finalizados esos contratos, ahora vuelven a repartirse el 80% de las licitaciones, pero esta vez lo hacen conformando grandes UTE (Unión Temporal de Empresas) que, en la práctica, suprimen la libre competencia, impidiendo un abaratamiento de los precios y el ahorro para las arcas públicas que habría supuesto una subasta en abierto, con publicidad y concurrencia.
Cuatro años después de la pandemia, el SAS mantiene en todas las provincias, excepto en Málaga, un procedimiento de contratación excepcional (a dedo) con clínicas privadas que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para situaciones “imprevisibles” y de “imperiosa urgencia”. El Gobierno de Juan Manuel Moreno lo usa para tratar de embridar las listas de espera de pacientes para operarse, la segunda más alta de España, con una demora media de 169 días.
Lo que cambió el SAS a principios de este año fue la fórmula de adjudicación a dedo: se pasó del contrato de emergencia, que prorrogó entre 2021 y junio de 2023 (lo canceló cuando elDiario.es Andalucía informó que estaban amparándose en un Real Decreto derogado) al contrato negociado sin publicidad, que autorizó el pasado febrero.
En los seis meses intermedios, la Junta anunció, diseñó y metió en un cajón unos Acuerdos Marco para volver al procedimiento ordinario en abierto, con publicidad, concurrencia competitiva y más controles internos, y tratar de homogeneizar y poner orden en la contratación con la sanidad privada.
Los contratos negociados sin publicidad también son una figura para situaciones excepcionales de urgencia, que la ley permite solo si existe “una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, según el artículo 168.b de la Ley de Contratos del Sector Público.
En la memoria justificativa del SAS que acompaña a los expedientes de estos nuevos contratos, la Junta justifica el uso de esta fórmula en la necesidad de recortar las “altas listas de espera quirúrgica” –200.000 pacientes con una demora media de 169 días, según los datos de octubre publicados por el Ministerio de Sanidad–, una situación, dice, “derivada de la pandemia de Covid–19”.
El SAS ya usó este mismo argumento para prorrogar los contratos de emergencia y la fragmentación de miles de contratos menores en 2021, pese a que la Intervención General de la Junta lo desestimó alegando que en 2021 “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y la Administración ya podía haber previsto la situación para volver al procedimiento de contratación ordinaria. De hecho, se está haciendo en paralelo a la adjudicación a dedo, como demuestran las contrataciones en abierto que retomó el SAS en Málaga desde finales de 2021.
Las últimas derivaciones de pacientes a la sanidad privada también son contratos a dedo , pero en este caso, la Administración andaluza “ha invitado” a todas las empresas del sector en cada provincia a concursar por la licitación. Sin embargo, esa “invitación” choca con tres muros que dejan fuera a más del 90% de los aspirantes: los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas y que aparecen en el pliego de condiciones (recursos tecnológicos, plantilla, etc.); el tiempo récord en el que deben realizar las operaciones derivadas (seis meses) y, sobre todo, la división en lotes de operaciones.
El SAS agrupa muchos lotes de intervenciones muy distintas en el mismo paquete, dificultando que una empresa especializada en un área, léase Oftalmología, concurse por un lote donde se mezcla prótesis de cadera, de rodilla, cataratas, operación del pie, de columna, de construcción mamaria postmastectomía, de piedras en el riñón, una hernia de hiato, una intervención dermatológica o unas hemorroides.
En la práctica, lo que ha ocurrido es que las adjudicatarias de los contratos negociados sin publicidad han resultado ser las mismas que en el anterior procedimiento de contratación a dedo (por la vía de emergencia), como constatan los siete expedientes del SAS en las provincias consultados por este periódico.
Seis grandes grupos sanitarios de Andalucía fueron los principales beneficiarios de los contratos de emergencia del SAS entre 2021 y 2023, acaparando 150,8 millones de euros, el 80,96% de los 186,2 millones adjudicados a dedo en ese periodo. Y esas mismas empresas siguen siendo, a día de hoy, las primeras adjudicatarias de los contratos negociados firmados por el SAS hace unos meses, y con el mismo margen de beneficio: 98 millones de euros, el 80% de los 110,9 millones adjudicados entre los meses de mayo y junio.
La diferencia es que los seis grandes grupos hospitalarios privados recibieron aquellos contratos de emergencia de manera individual, y ahora han conformado distintas UTE para acceder a la licitación de cada provincia, a pesar de que cada una de esas grandes empresas, de forma individual, acredita la capacidad y la solvencia que exige el pliego de condiciones para acceder a la licitación de estos contratos.
¿Por qué una multinacional como Quirón, con una facturación anual de casi 5.000 millones de euros, y que ya ha sido adjudicataria a título individual de un contrato de emergencia para operar rodillas, se une ahora al Grupo HLA (Asisa), que factura 1.700 euros al año y también viene de lograr un contrato a dedo para realizar otras intervenciones quirúrgicas por sus propios medios?
Este periódico trasladó la semana pasada varias preguntas por escrito al SAS: cómo se fijaron los precios de las intervenciones, o si detectaron alguna anomalía en el hecho de que empresas que, por volumen de negocio, ya habían recibido el encargo de la Junta para operar a pacientes de la pública de manera individual, se alíen ahora con otras grandes firmas para acceder a las nuevas licitaciones.
De hecho, cuando la Junta publica el Acuerdo Marco con las condiciones generales para la contratación en abierto de operaciones quirúrgicas con varias empresas sanitarias privadas, estos seis complejos hospitalarios aparecen en la lista de empresas licitadoras a título individual, no en UTE. En total son 56 las empresas privadas de toda Andalucía que se presentaron a ese concurso público que la Junta nunca llegó a ejecutar, porque volvió a la adjudicación a dedo.
Oficialmente, el SAS ha rehusado aclarar estas cuestiones a elDiario.es Andalucía, pero una fuente próxima a la actual dirección de la Consejería de Salud reconoce que al hacer uniones de empresas “para evitar competir entre sí”, “todas se garantizan un reparto del pastel y que ninguna va a denunciar a la otra”, y admite que eso “ha podido tener un impacto en la fijación de precios, que no se han abaratado todo lo que podrían haberlo hecho”.
Las empresas consultadas por elDiario.es Andalucía aseguran en líneas generales que se trata de “una cuestión de operatividad dirigida a responder de la mejor manera a las necesidades y expectativas de los pacientes”, según fuentes de HLA. “En algunos casos participamos de manera individual y en otras optamos por una UTE cuando entendemos que la colaboración con otra empresa nos permite optimizar recursos, combinar capacidades y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio”, añaden esas fuentes.
Desde Viamed aseguran que “difícilmente” podrían asumir por sí solos el número de intervenciones que se contemplaban en estas contrataciones. “El pliego daba la posibilidad de presentarnos en UTE y así lo hicimos”, recuerdan con el argumento de que “por capacidad no podíamos, no tanto por las instalaciones sanitarias sino porque la dotación médica no es tan relevante” y “además está sujeta a posibles incompatibilidades” de los profesionales que trabajan en la pública y en la privada.
Desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios inciden en que se trataba de “unas cifras muy grandes de intervenciones y en un plazo tan pequeño” que “por eso concurrieron bajo UTE distintos operadores de salud de Andalucía”. “Era una actividad muy grande en poco tiempo. Ese fue el motivo por el que se concurrió como UTE”, dicen fuentes de la orden religiosa.
Por su parte, desde los grupos Quirón y Vithas trasladan a este periódico que “no tienen ningún comentario que hacer” al respecto. Cruz Roja responde que “dadas las últimas noticias publicadas sobre la investigación en curso de los contratos de emergencia sanitarios, consideramos que debemos mantenernos al margen y no hacer ningún comentario al respecto”.
Sea como sea, la consecuencia práctica es que la libre competencia en la licitación de estos contratos negociados se restringió mucho y, como resultado, el margen de ahorro para las arcas públicas ha sido residual. En la mayoría de las provincias, el importe de licitación –el precio que el SAS puso a cada lote de operaciones quirúrgicas– se corresponde con el importe de adjudicación porque, al haberse unido las grandes empresas que podrían haber competido entre sí, no ha habido ofertas a la baja significativas y, por tanto, apenas se ha reducido el precio de salida.
En Almería, por ejemplo, salieron a concurso 24 lotes de intervenciones quirúrgicas por un importe de licitación total de 17.014.693,45 euros. El SAS abre la invitación a todas las empresas de la provincia, pero todos terminan adjudicados a una misma UTE –formada ad hoc entre el Grupo Vithas y el Grupo HLA– por un coste final de 17.010.224,75 euros, es decir, un 0,026% inferior al precio de salida (14.000 euros menos). Entre 2021 y 2023, la Junta de Andalucía adjudicó a dedo a estas dos empresas, por separado, contratos para realizar intervenciones quirúrgicas por valor de ocho y 4,2 millones de euros respectivamente.
En Huelva, según ha comprobado este periódico, se ofertan 24 lotes de operaciones por un importe de licitación de 13,2 millones y solamente se presenta una oferta por todos ellos (excepto cuatro que quedan desiertos). La única adjudicataria es la UTE que forman la Clínica Los Naranjos (Grupo HLA) y el Grupo Quirón. Al no haber más competencia, el precio final de adjudicación apenas varía: 12,87 millones, un 1% inferior (400.000 euros menos).
De los 170 lotes de operaciones en los que el SAS dividió la licitación de los contratos en las siete provincias, las UTE formadas por algunas de estas seis empresas privadas se quedaron con casi el 90%. Los concursos han sido especialmente beneficiosos para el grupo HLA (Asisa), por el que fichó el exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, tres meses después de su cese.
Los hospitales de Asisa forman parte de varias UTE que han acaparado 110 lotes, esto es, el 55,78% del total: 64,6 millones de euros para seis meses. Precisamente Guzmán es uno de los dos directivos del SAS contra quien se dirige la querella del PSOE que investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto de prevaricación administrativa, el único delito, de los cuatro que denuncia el PSOE, que el juez ha admitido investigar, en una causa a la que se acaba de incorporar la Fiscalía Anticorrupción.
Otro de los factores que ha dificultado la libre competencia es el formato en el que han salido a la venta. Por ejemplo, en Huelva, el SAS ha sacado a concurso varios lotes de operaciones agrupados en un mismo paquete, de modo que las empresas interesadas estaban obligadas a presentar una oferta por todo el paquete, y no por lotes sueltos.
En Almería, por ejemplo, el Hospital Virgen de Lorca S.A. fue excluido por postularse sólo para dos lotes de una agrupación de tres. En Huelva, el SAS ha metido en el mismo paquete intervenciones tan distintas como una sustitución de cadera, fisioterapia, artroscopia, cataratas y circuncisión.
Una clínica oftalmológica, por ejemplo, no ha podido concurrir al lote de operación de cataratas porque estaba obligada a ofertar por el resto de lotes, y esto ha redundado en beneficio de la UTE formada por dos grandes hospitales.
Sevilla es la única provincia donde las empresas que han concurrido por los contratos negociados sí presentaron ofertas atractivas que generaron competencia y, en consecuencia, un ahorro para la administración en el precio final de adjudicación (con rebajas de hasta un 23,3% en algunos casos).
El SAS ofertó aquí 25 lotes por un importe de salida de 38,2 millones, pero terminó adjudicándolos por 31,5 millones, ahorrándose 6,67 millones. Se presentaron cinco empresas y cuatro UTE –tres formadas por Quirón, HLA y Viamed y otra constituida por Vithas, Cruz Roja y la Orden de San Juan de Dios–. Las cinco empresas fueron excluidas y las distintas UTE no compiten entre sí por los mismos lotes.
La reducción económica media en la contratación pública de la Junta de Andalucía –entre el precio de salida y el precio de adjudicación– ronda entre el 12 y el 15% en licitaciones de servicios, un ahorro que repercute en las arcas públicas.
En la memoria del ejercicio 2022, se registraron 5.520 contratos y la bajada media en el importe de adjudicación fue del 11,75% incluyendo contratos en abierto, restringidos y negociados sin publicidad. Estos últimos –se firmaron 447– registran una reducción media muy inferior, del 0,69%, mientras que los contratos abiertos –2.852– se beneficiaron de un ahorro medio del 14,06%.
Con la excepción de Sevilla, en el resto de provincias las rebajas en el precio de adjudicación de los contratos negociados están muy por debajo de la reducción económica media que se da en los contratos ordinarios en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.
Málaga es la única provincia donde están implantados estos procedimientos –volvió a la contratación en abierto cuando el resto siguió prorrogando la adjudicación de emergencia a dedo–. En 2021, las rebajas medias superaron el 10%, aun siendo las tarifas de entonces inferiores a las actuales.
Que el 80% de las licitaciones públicas destinadas a reducir la lista de espera de pacientes para operarse recaiga en los seis mismos grupos hospitalarios que recibieron, a dedo, los contratos de emergencia para realizar las mismas o similares intervenciones quirúrgicas es “anómalo”, según varios expertos en contratación pública del ámbito sanitario consultados por este periódico.
La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 150.1, advierte contra posibles “conductas colusorias” o anticompetitivas en el procedimiento de contratación en tramitación. Cuando existe la sospecha que dos o más empresas cierra un acuerdo de forma clandestina con objeto de defraudar a la Administración, en este caso, supuestamente para repartirse el mercado de los contratos negociados en las siete provincias, suprimiendo la competencia entre ellas y limitando así la rebaja en el precio de adjudicación.
El artículo 69.2 de la citada ley dice, en referencia a las UTE: “Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 150.1”.
Y dicho artículo establece: “Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente con el fin de que, en el plazo de 20 días hábiles, emita un informe sobre el carácter fundado o no de tales indicios”.
La denuncia por prácticas anticompetitivas suele partir bien de una empresa que se considera damnificada, bien por la propia Administración y el órgano de contratación, o bien de oficio por la CNMC. Este último órgano estatal acaba de desarrollar un sistema de inteligencia artificial que detecta en tiempo récord prácticas anticompetitivas, que motivan la apertura de una investigación interna.
Desde el organismo regulador, adscrito al Ministerio de Economía del Gobierno de España, no aclaran si se ha incoado la apertura de un expediente en relación a la concentración del 80% de los contratos negociados en las mismas seis empresas sanitarias que ya acapararon la misma cifra de contratos de emergencia en el pasado. El tiempo que tarda la CNMC en notificar una investigación de este tipo varía en función del objeto investigado.
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