“Es impensable que un Gobierno no cumpla sus leyes democráticas. Parece mentira pero eso es lo que está pasando en Andalucía y en España”. Con estas palabras, José Manuel García, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas 'Andalucía Republicana', ha dado por iniciada la vía judicial para que la Junta dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017. Dos años y ochos meses después, el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene 70 días para desarrollar su cumplimiento o será demandada en los tribunales de justicia.
En la mañana de este miércoles, un grupo de miembros de las plataformas unitarias y organizaciones republicanas han registrado un requerimiento para que la Junta de Andalucía dicte la Orden por la que se constituya el comité técnico encargado de elaborar la relación de los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados y/o eliminados en la comunidad autónoma. Con dicha relación en su mano, la Junta deberá comunicar a los particulares que pudieran verse afectados para que procedan a su eliminación y, en caso de incumplimiento, se proceda a la misma por parte de la Junta de Andalucía. La ley prevé, para el caso de que esta retirada o eliminación no se produzca de manera voluntaria, la obligación de la Consejería competente de incoar de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.
Respecto a esos “elementos contrarios a la memoria histórica, el escrito dirigido a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, destaca la presencia de la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en ”un lugar de honor“ de la basílica de La Macarena de Sevilla, algo que ”contribuye a la exaltación, conmemoración y enaltecimiento del golpe militar del 36 y supone una afrenta a la dignidad de las víctimas y de la ciudadanía en general“.
La coordinadora republicana, asesorada jurídicamente por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, argumenta en su escrito que “la dimensión criminal de Queipo de Llano está plenamente acreditada y documentada por la investigación historiográfica de las últimas décadas. Jefe militar de Andalucía del golpe de Estado fascista contra la Segunda República española, firmó el ilegal Bando de Guerra de 18 de julio de 1936 que dio pretexto, bajo sus órdenes, para el asesinato masivo de decenas de miles de personas por toda la geografía andaluza, sin más excusa que su adscripción política. Según el Derecho Internacional, es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Sin noticias del comité técnico
El escrito, en todo caso, hace alusión en general a que el Gobierno de la Junta de Andalucía “incumple de manera grave y continuada con los preceptos generales de la Ley” ya que, entre otras cuestiones, “no ha desarrollado los reglamentos oportunos para su puesta en práctica, desoyendo el mandato impuesto en la propia norma, así como la obligación constitucional de actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Más en concreto, “no se ha dictado Orden alguna de su Gobierno para constituir el comité técnico encargado de elaborar la relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados” y “no se ha dictado Orden alguna de su Gobierno que determine la composición y reglas de funcionamiento de dicho comité técnico”. En consecuencia, la Junta “no ha mostrado voluntad de determinar cuáles son los elementos contrarios a la Memoria Democrática que no han sido retirados o eliminados voluntariamente en el ámbito andaluz” y tampoco ha mostrado voluntad de “comunicar a las personas titulares de esos elementos contrarios a la Memoria Democrática que continúan incurriendo en flagrante incumplimiento de la Ley”.
Lo que dice la Ley de memoria
La ley andaluza de memoria, cabe recordarlo, en el artículo 32.1 dice que la exhibición pública de elementos “en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las Víctimas”, estableciendo que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”, disponiendo para ello de un plazo de 12 meses, según se desprende de la Disposición Adicional Segunda de la Ley.
Cabe recordar también que eldiario.es Andalucía publicó un informe jurídico de la Junta que en 2017 cuestionaba que la tumba del general golpista fuera un elemento contrario a la Memoria. “La primera competencia de la Junta sería la de crear el citado comité técnico (...) para elaborar la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria (...) y notificar a las personas titulares de dichos elementos su incumplimiento de la norma y su obligación de retirarlos o eliminarlos”, decía aquel informe, que daba a entender que una tumba, aún siendo la de un militar fascista, puede que no entrara dentro de la definición que la ley hace de “elementos contrarios a la Memoria Histórica que deben ser retirados o eliminados”. El anterior Ejecutivo socialista redactó el decreto para regular el citado comité de expertos y lo envió al Consejo Consultivo para su aprobación, pero PP y Ciudadanos lo retiraron al llegar al poder antes de que éste lo valorase.
Tres vías de actuación
Máximo de Santos, miembro de la coordinadora, ha expuesto que la tumba de Queipo de Llano supone “una ofensa al pueblo andaluz y a la legalidad” mientras la Junta “sigue sin crear la comisión de expertos para dar cumplimiento a la ley” y mientras “existe una extrema derecha cada vez más pujante que, además, pone en duda la ley de memoria”. “La Junta es cada vez más sensible a las exigencias de Vox”, ha destacado.
Por su parte, Luis Naranjo, que fue el primer director general de Memoria Democrática con el PSOE en el Gobierno e impulsor de la mencionada ley, ha recordado las alocuciones de Queipo contra las mujeres andaluzas, lamentando el “incumplimiento flagrante de la ley” y pidiendo que se cree un Estatuto de Víctimas del Franquismo porque se trata de “un déficit de la democracia española”. Juan Morillo, portavoz de la Plataforma Gambogaz, ha mostrado su “apoyo” a la iniciativa de la coordinadora mientras que Luis González, también presente junto a Eva Oliva, concejal de Adelante Sevilla, ha tachado la presencia en la Macarena de Queipo como “un insulto a los 9.000 fusilados en Sevilla y a sus familias”.
Como ha señalado José Manuel García, haber registrado el requerimiento supone el inicio de la vía judicial contencioso-administrativa, “la más importante”, pero existen otras dos vías “complementarias” ante el Ayuntamiento de Sevilla y el Defensor del Pueblo Andaluz, como ya informó eldiario.es Andalucía. A ese respecto ha señalado el portavoz que el próximo martes solicitarán sendas reuniones con el alcalde, Juan Espadas (PSOE), y Jesús Maeztu para que “abran expedientes” en este sentido. El Consistorio hispalense, de acuerdo a la ley estatal de memoria, podría catalogar la tumba de Queipo como “vestigio” franquista para sacarlo de la Macarena.